Dándole a los trabajadores una oportunidad de competir
El capital siempre ha sido gravado con menos impuestos que el trabajo en Estados Unidos. En mi propia investigación con Andrea Manera del MIT y Pascual Restrepo de la Universidad de Boston, estimamos que el impuesto efectivo sobre el trabajo en los años 80 y 90 era de alrededor del 25%, lo que significaba que costaba 1,25 dólares pagar a un empleado 1 dólar. En cambio, el impuesto efectivo sobre el capital era sólo de alrededor del 15%. Esta situación solo empeoró desde entonces, ya que los impuestos efectivos sobre el capital han disminuido.
Esta asimetría fiscal entre el capital y el trabajo, que comenzó en la década de 1980, aumentó la desigualdad de ingresos y distorsionó las decisiones de inversión y empleo. Hoy, las consecuencias son aún más graves porque se ha ampliado la gama de tecnologías que las empresas pueden utilizar para automatizar sus operaciones. ¿Cómo hemos llegado a tener políticas fiscales que alimentan abiertamente la desigualdad y cuestan puestos de trabajo? Para empezar, las grandes corporaciones se han vuelto más poderosas políticamente en las últimas décadas, no solo influyendo sobre los legisladores, sino que a menudo incluso redactando ellos mismos la legislación.
Daron Acemoglu, Project Syndicate
Los peligros de una recuperación mundial a dos velocidades
En las economías avanzadas, la combinación de aumento del gasto público y rebajas de impuestos durante la crisis de la COVID‑19 ha rondado en promedio el 13% del PIB, a lo que se suma otro 12% en provisión de préstamos y garantías. En cambio, esa misma combinación en las economías emergentes llegó a alrededor del 4% del PIB, y la provisión de préstamos y garantías suma otro 3%. Las cifras comparables en los países de bajos ingresos son 1,5% del PIB en apoyo fiscal directo y casi nada en garantías.
En vísperas de la crisis financiera de 2008, las economías emergentes tenían balances relativamente sólidos en comparación con los países desarrollados. Pero esta crisis las encontró con una carga de deuda pública y privada muy superior, lo que las torna mucho más vulnerables. Si no fuera por los tipos de interés casi nulos de las economías avanzadas, muchos de esos países tendrían graves problemas. Aunque por ahora la inflación se mantenga en niveles obstinadamente bajos, una explosión de demanda suficiente puede provocar un alza que obligue a la Fed a subir los tipos de interés antes de lo planeado. Las repercusiones de esa decisión en los mercados de activos separarán al fuerte del débil y afectarán sobre todo a los mercados emergentes.
Kenneth Rogoff, en Project Syndicate
Ningún país desarrollado adoptó únicamente políticas liberales
La pretensión de extender hasta 30 años la vigencia de la ley de promoción agropecuaria en el Perú no podía ser defendida desde una perspectiva liberal. La presunción habitual al debatir temas como ese en nuestra región es que los países desarrollados adquirieron esa condición a través de la adopción de una política económica liberal. Pero históricamente eso no es del todo cierto: al margen de lo que uno piense de ellas, todos los países desarrollados apelaron en algún pasaje de su historia a políticas proteccionistas o intervencionistas. Así como en el siglo XVIII el Reino Unido era un país proteccionista, también lo fue Estados Unidos entre el siglo XIX y mediados del XX. El origen del argumento en favor de proteger a la industria naciente hasta que alcance competitividad internacional, por ejemplo, no es la CEPAL o la teoría de la dependencia. Ese argumento fue concebido por el primer secretario del Tesoro de EE.UU., Alexander Hamilton, en un informe presentado ante el Congreso de su país en 1791. Y si bien el proteccionismo comercial entre países desarrollados comenzó a reducirse significativamente tras la Segunda Guerra Mundial, fue reemplazado por otras formas de intervención del Estado en la economía, como los subsidios agropecuarios o las denominadas políticas industriales. Ejemplo de estas últimas son dos controversias entre Estados Unidos y la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), en las que ambos se acusan de brindar a sus respectivas industrias aeronáuticas subsidios que violan las reglas del comercio internacional (en favor de Boeing, en el caso de EE.UU., y de Airbus, en el caso de la UE): la paradoja es que la instancia de apelaciones de esa entidad le dio la razón a ambos (es decir, ambos violaron las normas de liberalización comercial de la OMC).
Farid Kahhat, en El Comercio de Perú
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