Al despertar el siglo XX, los norteamericanos sentían gran preocupación por una economía dominada por los denominados “trusts”, que ejercían un gran poder de mercado extrayendo rentas monopólicas de la población. Durante el siglo anterior se había producido la magnífica transformación de un país esencialmente rural en una potencia industrial mundial. Pero este rápido desarrollo tuvo sus costos, e importantes sectores de la economía, tales como el energético, el transporte, la fabricación de acero y los bancos, quedaron dominados por virtuales monopolios.
Uruguay enfrentó, a principios de siglo XX, situaciones similares con trenes y frigoríficos, que con el tiempo se fueron resolviendo con la intervención del Estado. Pero el siglo XXI encontró a Uruguay con un gobierno progresista, que llegó al poder con un discurso fuertemente crítico al sector privado nacional y al sistema financiero. Pero una vez en el poder, lejos de promover la competencia y facilitar la entrada de nuevos jugadores, su política económica tendió a fortalecer las posiciones dominantes de los actores existentes.
La Comisión de Promoción de la Defensa de la Competencia, organismo que funciona dentro del MEF, ha intervenido en contadas ocasiones y sobre temas periféricos, pero nunca sobre temas de la relevancia de la Ley de Inclusión Financiera, que contribuyó a solidificar la capacidad de los bancos de capturar rentas extraordinarias. El argumento es muy sencillo, si el sistema de pagos electrónico es dominado por los bancos, la única competencia real es el efectivo. Eliminar esa posibilidad otorga de hecho a los bancos un poder exorbitante para subir las tarifas, por lo tanto conviene mantener la posibilidad de pagar en efectivo abierta. A todos nos queda claro que el pago electrónico es mejor que el efectivo y por tanto no necesitamos que desde el Ministerio de Economía se sigan azuzando miedos como forma de ocultar quiénes son los verdaderos beneficiarios de la ley.
Esta oficina tampoco intervino en el mercado ante el hecho de que se cobren tasas de 140% por créditos personales. ¿Será que esto refleja el buen funcionamiento del mercado de préstamos? La profesión económica ha evolucionado mucho desde que el teólogo latino Tomás de Aquino escribiera sobre el tema, por lo que afortunadamente existen las herramientas para detectar y enmarcar a un fenómeno sobre el cual llamativamente no se dice nada.
Pero si estas tasas activas parecen excesivamente altas, las que se pagan por depósitos son demasiado bajas para una economía en que la inflación se acerca al 10% anual. Los bancos no pagan nada por depósitos a la vista y muy poco por depósitos a plazo en pesos, mientras que el BCU paga por Letras de Regulación Monetaria (LRM) por encima del 10% anual. En su columna del pasado domingo en El País, el Ing. Nicolás Lussich se refiere al tema de la competencia por servicios financieros, y llama la atención sobre la divergencia entre lo poco que se paga por depósitos a residentes en relación a la tasa que obtienen los compradores de LRM.
Esta divergencia de rendimientos entre dos instrumentos que son sustitutos cercanos –depósitos y LRM- es solo una señal más de la escasa competencia en servicios financieros. ¿Por qué se produce esta distorsión? Simplemente, porque se le hace difícil a depositantes en pesos adquirir LRM. En la mayoría de los casos los ahorristas ni siquiera saben de la existencia de esta posibilidad, ya que a pesar de su campaña de educación financiera, el BCU no difunde esta oferta entre el público en general. Solo inversores informados y de cierta envergadura acceden a adquirir estos instrumentos.
Cuando el número de bancos era mayor, era habitual ver que estos competían por los depósitos mediante el ofrecimiento de tasas de interés atractivas. Pero la estructura competitiva del sistema bancario actual es muy diferente a la de 1982, cuando la Ley 15.322 estableció el marco regulatorio de la actividad bancaria. El BROU controla aproximadamente la mitad de los depósitos, mientras que el resto lo controla mayoritariamente los principales cuatro bancos privados.
