A menos de dos semanas para las elecciones nacionales –que según las encuestas promete ser muy pareja entre los dos principales bloques de nuestro sistema político– el senador Guillermo Domenech dialogó con La Mañana acerca de la agenda y el programa de Cabildo Abierto en materia de seguridad, empleo y economía. Destacando el papel que ha tenido esta fuerza política durante esta legislatura, aportando no solo en el ámbito legislativo y ejecutivo, sino también generando con la campaña Por una Deuda Justa, un movimiento social que puso el foco en la problemática del endeudamiento de los hogares uruguayos.
El lunes se presentaron las firmas para el plebiscito por una deuda justa, ¿qué valoraciones puede hacer de lo que fue este proceso?
Tengo que decir que me llena de orgullo que Cabildo Abierto, que es un partido con una estructura relativamente reducida todavía, pudo reunir 322.000 firmas. En realidad, reunió 350.000, pero un equipo revisó las firmas y descartó prácticamente 25.000, lo cual demuestra la seriedad con la que trabaja Cabildo Abierto.
Para mí es una satisfacción, en primer lugar, haber cumplido con una meta que muchos pensaban que para nosotros no era realizable y, en segundo término, pero no por eso menos importante, Cabildo Abierto demostró que podía proponer soluciones reales a los problemas que efectivamente tiene la gente, y entre ellos el problema del endeudamiento.
En caso de que la Corte Electoral apruebe las firmas presentadas y se realice el plebiscito en las elecciones departamentales del año próximo, ¿cuáles serían las razones o los motivos por lo que la ciudadanía debería ensobrar la papeleta por una deuda justa?
Hay dos razones muy importantes, la primera es que debe resolverse el problema que plantean las altísimas tasas de interés que se cobran en plaza, que redundan en que el Uruguay sea, entre otras razones, un país caro.
En segundo término, porque el tema del endeudamiento también merece una solución que le permita a más de 800.000 compatriotas que hoy están endeudados por estas altas tasas de interés reincorporarse al mercado del crédito de consumo. Ello redundará en una tranquilidad para las respectivas familias y además en un beneficio para el comercio en general.
La Ley 18.212 ha permitido a las instituciones financieras venir cobrando intereses a veces de más del 200% en un país donde la inflación de los últimos 10 años no ha superado el 5%. Esto ha determinado que, por ejemplo, el año pasado las instituciones financieras ganaran 1200 millones de dólares, prácticamente la mitad de los servicios de nuestra deuda externa, de los cuales un 56% se calcula que son ingresos que provienen de los préstamos al consumo.
Por esto Cabildo Abierto presentó originariamente un proyecto que fue redactado por la Dra. Dora Szafir, e intervino con algunos arreglos el Dr. Williman y el Esc. Blengio y fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado. Cuando este proyecto llegó al Plenario, un senador del Frente Amplio y el senador Gustavo Penadés del Partido Nacional dijeron que no lo votarían y el proyecto naufragó. Ante la falta de respuesta del sistema político y ante una problemática que está sufriendo gran parte de la población, presentamos este planteo de plebiscito que pretende solucionar el problema de fondo estableciendo una tasa máxima de interés del 30%.
Estas altas tasas de interés han contribuido a calificar al Uruguay de país caro y esta carestía ha afectado particularmente a las familias de medianos y bajos ingresos que se deben endeudar no ya para comprar artículos suntuarios, sino para poder hacerle frente al gasto que insume la alimentación o la prestación de servicios básicos como son los de energía y agua corriente.
Por primera vez en el país, Cabildo Abierto puso sobre la mesa el tema del endeudamiento familiar, tan es así que la campaña contribuyó a generar presión en el sistema financiero que bajó las tasas de interés a préstamos al consumo e incluso generó que bancos privados admitieran el perdón de las deudas menores a 5000 pesos y la reestructura de deuda hasta 100.000 pesos.
Gracias a la presión de Cabildo Abierto en este tema, se logró que otros partidos accedieran a votar una ley para que las personas en el Clearing de Informes no pierdan acceso a servicios básicos y vivienda y fue fundamental para lograr la reestructura de deudores en UR del Banco Hipotecario que ahora se está implementando.
