La nueva cárcel de máxima seguridad será diseñada para alojar a 300 presos de alta peligrosidad. Se buscará un modelo disciplinario nunca visto en el país. El Ministerio del Interior planea que la prisión se construya en el predio del Penal de Libertad. Hay diferentes visiones en cuanto a uniformar o no a los allí recluidos.
Son las 7 de la mañana del 23 de junio de 2020. Estoy terminando de escribir este artículo sobre la nueva Cárcel de Máxima Seguridad. Miro el almanaque y reconozco la fecha. Sé que es una fecha importante. Por alguna razón repaso mis apuntes. Por fin me doy cuenta. Hoy hace exactamente un año que se fugó de la ex Cárcel Central, el italiano Rocco Morabito. Hace un año que el peligroso narco que estaba esperando ser extraditado a Italia, se burló de las autoridades del momento.
El 3 de setiembre de 2017 la noticia recorrió el mundo. En Uruguay habían capturado a Rocco Morabito, el llamado “rey de la cocaína”, tras haber estado 23 años prófugo.
Morabito cayó en un hotel de Montevideo, donde se alojaba mientras buscaba apartamento tras separarse de su esposa. Su detención permitió establecer que el caponarco había ingresado al país en 2004 con documentación brasileña, que luego le permitió hacerse de documentos uruguayos. Se hacía llamar Francisco Antonio Capeletto Souza.
Vivió en Maldonado, en el exclusivo barrio Beverly Hills de Punta del Este y se dedicaba a la producción agropecuaria en terrenos arrendados.
El nombre de Rocco Morabito volvería a recorrer el mundo y nuestro país otra vez iba a estar en la mira. El 23 de junio de 2019, el peligroso narco escapó de la ex Cárcel Central en compañía de Ezequiel Díaz, Matías Acosta y Leonardo Sinopoli. Solo Rocco permanece prófugo y la Fiscalía aún investiga un posible acto de corrupción en la huida de los delincuentes. Si bien hubo renuncias, suspensiones, sumarios y una investigación interna todavía en curso, la Justicia no se expidió.
Al pensar en una Cárcel de Máxima Seguridad, es inevitable recordar el escape de uno de los criminales más buscados de Italia y considerado uno de los mayores capos de la droga en Europa.
¿Se hubiera escapado el italiano de nuestro País si existiera una Cárcel de Máxima Seguridad?
No solo una cuestión de vestimenta
Mientras el Gobierno planifica la creación de una cárcel segura, el debate se instala. Todas estas prisiones identifican a los reclusos con uniformes que tienen números en el pecho y la espalda. Jorge Larrañaga no está de acuerdo con uniformar a la población carcelaria, y el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario Juan Miguel Petit entiende que “sería inapropiado porque coloca al preso en el lugar de preso”.
Las autoridades no están de acuerdo con implementar un “requisito básico y fundamental” en estas prisiones. Para el experto en temas de seguridad Edward Holfman, uniformar a los reclusos “está en la tapa del libro”.
Estos establecimientos, “fueron pensados para jefes criminales, acostumbrados a manejar todo a su alrededor”, incluso estando en prisión.
Son cárceles con un régimen estricto. El prisionero pasa la mayoría del tiempo encerrado en su celda, en soledad. Todo el tiempo es vigilado por cámaras de seguridad, y la mínima violación de las normas internas es castigada.
El especialista, dijo a La Mañana que en estos centros “todo está diseñado para que el preso cumpla su condena totalmente aislado”. Por lo general “come, se baña y satisface sus necesidades fisiológicas sin salir de la celda”, aclaró.
Quien piensa en una Cárcel de Máxima Seguridad, no puede dejar pasar por alto el uniforme de los privados de libertad. Verde, gris y naranja. Estamos acostumbrados a ver en las cárceles extranjeras a los reclusos ordenados, utilizando uniformes con número durante toda su condena.
Esta medida ha marcado por décadas los recintos penitenciarios del mundo, especialmente en Estados Unidos.
Jamás ha sido aplicado en Uruguay. Ya sea por razones humanitarias, culturales o económicas, los presos uruguayos pueden conservar sus ropas al momento de ser condenados y durante todo el cumplimiento de su sentencia.
“Pensar en una Cárcel de Máxima Seguridad, sin uniformar a la población, sería una locura”, dijo Holfman. Sin embargo, las autoridades tienen diferentes visiones sobre la medida.
A noviembre de 2019, el sistema carcelario uruguayo tenía 11.574 presos, unos 328 cada 100.000 habitantes. Al tope entre los países de América Latina con más internos.
La Mañana consultó al comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, en primer lugar sobre la necesidad del nuevo establecimiento. Petit dijo que no conoce los detalles, pero “en principio se necesita. Máxima seguridad también significa máxima intervención técnica”, sostuvo.
Al ser consultado sobre el uniforme de la población carcelaria, dijo que no está de acuerdo. “Puede ser inapropiado porque coloca al preso en el lugar de preso, o sea, va a tener ropa de privado de libertad, y justamente lo que se trata es que la persona tenga el rol de ciudadano, que se prepare para instalarse en la vida abierta”.