La Comisión para la Defensa de la competencia no ha intervenido en la fijación de tasas de crédito al consumo, que hoy alcanzan niveles de 140%
El BCU podría fomentar, como han hecho otros países, un marco normativo amigable para el establecimiento de fondos de mercado monetario, que habilitarían a depositantes en pesos a capturar las tasas de interés ofrecidas por las LRM. Hace aproximadamente cinco años, el área de mercados del BCU hizo un saludable intento, pero este no prosperó entre otras cosas por dificultades regulatorias impuestas por el propio BCU. Otra prueba más de que el concepto de “inclusión financiera” no trasciende el slogan.
Lamentablemente son muchos los ejemplos de un regulador que por sus acciones demuestra estar más preocupado por proteger a los actores actuales, que permitir la entrada de nuevos actores y el desarrollo de nuevos mercados. Años atrás un importante grupo financiero colombiano hizo una oferta por uno de los bancos privados más pequeños del sistema, habiendo ya adquirido las filiales del mismo controlador en otros países de la región. La venta hubiera permitido la entrada de un actor con voluntad de desarrollar su actividad en el país y probablemente hubiera contribuido a introducir más dinamismo en el sistema, pero el BCU no lo admitió y la venta no se autorizó.
Más recientemente, el ímpetu que la industria del Fintech está teniendo en el mundo y la región, encontró en Uruguay una de las plazas más cerradas a su desarrollo. Fueron varias las empresas que desarrollaron aplicaciones y llegaron a operar, pero por la razón que fuera, todas dejaron de operar y la mayoría de los emprendedores emigró a otras plazas.
Las trabas que se han impuesto a los corredores de bolsa para que estos otorguen créditos y los distribuyan entre sus clientes, van también en la misma dirección de limitar la competencia. Lo mismo ocurre con la virtual desaparición del mercado doméstico de deuda, el cual ofrecía una válvula de escape a la dependencia de los mercados internacionales, y que resultó instrumental en 2003 cuanto fue necesario renegociar la deuda.
Desafortunadamente se equivoca el regulador si piensa que todas esas barreras, trabas y estorbos redundan en una mayor solidez del sistema financiero. Muy por el contrario, la concentración y la inmovilidad a menudo producen debilidades. Encerrarse en una fortaleza ofrece seguridad solamente a los timoratos, y aumenta sustancialmente la probabilidad de encontrarse sitiado de la noche a la mañana.
La solución a este problema no pasa por abrir más bancos, de la misma manera que la respuesta al problema de los combustibles no pasa por permitir que se instale otra refinería para competir con ANCAP. La respuesta adecuada pasa por la apertura a mayor competencia en la captación de depósitos, el otorgamiento de créditos y el uso del sistema de pagos. Estas medidas deberían permitir el surgimiento de mecanismos de financiamiento alternativos al bancario, promoviendo así una mayor competencia que se vería reflejada en un mayor volumen de crédito y mejores condiciones de tasa, plazo y garantías.
La propuesta de la Ley de Urgencia es un gran paso para reducir el costo país. El límite al crecimiento del gasto público será instrumental para reducir el atraso cambiario, mientras que la liberación a la importación de combustibles pondrá de hecho un techo a las tarifas que puede cobrar ANCAP. Pero existen importantes rubros de bienes y servicios provistos por el sector privado en los cuales la introducción de mayor competencia es también necesaria para hacer bajar el costo país. El sistema financiero es uno de ellos.
El liberalismo económico solo funciona con una fuerte defensa de la libre competencia. Abrir mercados sin asegurarse una debida competencia permite recrear situaciones como las que se generaron en los Estados Unidos en el último cuarto del siglo XIX. Resulta en tal sentido incomprensible que la gestión económica del gobierno actual haya permitido el fortalecimiento de posiciones dominantes en importantes sectores de la economía nacional, cuando además se sabe que esto genera inequidades en la distribución de ingresos.
