El gobierno seguirá adelante con el denominado Proyecto Neptuno o Arazatí y se firmará el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, que llevará adelante la obra.
Este proyecto consiste en la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, en el departamento de San José, que tomará agua del Río de la Plata para abastecer a la población de Montevideo y el área metropolitana. Se espera la producción de 200.000 metros cúbicos netos por día de agua potable, a partir del agua bruta captada desde el Río de la Plata en la zona del puerto Arazatí. También la obra prevé la conducción del agua potable hasta el recalque Melilla y los tanques de Cuchilla Pereira, incluyendo una estación de bombeo intermedia.
Controversial desde el comienzo, se estima que su costo rondaría 900 millones de dólares, pagaderos por parte de OSE. La semana pasada se realizó una reunión entre el ministro de Ambiente saliente, Robert Bouvier, y el entrante, Edgardo Ortuño, de la cual también participó el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y quién ocupará ese cargo desde el 1º de marzo, Alejandro Sánchez. En esa reunión participó el director de la empresa Saceem, Alejandro Ruibal. Esta empresa forma parte del consorcio que tendrá a cargo la obra.
Tras la reunión, Sánchez dijo que Aguas de Montevideo había presentado una serie de modificaciones al proyecto original. “Se nos proporcionó más información, más elementos y algunas alternativas que podría tener el proyecto para ver si eso implica o posibilita levantar las observaciones que nosotros tenemos”, dijo Sánchez.
Esas observaciones hacen referencia a dónde estará ubicada la toma de agua y el pólder que se piensa construir. Este pólder es una gigantesca piscina donde se almacenaría agua para cuando la salinidad del Río de Plata en la zona de extracción sea demasiado alta. El pólder es cuestionado, ya que el agua acumulada podría ser un lugar propicio para la reproducción de cianobacterias.
El electo presidente Yamandú Orsi también fue consultado sobre el proyecto. Señaló que “hubo propuestas alternativas, más allá de si se firma o no se firma”. A esto acotó: “Siempre consideré que de repente no era del todo conveniente que se firmara, pero veremos con nuestros técnicos cuánto cambia y si resuelve los problemas centrales que visualizamos en el proyecto. Son dos o tres aspectos que cambiarían y veremos qué es lo que nos dicen nuestros asesores técnicos sobre si cubre o no cubre nuestras expectativas”.
Por otro lado, Edgardo Ortuño dijo que lo que se presentó como modificaciones en la reunión con Aguas de Montevideo “no suponen un cambio sustancial al proyecto”. Además, se presentaron de manera verbal. Otro aspecto es el económico, ya que OSE (de cuyo directorio fue integrante Ortuño) debería pagar desde 2027 unos 50 millones de dólares anuales, por 17,5 años, que totalizan unos 900 millones de dólares.
Una carta de protesta
Mientras la discusión continúa a nivel político, organizaciones medioambientales presentaron una carta ante Presidencia de la República solicitando que se suspenda este proceso. La misiva lleva la firma de unas 150 organizaciones y en una parte señala: “No se puede firmar un contrato que pone en peligro nuestra salud, nuestros derechos y el medio ambiente”.
La Mañana dialogó con Nahir Curbelo, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), quien dijo que las organizaciones firmaron la carta “para mostrarle al presidente y todas las autoridades los inconvenientes de este proyecto”. Uno de los puntos que más destacan es que, a su criterio, es inconstitucional. Se basan en el artículo 47 de la Constitución, donde se establece que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. De esta manera sería inconstitucional que una empresa privada suministrara agua. No obstante, hay que aclarar que la operación de la planta, una vez construida, será por parte de OSE.
También los ambientalistas hacen referencia a que “el Río de la Plata es una fuente insegura para potabilizar el agua, por un tema de salinidad, cianobacterias y concentración de materias orgánicas”.
Curbelo dijo: “En este momento se puede ver y no solo en el Río de la Plata sino en distintos balnearios cómo proliferan las cianobacterias. Este es un río que recibe agua de varios países, entonces hay cosas que no podemos controlar, como los sistemas productivos de Argentina y Paraguay, donde los agrotóxicos que vierten llegan hasta acá”.
