El auge de las grandes superficies afecta negativamente a los comercios locales, que luchan por competir. Para lograr mayor equilibrio, se requiere una intervención más efectiva del Estado en apoyo a las pymes, de acuerdo con el directivo de Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) y actual presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Guillermo Luzardo. Entrevistado por La Mañana, también profundizó acerca de otros desafíos del sector comercial y las propuestas para abordarlos.
¿Cómo describe la situación del sector comercial en general?
Venimos de una situación bastante complicada en los dos años anteriores, 2022 y 2023, sobre todo en el litoral del país, donde la diferencia cambiaria con Argentina nos viene golpeando de manera muy significativa. Venimos de bajas en ventas de entre un 30 y 40% en la mayoría de los sectores. Los rubros más afectados fueron turismo, gastronomía, farmacia, estaciones de servicio y supermercados. Si bien de parte del gobierno se han tomado algunas medidas para paliar la situación, en el 2023 llegamos a tener una diferencia cambiaria de un 180%, lo cual generó un éxodo masivo de parte de los consumidores del litoral hacia Argentina.
¿Qué proponen como confederación para sortear estos desafíos?
Lo que proponemos son dos cosas. Primero, ante la situación de frontera, planteamos que se implemente una ley que sea una especie de gatillo para que cuando la diferencia cambiaria con Argentina pase determinado porcentaje, se implementen medidas como el descuento del Imesi, el descuento del BROU Recompensa en los sectores más afectados y otros beneficios. Esas son las disposiciones que ha definido el gobierno que más impacto tuvieron sobre el comercio local. Ese tipo de medidas deben tener un efecto gatillo y quedar implementadas a través de una ley para que no baje el desempleo, como ha sucedido. En el litoral tuvimos la tasa de desempleo más alta de todo el país durante el tiempo de la diferencia cambiaria. La idea es que, en situaciones con diferencia cambiaria, el comerciante tenga herramientas para que las ventas no bajen tanto y pueda conservar el empleo sin tener que despedir trabajadores.
También estamos trabajando sobre una ley de inversiones para pymes. La Ley de Inversiones que existe, que da beneficios sobre el IRAE, el Impuesto al Patrimonio y demás, aplica más que nada a empresas de un porte mediano o grande y no les llega a las pymes. Queremos que se implemente una ley de inversiones que sí les llegue, porque hoy son el 98% de las empresas en nuestro país. Eso tendría un impacto grande sobre el desempleo en el interior.
¿Cómo se analiza desde CEDU el auge de las grandes superficies, en detrimento de los comercios de cercanía?
Es una situación que nos preocupa. Si bien nosotros no estamos en contra de la inversión y la generación de empleo genuina, pensamos que las grandes superficies, cuando vienen a una localidad del interior, atentan contra los comercios de menor porte, que son comercios locales. Y además tienen la contra de que cuentan con su cadena de logística propia, entonces el distribuidor de las marcas, que también es local, deja de vender y eso impacta sobre la economía local.
Las empresas de cercanía son negocios familiares que están en las localidades, que están en las buenas y en las malas. Por ejemplo, cuando viene una crisis, el comercio local lo que hace es tratar de adaptarse, plantear medidas y pelear la situación. Las grandes cadenas toman medidas desde una oficina y, si el negocio deja de ser rentable, a veces toman la decisión de cerrar. En ese sentido también impacta negativamente, porque las pymes de las localidades son las que siempre están aportando a la comunidad, independientemente de si la situación es buena o mala.
¿Deberían tomarse medidas que apunten a equilibrar la competencia entre los comercios más chicos y las grandes superficies?
Totalmente. Hoy existe una ley de protección a las pymes por la cual, ante una situación que lo requiera, se forma una comisión en la que hay cuatro partes involucradas, el Ministerio de Economía, la intendencia del departamento, la gremial empresarial más representativa y Defensa del Consumidor. Allí evalúan el impacto del nuevo proyecto de gran superficie, pero el informe del impacto lo hace la propia parte interesada, o sea, la gran superficie. Entonces, muchas veces el estudio termina dando que se va a generar determinado empleo y no se miden las consecuencias negativas.
¿Qué plantean en ese sentido?
Nosotros pensamos que sería un gran aporte que quien haga el informe de impacto sea una parte objetiva, como puede ser la Universidad de la República o cualquier otro ente que realmente mida los pros y los contras, cuánto es lo que se gana, cuánto es lo que se pierde. El Estado sin duda debería jugar un rol más participativo de protección a las pymes que, cuando viene una gran superficie, no tienen la espalda o la capacidad económica de hacerles competencia y terminan cerrando y dedicándose a otra cosa o migrando a otro departamento. Este es uno de los problemas que más se repite en todas las localidades y es una preocupación grande. A través de un equipo de economistas y profesionales técnicos, CEDU está armando un proyecto en defensa de las pymes para poder presentarlo a las autoridades.
¿Qué otros reclamos han presentado en este período de gobierno?
Nosotros pedimos que se estudie por qué Uruguay es un país caro, porque, más allá de la diferencia cambiaria con Argentina, que es por una situación económica argentina, los departamentos del litoral y los que están en la frontera con Brasil siempre terminan sufriendo, debido a que compiten con comercios que son más baratos. Una pasta de dientes que se fabrica en Brasil y se importa a Uruguay no puede tener una diferencia como la que hay de un 60 o un 70% en el precio cuando estamos en el Mercosur, las tasas arancelarias de esos productos son muy bajas y no debería haber una diferencia de más de un 10% entre esos productos. Pedimos que el gobierno haga un estudio a fondo de a qué se deben esas diferencias y tratar de bajar el costo de vida de Uruguay.
Tengo entendido que la idea es plantearles estos reclamos a los candidatos.
Exactamente. La idea de CEDU es hacer una ronda con los candidatos para que dentro de su plan de gobierno incluyan estos estudios y que quede plasmada por lo menos la preocupación o un proyecto de ley para atender estos reclamos.
¿Cuáles son las perspectivas para el futuro del comercio en Uruguay?
Nosotros como CEDU nucleamos a muchas pymes y trabajamos sobre estos temas que comenté anteriormente, con el objetivo de que las pymes puedan sobrevivir en el mediano y largo plazo con instrumentos que el gobierno brinde para apoyar su crecimiento y que no terminen desapareciendo. CEDU es la gremial por excelencia para defender a las pymes. Dependemos mucho de las pymes en la creación de empleo, entonces, tratamos de aportar herramientas para que puedan seguir aportando a las economías locales.
¿Cómo evalúan el proceso de digitalización que han tenido los comercios?
Es una realidad que los consumidores, cada vez más, optan por hacer sus compras en línea y tener una plataforma o una aplicación para comprar, y hay que ir adaptándose a esa digitalización. Nosotros como CEDU tenemos pensado un proyecto donde se pueda trabajar en un marketplace que nuclee a las empresas socias y sea un motor de búsqueda de todos los artículos que los socios venden para potenciarse en conjunto, generar una sinergia para que no sea la aplicación de un almacén por un lado y de una veterinaria por otro, sino que el usuario pueda encontrar todas las herramientas en un mismo sitio.
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