Las exdirectoras de Sumarios y Jurídica de Inau podrían ser denunciadas penalmente por ocultar archivos, entre ellos hay casos que involucran investigaciones por maltrato a menores.
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau) podría denunciar penalmente a la exdirectora de Sumarios y a su superior inmediata, la exdirectora de Jurídica, por el ocultamiento de 171 expedientes de sumarios e investigaciones administrativas, donde se incluía el maltrato a menores.
Los hechos se inician a mediados del año pasado, al jubilarse la directora del departamento de Sumarios, lo que ocurre pocos días después de asumir el nuevo directorio. Cuando ingresa quien ocuparía su cargo, se encontró en la oficina con un armario donde había 171 expedientes que estaban sin tramitar, algunos desde 2013.
Entre los expedientes sin trámite hay desde procedimientos disciplinarios que pueden terminar en una amonestación simple, hasta casos de maltratos de menores en los hogares o de sumarios por robos de mercaderías o insumos. Ninguno de estos está finalizado. Muchos de ellos tienen la instrucción realizada por el investigador con los detalles del caso, donde se sugiere ampliar la investigación o sancionar al involucrado. La directora de Sumarios los recibió, pero no les dio trámite que hubiera consistido en elevarlos a la Dirección de Jurídica. Optó por dejarlos en un armario.
“La mayoría de estos casos han quedado impunes porque prescribió la capacidad sancionatoria”, dijo el vicepresidente del Inau, Aldo Velázquez. Aclaró que esto se da especialmente en investigaciones de falta de mercaderías, donde a los cinco años prescribe el caso. En otros, en los que aún no existe la prescripción, se dan problemas para continuar la investigación porque muchas personas no trabajan en los mismos lugares y otras se fueron del organismo. En casos más graves como maltratos, muchos de los niños ya cumplieron la mayoría de edad y no están dentro del Inau, lo que puede complicar volver a tomar la investigación.
En declaraciones a La Mañana, Velázquez manifestó que llamó la atención que el Directorio de Inau autorizara a la exdirectora de Sumarios a jubilarse el 17 de julio de 2020, para hacer efectivo el retiro el 30 de julio. La autorización fue dictada en la última sesión del Directorio que se retiraba. Dos días después, el 19, asumían las nuevas autoridades.
El actual director por Cabildo Abierto recordó que para jubilarse un funcionario público no debe tener iniciado ningún sumario. En el caso de esta directora, al tener retenidos 171 expedientes (correspondiente a igual número de funcionarios), se le debería haber iniciado una investigación administrativa con un posterior sumario, lo cual hubiera impedido su jubilación. De ahí que se desprende la premura del caso para autorizarle el retiro 48 horas antes de que asumieran las nuevas autoridades.
Otro hecho a destacar: en el expediente sobre la jubilación se señala que la funcionaria tenía 50 días de licencia sin tomar, por lo cual se resuelve pagárselos, cuando la norma indica que debía tomarse esos días para después jubilarse.
De Inau a Inisa
Quien por ese entonces era la directora de Jurídica Notarial, Andrea Venosa, también era la superior inmediata de la directora de Sumarios, siendo la encargada de controlar la cantidad de expedientes que se manejaban. Venosa actualmente es directora de Inisa en representación del Frente Amplio. En declaraciones al diario El País, aseguró que al dejar su cargo para asumir en Inisa, en abril de 2020, un informe de inspección señaló que “absolutamente todos los expedientes estaban al día”.
Consultado al respecto de estas declaraciones, el vicepresidente de Inau, manifestó que “si sabía o no que estaban esos expedientes encajonados, lo tendrá que determinar una investigación que analice la situación. Pero no creo que no lo supiera. Por ejemplo, yo como director sé los sumarios que tenemos en curso, por lo cual es difícil que la directora de Jurídica no los conociera y si fuera así, no estaría desempeñando correctamente su cargo”.
Velázquez aclaró que se están analizando los documentos descubiertos para ver si en algunos casos amerita una denuncia penal contra los involucrados, y también contra la directora de Sumarios por haber ocultado los hechos que estaban aconteciendo dentro del Inau. También se desea conocer si la exdirectora de Jurídica tiene algún tipo de responsabilidad administrativa y penal, principalmente en los casos que involucran el maltrato a menores. En la actualidad hay cerca de 100 procedimientos administrativos que investigan a funcionarios por supuestas faltas.
Un sumario archivado
Otro caso sobre el cual podría existir novedades en las próximas semanas tiene relación con un sumario nunca realizado y que involucra el asesinato de una menor. Los hechos se remontan a dos años atrás, cuando una menor de 14 años es enviada por la Justicia a un hogar de Inau en Treinta y Tres debido a que estaba siendo explotada sexualmente por una red de prostitución. La directora de dicho hogar, junto con el director departamental del instituto, deciden entregarla a su familia y a los pocos días aparece asesinada.
Según Velázquez, el instructor de la investigación administrativa realizó un informe donde concluyó que había que sumariar tanto a la directora del centro como al director departamental. Acotó que estos hechos sucedieron en la anterior administración. “Ese expediente llegó a la Dirección General y la directora de dicha repartición efectuó un informe contrario al sumario y archivó el expediente. El instructor del caso, al enterarse de esta situación, envió una carta al actual Directorio para informar cómo habían sido los hechos. Ante mi solicitud se les archivó ese expediente, pero no he logrado que se continúe con el sumario, a pesar de que lo he solicitado varias veces”, dijo.
La directora del hogar involucrado sigue en el mismo cargo y el director departamental fue trasladado a Montevideo y designado director de Adopciones.
Investigación por tickets
El vicepresidente de Inau, adelantó a La Mañana que si no responde a la brevedad cómo fueron distribuidos una serie de tickets alimentación para familias beneficiarias del plan Caif, solicitará una investigación administrativa.
En enero, como una manera de reforzar los ingresos de estas familias y debido a que los Caif estuvieron cerrados, se decidió entregar por cada niño un ticket alimentación valor 1.100 pesos. Velázquez solicitó que se le informara quiénes debían recibir este beneficio y a cuántas familias había llegado. “Estamos en mayo y no logro que me entreguen las planillas con los nombres de quienes recibieron esos tickets, que se han repartido tanto por la institución como por organizaciones con las cuales se tiene convenio” dijo Velázquez.
También señaló que el año pasado se rescindieron, bajo el actual Directorio, ocho convenios a una organización (Centro de Participación Popular) los cuales fueron otorgados a otras asociaciones civiles. “Fueron designaciones directas votadas por el presidente Pablo Abdala y la directora Natalia Argenzio (Frente Amplio). Yo voté en contra y ahora busco que se realice un llamado abierto a todas las organizaciones interesadas, porque esas designaciones, según se dijo, eran temporales”, manifestó Velázquez.
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