Cuando se le consulta sobre cuál es la solución que estos movimientos plantean, ya que Montevideo y el área metropolitana no pueden continuar con una sola fuente de agua, dice que lo correcto sería la reparación de las cañerías de OSE y un mejor cuidado de la cuenca del Santa Lucía. “Recordemos que el 50% del agua dulce que potabiliza OSE para Montevideo y el área metropolitana se pierde por las roturas de los caños. Para entender el significado de la magnitud de esto, con el agua que se pierde se podría surtir a todo el resto del país”. Sobre la cuenca del Santa Lucía (desde donde se abastece a Montevideo y la zona metropolitana) desde Movus se indica que han proliferado las represas realizadas por particulares, las cuales afectan el curso del río Santa Lucía.
Por otra parte, los ambientalistas señalan que reparar todas las cañerías rotas de Montevideo costaría menos que el proyecto Arazatí. También se muestran convencidos de que esta planta “no va a funcionar”. La salida planteada por el Consorcio para su aceptación por parte del gobierno entrante sería que no existiese el pólder, pero Curbelo indica que “sin pólder esa planta no existe”. Esto se debe a que en el pólder se plantea acumular agua para cuando en el Río de la Plata aumente la salinidad o existan cianobacterias.
En referencia a la reunión mantenida por integrantes del actual gobierno y el entrante, en la que estuvo un representante de Aguas de Montevideo, la ambientalista dijo: “Nos sorprendió. Nosotros habíamos avisado que íbamos a entregar esta carta y surge esa reunión muy rápidamente. No esperábamos que la empresa estuviese presente, ya que no corresponde. Se supone que están haciendo una transición entre dos gobiernos, y una empresa no tienen nada que hacer en ese encuentro”.
Los movimientos ambientalistas han solicitado una reunión con integrantes del gobierno entrante, la cual sería en los próximos días. Nahir Curbelo dijo que se debe tener en cuenta que aún hay una medida cautelar sobre el proyecto. “Si se firma y luego la Justicia dice que no al proyecto, habrá qué pagar una multa de indemnización”, sostuvo.
Más allá de las modificaciones que acepte el gobierno entrante a la obra, para la integrante de Movus “el Río de la Plata es una fuente insegura para potabilizar. Acá hay un tema que se deja muy de lado y es la salud. En todo este proceso debería haber estado el Ministerio de Salud Pública”.
Qué opinan los vecinos
Una encuesta realizada entre pobladores de la zona de la playa Arazatí y que formaba parte del proceso de autorización por el Ministerio de Ambiente para la planta potabilizadora reveló el pensamiento de los vecinos del lugar. En el informe de esta encuesta se indica que en la zona del balneario Arazatí se encuentra un relato casi unánime respecto a los niveles y actividades relacionadas a la productividad. Así, se la describe como una zona muy productiva debido a los altos niveles de producción de papa y cítricos. Por otro lado, se entiende que además de la producción agrícola, la zona cuenta con una gran cantidad de actividades asociadas a la producción ganadera”.
Un edil de la zona dijo: “El proyecto se va a comer muchas hectáreas de campo muy productivo, con un índice Coneat muy alto. Estamos hablando de un 200 y pico por ciento. Se planta papa, las cosechas son tremendas; se planta trigo, las cosechas son tremendas; hay producciones frutales con unas cosechas tremendas”. Sobre cómo cambiará la situación de una zona tranquila, una productora de la zona dice: “Me preocupa todo ese componente de seguridad mezclado con gestión humana. Me preocupan los químicos que va a haber en la planta y en el traslado. Me preocupa que existan capacidades nacionales o locales (Bomberos, Policía) para hacer frente a un incidente de esos. Me preocupa el ruido de la bomba que extrae el agua. Cuánto va a afectar a los que vivimos ahí y a la naturaleza. Me preocupa que se desate un incendio de proporciones difíciles de manejar. Porque ahí se da el inicio de un lugar de 12 kilómetros de franja costera de plantaciones forestales. Ahí sería un infierno si se llega a desatar un incendio”. Otras opiniones recogidas fueron: “Hay un hermetismo que me tiene medio mal de la cabeza” (productor de la zona). “Me tienen amargado y preocupado los productores, que desde que se han enterado del proyecto no han dormido bien, amargados por el proyecto” (autoridad municipal). “Me tocó la grande al revés, pero sería muy egoísta quejarse y enojarse con todo el mundo, porque es necesario para el país” (productor de la zona). “Por más que haya 120 productores que no nos guste que el caño nos pase por arriba ningún gobierno va a dejar de hacerlo. Porque hay un millón y medio de personas que no se pueden quedar sin agua” (productora de la zona).
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