El senador Guido Manini Ríos dijo que son “buenas” las declaraciones del ministro de Defensa, Javier García, sobre la reparación a las familias de las víctimas de la guerrilla, y recordó que en diciembre Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley sobre el tema. Los dichos del ministro “pueden marcar que ahora sí haya disposición a tratar ese proyecto”, comentó.
El miércoles 21 el ministro Javier García dijo que “corresponde una reparación económica para las víctimas o las familias de quienes fueron víctimas de la guerrilla” y fundamentó que “los derechos humanos se defienden integralmente, no es que hay derechos humanos para unos y no los haya para otros”.
En declaraciones a radio El Espectador recordó que se votó, y a él le tocó hacerlo porque era legislador cuando se trató el tema en el Parlamento, la reparación para víctimas de la dictadura. “Ahora por disposición legal tenemos reparaciones económicas para víctimas o familiares de las víctimas de la dictadura”, con lo cual el Estado se “hace cargo de las circunstancias que se habían vivido”.
“También hubo víctimas de las guerrillas y de los grupos armados y yo creo que corresponde una reparación económica para las familias de quienes fueron víctimas de la guerrilla”, subrayó, y defendió el concepto de la “concepción integral de los derechos humanos”.
“Es una buena señal” hablar de estos temas
El jueves 21 el senador Manini Ríos fue consultado sobre las declaraciones de García y dijo que son “buenas”.
Agregó que en diciembre pasado presentó un proyecto “para la reparación de las víctimas de las organizaciones que atentaron contra la democracia en los años 60 y 70”, el cual “lleva varios meses y no ha sido tratado porque siempre hubo otras prioridades a pesar de que estamos insistiendo que se trate”.
Por tanto “son buenas estas declaraciones del ministro García porque puede marcar que ahora sí haya disposición a tratar este proyecto que creemos va a traer justicia, y que no solo busca reparación económica, también busca reparación histórica, incluye que se erijan memoriales al respecto en lugares donde hubo hechos o fueron escenarios de enfrentamientos, así como agregar en los textos de estudio el testimonio de las víctimas de esas organizaciones”.
“Creemos que es una buena señal que se hable de esto, que se esté dispuesto a apoyar, y esperamos que el proyecto que presentamos en diciembre sea tratado a la brevedad y traiga justicia, lo que es impostergable”, concluyó el senador.
El proyecto de ley de Cabildo Abierto
El proyecto de ley al que se refiere el senador Manini Ríos busca reparar a las víctimas de actos violentos cometidos por “bandas o grupos armados de carácter ideológico” entre el 1° de enero de 1962 al 31 de diciembre de 1976, y prevé que Estado asuma “como suya la responsabilidad de reparar moral, social y económicamente a las víctimas” directas o indirectas.
La reparación moral consiste en “la construcción de uno o varios memoriales dirigidos a las víctimas que enaltezcan y visibilicen su consideración como tales, sean estas civiles, militares o policiales”.
En cuanto a la reparación social, el proyecto establece que se “deberán adecuar los programas, libros de texto y todo recurso educativo abierto referidos a la temática en cuestión, a los efectos de darle cabida al relato de las víctimas o de sus herederos, cónyuges o concubinos supérstites acerca de sus vivencias respecto del acaecimiento de los hechos o actos que dieron origen a su calidad”.
Sobre las reparaciones económicas propone diferentes cuantificaciones en las indemnizaciones o pensiones que pueden ir desde las 100.000 unidades indexadas “por menoscabo de un derecho” hasta las 500.000 unidades indexadas por única vez o una pensión especial de 10.000 unidades indexadas “por fallecimiento”.
Además, se crea “la Comisión para la Reparación de las Víctimas de Bandas o Grupos Armados de Carácter Ideológico, la que funcionará en la órbita de la Presidencia de la República” y tendrá como cometido “atender y dar por probadas las calidades de los beneficiarios”.
Dicha Comisión estará integrada por cinco delegados: dos delegados del Poder Ejecutivo a propuesta de las víctimas y/o sus herederos cónyuges o concubinos supérstites, un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, otro del Banco de Previsión Social y del Ministerio de Educación y Cultura.
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