Tengo que agregar que, si bien ha habido un ofrecimiento del sistema bancario de refinanciación de algunas deudas, este ofrecimiento ha sido en referencia a deudas muy inferiores a las que pretende resolver el plebiscito que propone Cabildo Abierto, y que además tengo entendido que no han sido muchos los que se han acogido a esta refinanciación.
Aún falta atacar el problema de fondo, que es poner un tope a estas tasas de interés y solucionar el tema de las deudas mayores de 100 mil pesos. Por esto es tan importante el plebiscito.
Tanto desde el oficialismo y la oposición se ha criticado este proyecto, básicamente argumentando que la fijación de un tope en las tasas de interés reduciría el acceso al crédito. ¿Qué podría decirnos en respuesta a estas valoraciones?
Lo que le puedo decir que desde 1916 en el Uruguay han existido limitaciones a las tasas de interés. La Ley 5180 consagró un tope del 14% para las deudas prendarias y un 12% para las deudas hipotecarias. Esto estuvo vigente hasta el año 1972, cuando por la Ley 14.095 se facultó al Banco Central a fijar tasas máximas de interés y a los pocos días de promulgada esta ley el Banco Central fijó como tasa máxima un 24% anual efectivo más un 10% de gastos de administración. O sea que durante la mayor parte de la historia jurídica del Uruguay existieron topes a las tasas de interés que no desalentaron al mercado financiero. Recién a partir del año 2007 se aprueba la Ley 18.212, durante el primer gobierno del Frente Amplio, la que ha permitido a las instituciones bancarias cobrar los intereses que ellas arbitrariamente establecieron y que han sido intereses altísimos que en cualquier lugar del mundo podrían considerarse usurarios, pero que en Uruguay son legales.
Las políticas realizadas en materia de seguridad durante décadas han sido totalmente insuficientes, según se desprendió de la interpelación del ministro Martinelli. ¿Cuál es en su opinión la causa de este fracaso?
La causa de este fracaso es que no se han intentado hacer las cosas que ha propuesto Cabildo Abierto. Hemos presentado desde el comienzo de esta administración, en repetidas oportunidades, nuestra propuesta para intentar mejorar la situación de inseguridad por la que atraviesa el país. Asimismo, el pasado agosto propusimos la declaración de una emergencia nacional en materia de seguridad, establecida en el Compromiso por el País, que se firmó en noviembre del año 19 de cara al balotaje.
Es necesario otorgar las garantías y las herramientas a quienes diariamente deben enfrentar la lucha contra el delito y el crimen organizado. En nuestro programa de gobierno el capítulo de seguridad contiene propuestas interesantes y realizables.
Entre las propuestas presentadas se encuentra la construcción de una cárcel de máxima seguridad que permita aislar a los jefes del narcotráfico. En segundo término, intentar cumplir con lo que marca la Constitución, que las cárceles no servirán para la mortificación de las personas privadas de libertad, sino para su reeducación y para la profilaxis del delito. Para ello es imprescindible instaurar un sistema de trabajo que permita a los privados de libertad adquirir habilidades laborales con las que puedan sobrevivir cuando por razones lógicas concluyen su condena y deben reintegrarse a la vida de libertad.
¿Por qué cree usted que el Ejecutivo durante este periodo no adoptó (o lo hizo de una manera edulcorada) las ideas y proyectos de Cabildo Abierto en materia de seguridad ciudadana?
Las razones últimas las desconozco, pero yo presumo que se trata simplemente de tratar de ignorar a un partido político como Cabildo Abierto, que ha estado siempre atento a los problemas reales y que no se ha dejado llevar por el saber libresco, sino que pretende acudir al saber empírico de personas que tienen experiencia en las luchas contra el delito.
En el caso de que la Coalición Republicana gane las elecciones, ¿considera que sería una buena oportunidad para que Cabildo Abierto esté al frente del Ministerio del Interior y pueda aplicar todo el trabajo y los insumos desarrollados en la materia durante esta legislatura?
