Un grupo de expertos convocado por el presidente Emmanuel Macron presentó el mes pasado sus recomendaciones para preparar la economía francesa al mundo pospandemia. Los expertos indican entre otras cosas la necesidad de reducir la burocracia, simplificar el sistema fiscal y adaptar el mundo del trabajo a las disrupciones tecnológicas
Macrón no perdió tiempo. Apenas se inició la pandemia, convocó una comisión internacional de economistas liderada por Jean Tirole, premio Nobel de Economía, y el ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard. Este grupo trabajó durante poco más de un año con la consigna de evaluar los desafíos a más largo plazo y formular propuestas de políticas. El resultado del trabajo de la comisión fue publicado el mes pasado.
Una de las principales recomendaciones que surgen del estudio es que el Estado francés promueva políticas activas para apoyar a los individuos en las diferentes instancias de su vida económica. Desde luego esto implica igualar el acceso a una educación de calidad, pero según los expertos, también es necesario revisar los pilares centrales del Estado de bienestar, de manera tal que se tomen en consideración los cambios que afectan al mundo del trabajo y las consecuencias de la globalización. Esto incluye la red de seguridad social y el régimen de tributación progresiva. El informe también recomienda que el Estado garantice un suministro adecuado de bienes, un aspecto que en las últimas décadas había sido dejado casi enteramente en manos del mercado, pero que la pandemia demostró que en algunos casos fue un error.
Pero quizás el mensaje central del informe es que debe mejorarse la comunicación y el relacionamiento entre los diferentes niveles de gobierno y las empresas, así como entre el gobierno y sus ciudadanos. En efecto, esto contribuirá a llegar a los acuerdos necesarios que permitan garantizar la creación de puestos de trabajo productivos, coordinando las políticas laborales e industriales con la participación de las empresas y los trabajadores. Esta coordinación marca un punto de partida con el “enfoque tradicional” impuesto en las décadas que siguieron al fin de la Guerra Fría, y que recomendaba abordar las agendas productivas y redistributivas con herramientas de políticas independientes. Por el contrario, el comité de expertos plantea un enfoque conjunto, reconociendo que el problema del crecimiento económico y el del empleo son dos dimensiones de una misma realidad.
Para los expertos, las políticas de redistribución no son efectivas si no contribuyen a generar empleos. Para ello sugieren que sean complementadas con la creación de empleos para aquellos ciudadanos que se encuentran en la parte media y baja de la escala de ingresos. En efecto, ampliar el acceso a empleos de mayor calidad contribuye directamente a una mayor productividad, lo que redunda en mayor crecimiento para la economía en su conjunto. Entre las medidas concretas que proponen, se encuentra descentralizar los órganos estatales de promoción empresarial, de modo que cubran más adecuadamente las necesidades específicas de cada región del territorio, asistiendo a las empresas locales de la mejora de su productividad.
Entre las medidas para mejorar el ingreso al mercado de trabajo y la capacitación, los expertos piden fomentar la introducción y difusión del aprendizaje por medio de programas y organizaciones que empoderan a los trabajadores (en base a trabajo en equipo; desarrollo de capacidades cognitivas, habilidades sociales; autonomía y aprendizaje continuo de los trabajadores) para reemplazar a otros modelos.
En lo que refiere a las políticas fiscales, proponen revisar el régimen tributario imperante, con el fin de comprobar si existen incentivos excesivos para la inversión en automatización, o si de alguna forma el régimen tributario tiene un sesgo hacia este tipo de inversión, promoviendo la destrucción de puestos de trabajo, en lugar de fomentarlos. Según los expertos, en muchos países la carga fiscal se ha desplazado del capital al trabajo, un fenómeno que va asociado al agravamiento de las desigualdades, y que contribuye a la rigidez y polarización del mercado laboral, fenómeno que exacerba las tensiones sociales. Esto es consecuencia en gran parte del fenómeno de la globalización y de la mayor movilidad de capitales y empresas, que fomenta una competencia por atraer inversiones que redunda en mayor automatización y menor recaudación para los Estados. Esto es una pérdida doble, ya que por un lado los países pierden empleos, por otro pierden la capacidad de asistir a los desempleados con fondos estatales.
Es una realidad que el COVID nos ha puesto a prueba como economías y como sociedades, paralizando repentinamente la actividad, y provocando incertidumbre y presiones sobre sistemas fiscales que ya venían seriamente deteriorados. Pero pensar en el futuro es fundamental, y como ha ocurrido tantas veces en la historia, Francia está marcando un camino posible.
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