El Ministerio de Agricultura español informó sobre un proyecto de ley que inicia el debate sobre el desperdicio de alimentos y la forma de evitarlo. La iniciativa tiene antecedentes en Italia y Francia, y se espera que esté vigente en enero de 2023.
En el mundo más de 800 millones de personas padece subalimentación en el mundo, una situación que el COVID-19 agravó por la precariedad en la que viven las poblaciones más pobres.
Según datos difundidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a nivel global, entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo humano se pierde o desperdicia, lo que equivale a 1.300 millones de toneladas de alimentos (30% de los cereales, 40% de las raíces, frutas, hortalizas y semillas oleaginosas, el 20% de la carne y lácteos, y el 35 % de los pescados), volumen que sería suficiente para alimentar a 2.000 millones de personas.
Aunque se usen indistintamente, los conceptos de “pérdida” y “desperdicio” de alimentos, son diferentes.
Al referir a “pérdidas de alimentos”, se trata de productos aptos para el consumo humano que se pierden en las fases de producción, poscosecha, almacenamiento o transporte, en tanto que el “desperdicio de alimentos” refiere a las pérdidas derivadas de la decisión de desechar los alimentos que todavía tienen valor y se asocia principalmente con el comportamiento de los vendedores mayoristas y minoristas, servicios de venta de comida y consumidores.
Estimaciones de la FAO indican que “el 6% de las pérdidas mundiales de alimentos se dan en América Latina y el Caribe y cada año la región pierde y/o desperdicia alrededor del 15% de sus alimentos disponibles, a pesar de que 47 millones de sus habitantes aún viven día a día con hambre”.
El proyecto de ley español
Con el objetivo de tomar conciencia, Naciones Unidas designó 2021 como Año Internacional de las Frutas y Verduras, y el 29 de setiembre como Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, pero tanto el año como el día no parecen calar en la conciencia de la sociedad.
Sin embargo, en el mundo comienzan a hacerse cosas concretas para atender la problemática. España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, promueve una norma para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumidor final. La iniciativa española no es pionera en Europa ya que Italia y Francia ya poseen normas similares.
“No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura”, reflexionó el ministro de Agricultura español, Luis Planas, y en base a esa premisa el Consejo de Ministros aprobó este mes el proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una iniciativa “concebida para producir una drástica reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos”, expresó la Secretaría de Estado en un comunicado.
Según Planas, la ley trata de remediar un triple problema, primero el ahorro económico y segundo medio ambiental, porque tirar alimentos es “un desperdicio del trabajo de agricultores y ganaderos, de los medios naturales empleados para producirlos, del consumo de recursos como suelo o el agua, y de emisiones a la atmósfera que se producen”. Planas ha asegurado que “los sistemas agroalimentarios deben ser sostenibles y evolucionar hacia una economía circular”.
El tercer problema es de tipo ético y moral frente a los millones de personas que pasan hambre en el mundo.
Jerarquías de prioridades de uso
El proyecto de ley tiene 15 artículos con los que se busca establecer buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos, para lo cual determina actuaciones en toda la cadena alimentaria e instaura jerarquías de prioridades de uso.
La primera de esas jerarquías es la utilización de los productos para la alimentación humana, a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos de los alimentos que por alguna razón otras instituciones como supermercados, hoteles, etc., no utilizan. Este punto requiere de un registro de organizaciones receptoras y pautas claras sobre las condiciones de recogida, almacenamiento, transporte y selección de alimentos, entre otros aspectos.
Los alimentos que se donen deberán tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y uso seguro a sus destinatarios finales. Se debe garantizar la trazabilidad de los productos donados.
El segundo orden de jerarquía es el de uso de alimentos no vendidos pero en condiciones óptimas de consumo y transformación en jugos, mermeladas, dulces, etc.
En caso de que no sean aptos para el consumo humano, deben ser utilizados en la alimentación animal, obtención de compost para uso agrario, biogás u otro tipo de combustible.
Es imprescindible que los comercios que por algún motivo (por ejemplo su aspecto) desechan frutas o verduras en buen estado dispongan de instalaciones adecuadas y formación de personal para que los procesos de manipulación, almacenamiento (incluso cadena de frío) y transporte sean adecuados.
También se atienden los productos con fecha vencida, los que en caso de estar aptos deberán presentarse al consumidor separados del resto y a precios inferiores, o destinarse a la donación.
Por otra parte, se incentivará el consumo de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los mismos, dice la norma que ingresará ahora en una etapa de discusión.
Se busca también involucrar a varios organismos públicos en el cumplimiento de la ley a partir de que ésta sea puesta en vigor, siendo el 1° de enero de 2023 la fecha prevista.
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