Cabildo Abierto tiene un equipo de seguridad con un numeroso grupo de personas con experiencia práctica en la materia. Obviamente que, si la coalición triunfara y Cabildo Abierto fuera llamado a desempeñar el Ministerio del Interior, creo que contamos con un equipo profesional experiente, con conocimiento efectivo de la temática y que puede implementar las medidas que Cabildo ha venido proponiendo.
En Uruguay es caro producir y es caro vivir, lo que provoca una tensión constante entre inflación y atraso cambiario. ¿Qué se debería hacer en materia económica para revertir esta realidad que parece agravarse año a año?
El problema de la elevada carga tributaria sobre las empresas y el atraso cambiario que sufre nuestro país está afectando a las actividades productivas que hoy tienen su capacidad de competencia muy comprometida. El Uruguay tiende a endeudarse anualmente en unos 2000 a 3000 millones de dólares, lo que significa que vivimos excedidos en lo que podría ser la tarjeta de crédito de un particular. Es evidente que tenemos que ajustar nuestro presupuesto a nuestras reales posibilidades y evitar muchísimos gastos superfluos, que seguramente redundarían en un ahorro que frenaría esta carrera de ascendente endeudamiento que ha sufrido el país.
Dos de cada tres puestos de trabajo son generados por mipymes, pero según una investigación elaborada en la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), en Uruguay nacen anualmente 28.000 empresas y cierran 23.000, siendo muy elevado el número de empresas que cierran anualmente. ¿Qué medidas se debería implementar para revertir esta tendencia?
Se ha dicho que las pequeñas y medianas empresas son las que proporcionan el 85% del trabajo nacional. Estas empresas no tienen prácticamente ningún beneficio, mientras que cuando llegan inversores del extranjero se le tienen que conceder numerosas exoneraciones tributarias a efectos de que sus negocios resulten rentables. Eso nos lleva a preguntarnos cómo es que pueden sobrevivir las pequeñas y medianas empresas nacionales que hacen frente al 100% de la tributación. Evidentemente que no se puede aprobar un régimen de exoneraciones absolutamente generalizado, pero sí se podría encontrar la solución generando situaciones parecidas a las que se les generan a esas empresas que vienen del extranjero en alguna rama de la producción. Siempre me he preguntado qué podría pasar si nosotros exoneramos de todo tributo a los pequeños y medianos productores de leche. Ese sería quizás un buen inicio de una política de ir contemplando el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del Uruguay.
Según cifras aportadas por ANDE, en el segundo trimestre de 2024 cerraron 7290 empresas, es necesario generar las medidas necesarias para promover el trabajo nacional, apuntalar a la mediana y pequeña empresa nacional y no seguir castigando a cada comercio que contrate un empleado más. Cabildo Abierto en 2021 propuso una batería de medidas para cambiar esta situación, agravada por la pandemia. Gracias a esta insistencia, se logró la reducción del IRPF y el IASS, así como beneficios para las pymes en sus primeros años de desarrollo. También propusimos un proyecto de ley para aliviar el comercio de frontera, duramente castigado por las diferencias cambiaras con los países vecinos, asimismo denunciamos en el Senado el problema de la concentración empresarial, de los oligopolios que afectan la competencia y destruyen a las Pymes. En esa línea va nuestro programa de gobierno que se titula “El Uruguay del Trabajo y los Valores” y cuyo eje principal es denominado “Impulso al trabajo y la producción nacional”.
El exdirector de UTE por Cabildo Abierto, el Ec. Pées Boz fue muy crítico con el cambio de la matriz energética y los contratos de participación público-privada. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
Coincido con la opinión del doctor Pées Boz. En realidad, ha sido verdaderamente escandalosa la forma en que se instrumentó el cambio de matriz energética, comprando la energía eólica y solar a precios que cuadriplican los valores de mercado. Y que por otro lado no aseguran una provisión estable de energía.
