Se aprobó por unanimidad en la Comisión de Población y Desarrollo en Diputados, el proyecto de la legisladora frenteamplista Cristina Lustemberg sobre las políticas para atender a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
El proyecto original se había presentado en octubre del año 2021 y se terminó aprobando recientemente para que pasara al Plenario. Lustemberg mantuvo reuniones con todos los partidos políticos, además del presidente de la República, el directorio del Inau y la ministra de Economía, entre otros.
La Mañana dialogó con la legisladora –médica pediatra y subsecretaria de Salud Pública entre 2015 y 2017– quien explicó los objetivos de esta iniciativa.
Según Lustemberg, se busca generar políticas de primera infancia y adolescencia creando “una política de Estado que ordene la política pública, que el sistema político, en este tema, podamos tener la madurez para ponernos de acuerdo”. Para la diputada es importante crear una política de Estado que vaya más allá de cualquier gobierno y que sea a largo plazo.
Recordó que en el país desde “hace muchos años está instaurado la infantilización de la pobreza y pese a que ha disminuido en los últimos años, Uruguay sigue siendo el país de América Latina que más concentrada tiene la pobreza en hogares donde hay niños menores de 18 años, particularmente en los niños menores de seis años”.
“Uruguay no puede ser un país que con tan pocos niños no podamos ser capaces de generar desde el Estado la mejor política pública, que hoy está fragmentada”, acotó.
Datos de Naciones Unidas muestran que a mediados de los años ochenta del siglo pasado –cuando la economía uruguaya comenzaba a recuperarse de los efectos de la crisis de 1982– y tras la crisis de 2002 –entre 2003 y 2005– seis de cada diez menores de 18 años vivían en hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza (63,2% entre los menores de seis años). En 2022 el 17,4% de los niños y adolescentes (0 a 17 años) vivía en hogares bajo la línea de pobreza, en tanto en los adultos mayores (65 y más años) la pobreza alcanzaba al 2% de las personas, un porcentaje casi nueve veces menor.
Este proyecto le da prioridad política al tema, ordena lo presupuestal e incorpora una mirada de diseño y ejecución presupuestal en la lógica, entre otros puntos.
Lustemberg sostiene que actualmente la lógica de acción de la política pública es netamente sectorial y está marcada por la asignación del gasto por sectores con ausencia de transversalización. Esto significa la no existencia de una acción coordinada entre las diferentes instituciones. Pero la legisladora es enfática al señalar que su iniciativa de ley no modifica las funciones que hoy tiene cada institución en materia de infancia y adolescencia. Por ejemplo, sostiene que el Inau continúa como Rector de las políticas de niñez y adolescencia y competente en materia de promoción, protección y atención de los niños y adolescentes del país y su vínculo familiar.
Aclara que “hay evidencia que en cada crisis macroeconómica que tiene el Uruguay los más afectados son los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Existe un porcentaje de núcleo duro de pobreza y a su vez muchas personas con ingresos bajos, ante cualquier crisis, tienen muchas posibilidades de caer por debajo de la línea de la pobreza y eso generalmente pasa en hogares con adultos a cargo de los niños”.
Lustemberg también subraya que su iniciativa no aumenta el presupuesto, en ninguno de los ministerios involucrados y no se asignan nuevos recursos.
Lo que se aplica es una la Unidad de Coordinación del Ministerio de Economía, que tendrá a su cargo la planificación y el control presupuestal, seguimiento y el monitoreo del denominado Proyecto de Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (GAPIIA) y la evaluación en la ejecución de las políticas de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. A esto se agrega la intervención en atención de situaciones de vulnerabilidad y emergencia. Y la función de esta unidad coordinadora “es sobre todo de apoyo a los diferentes involucrados en la ejecución de las políticas, asegurando que los recursos efectivamente lleguen en tiempo y forma a los fines a los cuales fueron destinados, y la readecuación y rediseño, en los casos de que resulte necesario conforme a los resultados obtenidos de cada uno de los monitoreos”, indica Lustemberg.
157.000 niños por debajo de la línea de pobreza
La situación de la pandemia llevó a que aumentara la pobreza sobre todos los hogares donde hay niños menores seis años. “Eso significa que hoy en el Uruguay tenemos 157.000 niños viviendo por debajo la línea de pobreza y a la vez 30.000 niños viviendo con familias que están en emergencia habitacional, o sea, en viviendas con material de desecho, piso de tierra y sin acceso a baño y saneamiento”, sostiene.
Para Lustemberg, si bien se han implementado medidas, “nada puede revertir las condiciones estructurales, porque el diseño de la política pública está mal. Uruguay tiene un Estado muy fragmentado, con una asignación del presupuesto de una forma sectorial, estando, por un lado, el Mides, el Inau y el sistema de salud. En definitiva, esta ley ordena y le da prioridad a la infancia”.
“A Uruguay le cuesta mucho en tener una política pública evaluada, entonces tú no puedes destinar recursos y después no saber en qué se está gastando y cómo se está gastando”, subraya. “Entonces esta ley lo que hace es eso. Determina y controla estándares de calidad, asegura la integración, integridad de las políticas y la fragmentación”.
También exige al Estado tener sistemas de información únicos. Puso como ejemplo la trazabilidad que se da en algunos sectores productivos, pero por los diferentes proyectos que existen en materia de infancia, “los niños se nos pierden en todos los sistemas de información fragmentados. Está el Mides, la Anep, el MSP. Se hicieron intentos por unificar, pero hay algo que se está haciendo mal. Tenemos una lógica de acción de la política pública compartimentada de manera sectorial, marcada la asignación del gasto a nivel presupuestal por sectores, pero con ausencia de transversalización”.
Cuando se le pregunta si frente a esta situación de fragmentación no sería conveniente crear una secretaria específica señala que “el Estado no puede seguir creando ministerios o secretarías, lo que hay que hacer es ordenar lo que ya hay. Tiene que haber una integridad de las políticas públicas, pero eso solo se puede resolver si hay un acuerdo del sistema político, ya que en esto se nos va nada más y nada menos que la viabilidad del país”.
Según Lustemberg, “es criminal lo que hoy hacemos mirando para al costado y es necesario que el sistema político tenga el coraje y la valentía de sacar este tema de la pugna electoral. ¿A qué político se escucha que no le importan los temas de infancia? A ninguno. Pero después esos cambios van de la mano de tomar decisiones que tocan a la burocracia, porque estos cambios propuestos implican el tocar la burocracia”.
Ahora se espera que el proyecto sea aprobado a nivel de diputados en 5 de setiembre, pase al Senado y que se convierta en ley para que integre el presupuesto del Gobierno que entrará a regir en 2025.
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