Como es sabido, en las últimas semanas el debate político ha tenido como uno de sus temas principales el proyecto de ley presentado por el diputado Rafael Menéndez para regular la expansión permanente de la forestación en el país. Una cuestión, que lejos de ser un capricho como de forma malintencionada se ha querido sugerir por parte de algunas voces, es ya una necesidad incluso de defensa de la propia soberanía nacional teniendo en cuenta los impactos sociales y económicos que genera el crecimiento desenfrenado de esta actividad en el medio rural.
Hablar del avance de la forestación es hablar entre otras cosas del despoblamiento de la campaña, de un éxodo cada vez mayor de pequeños productores hacia las ciudades, donde terminan habitando en los cinturones urbanos y se ven sometidos a las penurias del empleo precario. Es que se les vuelve imposible competir en el arrendamiento de las tierras frente a las grandes multinacionales de la forestación, las que a partir de su enorme capacidad financiera acaparan cada vez más hectáreas sin ningún tipo de obstáculos. Así, los productores nacionales nada pueden hacer frente a estos gigantes del sector forestal y frente a los fondos de inversión involucrados en el negocio.
En los datos oficiales, este fenómeno se puede observar de manera clara: entre el censo del año 2000 y el de 2011, las explotaciones agropecuarias de menos de 20 hectáreas cayeron de 20.464 a 12.089, casi 8.400 menos. También bajaron, aunque en menor porcentaje, los de 20 a 50 hectáreas: pasaron de 15.581 a 12.613. En la suma, las explotaciones productivas menores a 50 hectáreas bajaron en 10 mil unidades: de 29,4 a 19,5 mil.
Esto es preocupante y hay que prevenir que la tendencia se siga incrementando si se quiere evitar que la propiedad de la tierra en nuestro país sea monopolizada por grandes empresas extranjeras, ya que el 90% de los productores agropecuarios del país tienen menos de 1000 hectáreas.
Monocultivo forestal
Por otro lado, la dotación de suelo productivo en el país obviamente es finita, se trata de un recurso limitado por el cual compiten las distintas actividades productivas. Por este motivo es que la ley forestal original previó una dotación de suelos de prioridad forestal en las cuales desarrollar esta actividad para no perjudicar otras actividades productivas. Sin embargo, en los últimos años el avance de la forestación se ha dado de forma tal que se están forestando una cantidad importante de hectáreas que están por fuera de los suelos de prioridad forestal, lo cual va en desmedro de actividades fundamentales para el tejido productivo nacional. Principalmente este impacto negativo se da en la agricultura o en la ganadería familiar y últimamente también en la lechería, con el avance de la forestación en la cuenca lechera del país. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto de ley fundamental en la defensa de los pequeños y medianos productores nacionales y en la protección del tejido productivo nacional, en actividades que emplean a cientos de trabajadores uruguayos. Pero si incluso todo esto no fuese suficiente como para apoyar la iniciativa, también se vuelve fundamental controlar el avance de la actividad forestal para enfrentar de mejor manera adversidades climáticas como el déficit hídrico que se vive este año y la ola de incendios forestales que han asolado a varias partes del territorio. Existe amplia bibliografía sobre los graves impactos que las plantaciones a gran escala de eucaliptos tienen sobre el agua, ya que el principal efecto ambiental de este árbol es su fuerte uso del agua del suelo. Se pueden encontrar múltiples testimonios de distintas partes del país sobre cómo en las zonas en las que existen monocultivos forestales se han secado los pozos de agua de agricultores locales, se han secado humedales y ha bajado el nivel de los cursos de agua de la zona.
Si nos detenemos a analizar todos estos impactos, cuesta entender cómo esta iniciativa no fue apoyada por unanimidad por quienes aparecen como representantes nacionales. Es más, no solo que no ha existido tal apoyo unánime, sino que su discusión ha sido motivo de varios entredichos, de declaraciones de prensa en las que se expresaron falsedades e incluso de varios intentos de desacreditación hacia sus impulsores. Siendo que este proyecto es tan importante en la defensa de recursos estratégicos para el país y en particular en la protección de nuestros medianos y pequeños productores quienes se ven amenazados en su propia existencia, uno habría esperado que fuese recibido de brazos abiertos, pero lejos de esto, terminó derivando en la instancia del veto presidencial. Frente a esta situación cabe preguntarse a quiénes representan en realidad aquellos que aparecen como nuestros representantes nacionales y a qué intereses responden. Por lo pronto, a parte de la dirigencia política parecería quedarle mal el calificativo de representante nacional, siendo que en las instancias decisivas aparecen como agentes solapados o incluso siguiendo de manera ostensiblemente visible el mandato de las grandes empresas extranjeras en su afán de llevarse una parte fundamental de nuestras riquezas.
Matías Prieto
Integrante del Espacio Tercerista Nacional y Popular
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