El año pasado, luego de la irrupción de la pandemia, la construcción fue de los pocos sectores que creció –aunque moderadamente-. Las expectativas para esta industria son positivas, pero existe preocupación sobre el futuro del empleo en el rubro una vez que termine la obra de UPM 2, que hoy implica un 20% de la ocupación, según dijo O’Neill en diálogo con La Mañana. Por otro lado, el ejecutivo planteó que se le deberían implementar cambios al mecanismo de las PPP (Participación Público-Privada).
¿Cuál es el nivel de empleo actual en la construcción? ¿Ya se pasó el pico de UPM 2?
Los datos del BPS los tenemos con un rezago de tres meses, el último es de junio. La información indica que venimos creciendo mes a mes, y que la ocupación está por encima de la del año pasado. Estamos arriba de los 47.500 de personal directo de obra, pero yo estimo que en setiembre llegamos a los 49.000. De esa ocupación, aproximadamente el 20% se concentra entre UPM 2 y todas las obras conexas, es decir, las que están fuera de la planta, la terminal portuaria de celulosa en el Puerto de Montevideo y el Ferrocarril Central.
¿Qué pasará con el empleo en el sector una vez que se acabe la obra? ¿Qué proyectos existen en carpeta que puedan sustituir esa baja?
Esa es una inquietud que tenemos en el sector, naturalmente. En este momento las obras de edificación, vivienda, están con un empuje importante, pero no es suficiente para sustituir todo lo que estos dos grandes proyectos vienen impulsando. En ese sentido, hace un tiempo venimos insistiendo en que sería bueno que, más allá de la inversión pública que está prevista en la Ley de Presupuesto –que es bastante moderada por las razones que todos sabemos-, se busquen alternativas para financiar más obra pública y así poder mantener este nivel de actividad y empleo.
¿Cómo viene la obra del Ferrocarril Central? ¿En qué etapa se encuentra?
Esa obra está prácticamente en el 50%. Tuvo una ampliación de plazo contractual que llevará su finalización a mayo de 2023, por todas las dificultades que hubo en las expropiaciones, que eran muchas más de las que estaba previsto, así como el movimiento de suelos, que era bastante más importante de lo que se estimaba.
¿Qué opina del mecanismo de las PPP? ¿Ha implicado un abaratamiento o un encarecimiento de los costos para el Estado?
Nosotros, a través del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción, hicimos un estudio que se llamó “Lecciones aprendidas” sobre las PPP, que tiene una serie de recomendaciones. Las críticas que se le hacen a ese sistema son dos. Por un lado, que es muy lento, tiene mucha burocracia, muchos actores intervinientes, lo que hace que los plazos entre la licitación y el inicio de las obras sean muy largos –en general, de varios años-. Por otro lado, se dice que el financiamiento es caro.
En cuanto a la demora, indudablemente hay mejoras que el gobierno debería hacerle al instrumento, que permitirían reducir los plazos. En lo que respecta al financiamiento, hay una serie de cosas que se pueden hacer. También hay que ver cuando se dice que es caro, si a los proyectos PPP no se los puso en un estándar muy alto, o sea, que quizás sean obras de más calidad que las que se hacen con otros procedimientos.
De todas maneras, la herramienta se usa en todo el mundo, es interesante y tiene virtudes, por ejemplo, cómo se transfiere el riesgo del sector privado, cómo se registra contablemente, entre otras. Entonces, en la medida en que se mejore la instrumentación, pensamos que no hay que descartarla.
Para la duplicación de la ruta 5 el gobierno escogió un mecanismo más ágil. ¿En qué está la obra? ¿Se llegará a tiempo a la finalización de la construcción de UPM 2?
No, la doble vía no va a estar habilitada para cuando empiece a operar la planta de UPM 2. Capaz que pueda estar terminado algún tramo, porque la idea entre Canelones y Durazno es hacerla en cuatro tramos distintos –con cuatro empresas diferentes-, entonces, quizás algún tramo llegue, no creo, pero todos, seguro que no. Se estima que UPM 2 esté entrando en funcionamiento dentro de un año, y las obras de la ruta 5 todavía ni empezaron, por tanto, es muy difícil que se puedan llevar a cabo en el tiempo que queda.
Ahí se van a usar instrumentos nuevos cuyos últimos detalles se están ajustando en el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía y la Corporación Nacional para el Desarrollo, que son los contratos Cremaf (Contrato de Rehabilitación, Mantenimiento y Financiación), que van a tener una forma de financiamiento como una PPP corta.
La obra de la línea de transmisión de alta tensión entre Tacuarembó y Salto fue asignada por UTE a una empresa china. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Subcontratarán empresas locales o construirán directamente?
No tengo información al respecto. Supongo que alguna subcontratación va a haber, pero allí también había un tema de precio, es decir, estaban con importes muy bajos en comparación con las otras ofertas, por ende, sospecho que deben tener dificultades para subcontratar empresas nacionales.
¿No había empresas locales con capacidad de hacer la obra?
Sí, absolutamente, pero el adjudicatario es una empresa china de propiedad estatal y ella es la que tiene que tomar las decisiones de cómo la ejecuta.
El sector de la construcción no ha sido de los más perjudicados por la pandemia, pero, de todos modos, ha tenido sus complicaciones. ¿Cómo han sobrellevado la situación?
Sobre fines de marzo de 2020 acordamos una licencia especial, porque había mucho desconocimiento, temor, y había gente que abandonaba el puesto de trabajo para quedarse en su casa. Se acordó una licencia que fue entre el 24 de marzo y el 5 de abril. Allí comenzaba la Semana de Turismo, que es licencia reglamentaria de la construcción, por lo cual las obras quedaron detenidas algo más de dos semanas. Volvimos a la actividad el 13 de abril y trabajamos en forma ininterrumpida.
Durante el año pasado la curva de contagios estuvo muy contenida, incluso cuando se disparó, que fue desde fin de año hasta mayo de este año. Si bien en la construcción hubo casos, como los hubo en toda la sociedad, eran operarios que se contagiaban en su vida intrafamiliar o social, y no tuvimos ninguna obra que fuese un foco de contagio. Trabajamos en una cuasi normalidad durante todo este período, con un protocolo que permitió que no se produjeran contagios masivos a la interna de las obras.
Además, la construcción con ese nivel de actividad en 2020 fue el único sector que creció, aunque moderadamente: un 1,8%. En el primer semestre de este año tuvimos un crecimiento del 8,8%, así que hemos sido un sector pujante y dinamizador de la economía.
¿Cuáles son las perspectivas para los próximos años?
En lo que respecta a inversión privada que tiene que ver con la vivienda, vamos a tener un buen dinamismo, pero en cuanto a la inversión privada de tipo productivo, al terminar UPM, no hay nada a la vista que vaya a sustituir semejante inversión. Igualmente, somos optimistas en que la situación general del país, los valores de los commodities y demás, generarán un buen dinamismo en ese sector.
Lo que está más flaco es lo que tiene que ver con la inversión pública, como decía, y hemos planteado que se considere la posibilidad de ampliarla a través de financiamientos alternativos. Algún proyecto ya apareció, como el fideicomiso de los asentamientos en la Rendición de Cuentas o los contratos Cremaf de las obras viales, pero esperamos que pueda profundizarse el camino.
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