Entre las medidas anunciadas por el gobierno para fomentar la actividad turística, se agregó hace unas semanas la oferta de vacunas contra covid-19 a todo turista extranjero que ingrese al país a partir del 1º de noviembre. Esta es una medida no solo simpática para el turista, sino también muy deseable desde el punto de vista sanitario.
Si hasta ahora la provisión de vacunas a la población residente entraba claramente dentro de la definición de un bien público –que ameritaba su provisión y financiación por parte del Estado–, vacunar a no residentes lo aleja un poco en la dirección de la provisión de un bien privado. Decimos esto porque el Estado podría perfectamente proveer la vacuna cobrando el costo, el cual sería imposible de evitar para quien desee ingresar a nuestro país, quien debería incorporarlo a su cálculo de costos por ingresar.
Creo que siendo el turismo uno de los sectores más afectados por la pandemia, esta medida de apoyo al sector es bienvenida y demuestra proactividad por parte del Gobierno. Sin embargo, tratándose de un bien privado, entiendo que llegó el momento de que la ciudadanía conozca los costos que el Estado asume en proveer la vacuna. Si hay algo que el Estado no puede hacer es proveer bienes privados sin que sepamos a ciencia cierta su costo. Ese es el camino de Alur.
Jaime Buchanan
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