A nuestra inflación estructural endémica se ha sumado otra coyuntural que proviene del shock combinado de la pandemia y la guerra de Ucrania. Por primera vez en muchos años la inflación amenaza con volver a dos dígitos, con los problemas que ello arrastra. Las medidas necesarias para poner coto a la situación pueden implicar un papel de mayor protagonismo del Estado.
La inflación transitoria
Es común encontrar que los términos “inflación” y “aumento de precios” se utilicen indistintamente. Sin embargo, no son exactamente lo mismo: la inflación se define como un “aumento sostenido y general” en el nivel de precios. Esta precisión dista de ser ociosa, ya que para combatir la pérdida del poder adquisitivo del dinero es indispensable determinar cómo se origina.
Por ejemplo, y dado que nada se produce sin energía, el impacto de la actual alza en el precio del petróleo y afines se ramifica por la mayoría de los demás precios que integran los distintos índices que buscan medir la inflación. El precio del barril crudo promedió US$60 durante 2017-19, iniciando a partir de marzo 2020 un ascenso que –entre pandemia y crisis geopolítica– lo duplicó.
De mantenerse en este nivel, eventualmente el “impacto inflacionario” de la suba terminará de trasmitirse a los demás precios y los índices se estabilizarán. O sea, un aumento “por una sola vez” en la causa (petróleo) produce otro aumento “por una sola vez” en la consecuencia (nivel general de precios). En caso que el barril eventualmente retrocediera a valores más tradicionales, sería de esperar un efecto inverso (con los rezagos típicos de contratos de suministro a largo plazo con precio prefijado).
Algo similar ocurre con la devaluación de una moneda. El impacto inflacionario inicial se transmite al precio de todos los bienes y servicios internacionalmente transables, pero, salvo que la depreciación continúe en el tiempo, eventualmente se agotará el impacto del impulso inicial. Esta dinámica de “la bola en la boa” ilustra el procesamiento que la economía hace de un shock no permanente.
La inflación estructural
Para que haya un nivel sostenido de inflación, en cambio, es necesario que la causa también se prolongue en el tiempo. Este es el típico caso de la inflación de origen monetario, atribuible a una permanente expansión de la oferta monetaria a una tasa superior a la del crecimiento real de la economía. Demasiados billetes persiguiendo a escasos bienes y servicios los terminan por encarecer.
La inflación monetaria puede obedecer a una causa estructural como ser un fuerte déficit fiscal resultante de un desmedido gasto público (caso uruguayo) o a una decisión deliberada de las autoridades de estimular o sostener la economía con inyecciones de liquidez ante un shock negativo (como en el caso de las potencias del norte durante la crisis financiera del 2008 y la pandemia).
En el caso uruguayo, la inflación estructural proveniente del desequilibrio presupuestario establece un piso anual a la inflación que en los últimos 15 años no ha bajado del 6%, que es el impuesto inflacionario que recauda el Estado para –junto al endeudamiento– cerrar su déficit.
Volatilidad y permanencia
Por arriba de ese piso nos llega del exterior el efecto –que suponemos transitorio– de variaciones en los precios de productos primarios –tanto insumos como productos–. Afectarán de distinta manera a empresas y hogares según su impacto en costos, ingresos y márgenes de rentabilidad.
En muchos países se suele desglosar la inflación total en sus componentes transitorio y estructural. El primero comprende los precios más volátiles (alimentos y energía) que responden a circunstancias de mercado (interno o externo), mientras que el segundo refleja la inflación subyacente del sistema.
Esto es importante porque implícitamente reconoce que la parte más volátil de la inflación escapa al control de las autoridades, quienes por ende debieran concentrar sus esfuerzos antinflacionarios en los aspectos estructurales.
Los estragos de la pandemia y la conmoción geopolítica actual han causado aumentos de precio en los mercados mundiales que –de transmitirse enteramente a nuestro país– amenazarían con perforar el techo inflacionario de dos dígitos por primera vez desde el 2003. Ello crearía problemas internos al agravarse la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y dispararse cláusulas de indización automática, mientras que externamente se produciría pérdida de imagen crediticia y competitividad.
Mitigando el impacto
Enfrentados con situaciones similares, los países industrializados han adoptado diversas medidas para diluir el impacto sobre los hogares, tales como:
- Transferencias de ingresos a segmentos vulnerables de la población
- Reducción de impuestos al consumo de energía
- Control de precios de energía suministrada por entidades privadas
- Congelación de tarifas de empresas del Estado
- Impuestos a las ganancias extraordinarias de empresas energéticas
Por supuesto que estos países cuentan con arcas fiscales vastamente superiores a las nuestras, además de emitir monedas de reserva internacional y acceder sin reparos a los mercados financieros. Como regla general, además, carecen de déficit estructural.
Controles de precios
A pesar de las limitaciones que enfrenta Uruguay, en el actual contexto debería considerarse la conveniencia de adoptar medidas transitorias para mantener la inflación dentro de sus carriles habituales y suavizar los picos de precios que pudieran erosionar el poder adquisitivo de los hogares.
Estos esfuerzos antinflacionarios deberían abarcar al menos tres aspectos:
- Seguir trabajando sobre el origen estructural de la inflación, insistiendo en el aspecto fiscal
- Buscar formas de aliviar el impacto sobre los hogares con medidas transitorias
- Monitorear la evolución de precios para prevenir abusos en los ajustes necesarios.
En un contexto incierto de inflación, es lógico que los agentes económicos se cubran contra un desfasaje entre costos de producción y precios de venta. Pero esa misma dinámica puede contribuir a acelerar la inflación en caso que las expectativas no estén alineadas. El control de precios –no necesariamente la congelación de precios– busca minimizar dicha incertidumbre y recuperar la estabilidad.
- El plazo de las medidas debería ser inicialmente de un semestre, de forma de poder evaluar la transitoriedad o permanencia de los fenómenos causantes
- Lo indicado sería un enfoque selectivo, ya que no se trata de una inflación descontrolada. Debieran ser medidas específicas apuntando a productos y servicios de primera necesidad
- El Estado podría contribuir manteniendo las tarifas públicas de los entes y sectores regulados en sus actuales niveles y suspendiendo impuestos al consumo
- El énfasis del monitoreo debería ponerse en los mercados con estructura caracterizada por alta concentración en pocas empresas
Las empresas que suscriben a la responsabilidad social corporativa no pueden pretender que sus márgenes de rentabilidad permanezcan inamovibles ante todo escenario económico. No obstante, hace tiempo ya se perciben alzas de precio en las góndolas y estanterías de farmacia que guardan poca relación con la evolución de costos y el tipo de cambio.
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