Entre el año 2010 y 2018 se privatizó el 33% de la potencia disponible de UTE. La dirección de UTE, contra acuerdos multipartidarios del año 2010, contrató con generadores privados cinco veces más que lo que los partidos con entonces representación parlamentaria decidieron como adecuado para el mercado eléctrico en Uruguay.
Pées Boz había denunciado en su momento que con el pasaje de los grandes consumidores a comprar energía a los generadores privados la empresa estatal iba a perder de recaudar US$ 237 millones por año: US$ 140 millones por sobreprecios pagados de energía eólica, US$ 27 millones por sobreprecios de energía fotovoltaica y US$ 70 millones en excedentes. Todos estos sobrecostos los asumimos todos en nuestras facturas de UTE mensuales.
Creo que la renuncia de Pées Boz al directorio de UTE es una denuncia de los malos manejos que se han hecho en materia de generación y de suministro de energía eléctrica.
A raíz de este y otros acuerdos llevados a cabo por el gobierno, Cabildo Abierto planteó el año pasado un proyecto de ley de anuencia de la Cámara de Senadores para perfeccionar los contratos del Estado cuya ejecución se difiera por más de un período de gobierno. ¿En qué consiste el proyecto y por qué es necesario llevarlo adelante?
Nos parece inaceptable que contratos que comprometen al país por más de un período de gobierno, incluso por cuatro o cinco períodos de gobierno, se han resuelto entre cuatro paredes sin conocimiento de la población y del sistema político. Por lo que hemos presentado un proyecto de ley tendiente a rectificar dicho estado de cosas.
El proyecto se llama “Anuencia de la Cámara de Senadores para perfeccionar los contratos del Estado cuya ejecución se difiera por más de un período de gobierno”. En él se establece que los contratos que superen un período de gobierno deberán ser aprobados por el Senado de la República y al ser presentado, la Cámara Alta tendrá un plazo de 60 días para expedirse. De caducar la fecha sin haberse expedido se considerará aprobado.
En materia de política de drogas, ¿cuál es el planteo concreto de Cabildo Abierto para revertir de alguna forma la grave situación actual en torno al consumo de estupefacientes?
La inseguridad está muy vinculada al consumo de drogas. En materia de política de drogas se debe seguir una política similar a la que se siguió con el tabaco. Y además una importante y permanente campaña informativa y educativa sobre los problemas que genera el uso y consumo de drogas, sobre las consecuencias nefastas para la salud física y mental de quienes terminan siendo adictos a estas sustancias.
A mí me extraña que no se hable de la necesidad de informar y educar sobre los problemas que entraña el uso abusivo de drogas y me parece que es un tema que no debería haber sido ignorado en la reforma educativa y menos me parece admisible que desde la Secretaría de Drogas se hable de que el prohibicionismo fracasó y se promueva la liberación. Los que han fracasado son quienes debieron aplicar todos los resortes legales para prohibir el tráfico de drogas. Yo me pregunto dónde ha tenido éxito el facilitar el comercio de estupefacientes, dónde la permisividad ha tenido buenos resultados para la sociedad.
A raíz del incendio en un residencial de Treinta y Tres se visibilizó la problemática que viven en Uruguay muchísimos adultos mayores, que, por sus bajos ingresos y diversos temas de índole familiar deben terminar sus días en lugares que no ofrecen las mínimas garantías. ¿Qué opinión tiene usted de este tema y qué políticas se deberían desarrollar en este sentido?
El ministro de Economía que al parecer pretende designar el Frente Amplio ha declarado recientemente algo así como que a los adultos mayores no habría que prestarle atención y sí privilegiar a los niños. En realidad, se trata de una oposición dialéctica que como casi todas las oposiciones dialécticas es absolutamente falsa. La sociedad uruguaya tiene un compromiso indudable con los ancianos que han contribuido a mantener este Uruguay del cual disfrutamos y también un compromiso ineludible con los niños que son el futuro del Uruguay. Se trata de una especie de silogismo de falsa oposición, por lo que entiendo que debe haber políticas focalizadas en la niñez y también en las personas mayores.
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