En 2024, se presentaron en nuestro país 115 solicitudes de concursos de acreedores, según datos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco). Estamos hablando de más de un 20% de aumento respecto al año pasado.
Recordemos qué es un concurso de acreedores. Se trata de un procedimiento jurisdiccional a través del cual se manifiesta la insolvencia de una empresa o un particular frente a sus acreedores. Existen dos formas de llegar a un concurso: a pedido del deudor, en lo que se conoce como concurso voluntario, y a pedido por los acreedores, lo que se llama concurso necesario. Durante el concurso, un síndico designado por la Justicia busca los activos del deudor y negocia una salida a la situación de insolvencia. Se busca la aprobación de un convenio de pagos o la liquidación de todos los bienes del deudor y su posterior reparto, en el orden que establece la Ley 18.387.
Cada vez que hay un concurso de acreedores, hay ahorristas que pierden parte o todo el dinero invertido. En los casos de Grupo Larrarte y Conexión Ganadera parecería que los concursos de acreedores terminarán en la liquidación de sus escasos bienes. República Ganadera sigue negociando un convenio de pagos, reprogramándolos y bajando la tasa de interés. Su director, Nicolás Jasidakis, tiene reuniones diarias con sus acreedores. Actitud distinta a la de Jairo Larrarte y Pablo Carrasco.
Hubo otros sonados concursos de acreedores que dejaron muchos damnificados, como el de Balsa y Asociados, por ejemplo, con una deuda de US$ 65 millones.
El año pasado, fruto de una mala administración y de no haber calculado el desfasaje entre el dólar y el peso, Juan Balsa dio quiebra y pidió un concurso de acreedores para sus empresas. Balsa pedía plata en dólares a devolver con un interés superior a la inflación a sus asociados, al tiempo que pagaba salarios y aportes a la construcción en pesos uruguayos, esto hizo que los costos fijos de la empresa subieran en dólares y la devolución del capital no fuera sostenible. También hubo acusaciones de retiros sin justificar por parte de Juan Balsa.
La ley 18795 (o ley de vivienda promovida) otorga beneficios tributarios para la construcción de viviendas de interés social. Bajo esta ley se ha construido viviendas en Carrasco, Barra de Carrasco y Punta del Este entre otros sitios. Viviendas en muchos casos de lujo que están deshabitadas y cuyos dueños generalmente son argentinos, uruguayos, brasileños y paraguayos que buscan una renta. El gobierno anterior modificó esta ley eliminando topes de precios de venta de las viviendas y dando hasta un 100% de exoneración de impuestos. La idea era promover la inversión extranjera, el trabajo y la baja de los costos de la vivienda y los alquileres.
No obstante, este rubro también se prestó como inversión financiera, y desde el año 2009 hay empresas que vienen ofreciendo un producto financiero en pesos uruguayos que se ajusta por el Índice de Costos de la Construcción (ICC). Se reconoce como una empresa que brinda servicios financieros, por lo que está regulada por el BCU. Ofrece “una opción segura para acceder a un capital respaldado en un inmueble, un sistema diseñado sobre la base de un conjunto de personas que ahorran mensualmente en pesos uruguayos”. Uno de sus directivos comentó que “se garantiza que la construcción de las torres no dependerá de las ventas de los apartamentos, lo que brinda seguridad a los inversores sobre la finalización del proyecto”.
Ahora bien, ¿qué sucedería si antes de construirse estos edificios, o al estar construidos pero no vendidos, los clientes sacaran su capital? ¿Podrán estas empresas hacer frente a la devolución, como dicen?
Hay un producto que se llama “Metros”: se coloca un capital y se va cobrando en junio y en enero de cada año un prorrateo del alquiler de una vivienda, “sos dueño de metros cuadrados de una vivienda alquilada”. ¿Está al tanto el BCU de que podríamos estar frente a otro esquema Ponzi? Actualmente, algunas de estas empresas tienen cerca de 3000 clientes o inversores.