“Es un tema que se ha debatido y se debate muchas veces, pero yo creo que no. Otra cosa es si se le facilitan ropa, que la persona pueda tener su ropa, elegir el color de la misma por ejemplo”.
Petit habló esta semana sobre el creciente número de privados de libertad en el País. Dijo a Montevideo Portal que “no hemos encontrado el modelo para atender dramas sociales muy profundos que terminan en una transgresión penal, el delito, y que pueden tener otras maneras de rendición de cuentas que la cárcel. ¿Dónde se fabrican buena parte de las trasgresiones? Por un lado, en ámbitos con malas condiciones de crianza y pobreza, deserción educativa, ruptura familiar, abandono, problemas de salud mental, adicciones. Esa es una fuente”, dijo el jerarca.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, tampoco está de acuerdo ni tiene en mente uniformar a los privados de libertad de la nueva cárcel.
Aislar a los más peligrosos
Para el Gobierno, la creación de un nuevo centro penitenciario, es fundamental para “combatir de manera frontal la delincuencia, al narcotráfico y bajar los niveles de impunidad criminal”.
La nueva cárcel será la prisión más segura del País y estará pensada y diseñada para recluir a “largo plazo” a los presos más peligrosos, considerados “una gran amenaza para la seguridad pública”.
Uno de los problemas más complejos que atraviesa el sistema carcelario, además de las pésimas condiciones de aislamiento, es que los peligrosos delincuentes, continúan operando desde la prisión. Manejan sus negocios y hasta ordenan ataques.
La administración de Jorge Larrañaga no está dispuesta a ninguna fuga de presos. De hecho, ni bien asumió la cartera, el propio ministro ordenó reforzar los protocolos de seguridad. Pero tampoco está dispuesta a aceptar que los peligrosos narcos y sus socios en prisión, sigan manejando las organizaciones delictivas.
Es por eso que las autoridades entienden que “el centro de máxima seguridad es necesario”.
“Es una posibilidad de que se construya en el predio del Penal de Libertad, que tiene 300 hectáreas”, dijo el ministro del Interior Jorge Larrañaga a La Mañana.
Señaló que ya ordenó diferentes estudios para establecer de qué manera se construirá. “Antes tenemos que hacer mini cárceles, refaccionar otras del interior del País, y mejorar el sistema carcelario que es malo”, señaló el secretario de Estado.
Este jueves, el ministro del Interior será recibido por la comisión para el seguimiento carcelario bicameral. Según supo La Mañana, presentará un informe actual de las cárceles.
Con la nueva prisión en el horizonte, indudablemente se instala el debate. Los especialistas entienden que el uniforme dentro de ese tipo de prisiones, “es esencial”, y las autoridades tienen diferentes opiniones.
¿Qué dicen las reglas Nelson Mandela?
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 17 de diciembre de 2015 una resolución que establece Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Son las llamadas “Reglas Nelson Mandela”.
Se trata de un conjunto de 122 reglas que revisan e incorporan nuevos conceptos a las antiguas normas de Naciones Unidas sobre esta materia, de 1955.
En el capítulo uno de la regla 19, que refiere a ropas y cama, se señala textualmente que “todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá ropa apropiada para el clima y suficiente para mantenerse en buena salud. Dicha ropa no podrá ser en modo alguno degradante ni humillante”.
Las autoridades estiman que a finales de 2020, habrá 13.000 personas privadas de libertad en Uruguay.
El capítulo dos dice que “toda la ropa se mantendrá limpia y en buen estado. La ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para cuidar la higiene”.
El tercer punto agrega que “en circunstancias excepcionales, cuando el recluso salga del establecimiento penitenciario para fines autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o algún otro vestido que no llame la atención”.
Una alta fuente del Poder Ejecutivo consultada al respecto, dijo que “perfectamente se podría disponer el uso de un uniforme penitenciario”.
“Las reglas Nelson Mandela son muy claras”, señaló. “Si el uniforme no es discriminatorio no hay problemas”.
“Legalmente no hay ningún obstáculo, podría ser un mameluco adecuado”. De igual manera, dejó en claro que “será una decisión de las autoridades penitenciarias, innovar en esa materia”.
Una realidad acuciante
Uruguay tendrá que volver a dar otro debate nacional. De qué forma funcionará el nuevo centro penitenciario. ¿Cuál será el mensaje para los peligrosos delincuentes que allí serán alojados?
Las prisiones seguras, llamadas cárceles de máxima seguridad, “impiden el contacto con el mundo exterior”. Apenas se tiene contacto con el personal, todo es monitoreado a través de circuitos cerrados, con estrictos controles de acceso. Además cada pocos días, se rota la guardia.
A noviembre de 2019, el sistema carcelario uruguayo tenía 11.574 presos, unos 328 cada 100.000 habitantes. Al tope entre los países de América Latina con más internos.
En 2019 se registraron 31 muertes violentas dentro del sistema carcelario. La cifra más alta desde que existe registro.
Las autoridades estiman que a finales de 2020, habrá 13.000 personas privadas de libertad en Uruguay.