El año pasado Uruguay fue noticia mundial por grandes alijos de cocaína. Además de las 5,1 toneladas halladas en Europa, enviadas desde Uruguay por vía área y marítima; en 2019 se incautaron 12 toneladas de cocaína en nuestro país, una cifra mayor que durante todo el período 2005 – 2018. Pero los acontecimientos relacionados al narcotráfico empezaron antes. En la década del ‘90, los principales cárteles colombianos y mexicanos se instalaron en Punta del Este, desde donde lavaron dinero del narcotráfico. En los últimos tiempos y en particular el año pasado, se detectaron varios cargamentos de cocaína escondidos en contenedores de grandes buques que zarpan de los muelles del puerto de Montevideo hacia Europa y África.
Desde fines de la década de los ‘80 hasta el agitado año 2019, en Uruguay se han detectado aislados, pero notorios, episodios vinculados a organizaciones internacionales de narcotráfico. Por ejemplo, en 1989, fue detenido en Punta del Este Raúl Vivas, un joyero argentino acusado de lavar al menos 1.200 millones de dólares del cártel de Medellín a través del Cambio Italia, recinto financiero que posteriormente fue clausurado por el Banco Central del Uruguay (BCU). Todos sus directores quedaron libres, pero Vivas no corrió con esa suerte y fue extraditado a Estados Unidos (EE.UU.) donde cumple una condena de 515 años por lavar dinero del narcotráfico. El joyero realizaba las operaciones de lavado mediante estafas. Vendía oro a EE.UU. de forma real y también de forma ficticia.
En el verano de 1991, y también en el principal balneario esteño del país, fue detenido Ramón Puente Patiño, contador del cártel de Cali, señalado de ser el cerebro del “Yomagate”, nombre mediático del caso que involucraba a la cuñada del entonces presidente argentino Carlos Saúl Menem, Amira Yoma. En esa operación, al menos cuatro sociedades anónimas uruguayas lavaron activos de la organización colombiana que traía valijas con efectivo desde Buenos Aires, con la complicidad del esposo de Yoma, Ibrahim al Ibrahim, que era director de la aduana del aeropuerto de Ezeiza y dejaba pasar las maletas de dinero mal habido. Más de una vez, a Yoma se la vio bajar de una camioneta gris con varias valijas con plata que depositaba en distintos bancos locales ubicados en la península. Salvo Puente Patiño -extraditado a EE.UU.- y su socio boliviano Emilio Setelich, los demás involucrados quedaron absueltos por la justicia Argentina y Uruguaya.
Cárteles mexicanos también eligieron Uruguay para lavar y operar
La segunda mitad de los ‘90 fue momento de conocer a los cárteles mexicanos. Perseguido en su país por la Drug Enforcement Agency (DEA), Amado Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez, tras pasar unos meses en Argentina con su esposa, se enamoró de Punta del Este y se refugió en el balneario a partir de 1997.
En el año 1991, Carrillo Fuentes había creado una alianza con Joaquín “Chapo” Guzmán” e Ismael Zambada con quienes conformó el poderoso cártel de Sinaloa.
En 1997, contrató al estudio jurídico Posadas, Posadas y Vecino y compró una casa en Punta del Este por más de medio millón de dólares. Pero al poco tiempo, Carrillo murió, mientras se practicaba una cirugía plástica para modificar su cara. Lo suplantó su hermano Vicente, ya que el socio principal de Amado, Eduardo González Quirarte, se había pegado un tiro en la cabeza cuando lo perseguía la policía y quedó muy grave. González Quirarte era el bróker del cártel en Panamá y Sudamérica. En la “Operación Casablanca” de 1999, se descubrió que los mexicanos lavaron 100 millones de dólares en Argentina y al menos 3 en Uruguay.
En febrero de 2008, en la estancia “El Catalán” ubicada en La Concordia, Soriano, el ex titular de la Brigada Antinarcóticos, Julio Guarteche, capturó infraganti a varios miembros del cártel de Sinaloa después que aterrizara una avioneta proveniente de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) con 142 kilos de cocaína. Además del establecimiento rural que oficiaba de base de operaciones del cártel, la organización tenía vínculos con una Sociedad Anónima ganadera de Lavalleja.
La mitad de los detenidos vivía en Puerto Madero, Buenos Aires; mientras que dos de los narcotraficantes mexicanos residían en Villa Biarritz. En Montevideo se encargaban de organizar exportaciones para mandar cocaína a Europa. Según Julio Guarteche, ex director de la Brigada Antinarcóticos, el plan de esta célula del cártel de Sinaloa era enviar 2 mil kilos en contenedores de carne y merluza.
Por los “Panamá Papers” detectaron la mayor operación local de lavado
El 21 de abril de 2016, mientras esperaba a sus hijos en la puerta de un colegio de Carrasco, fue detenido en Montevideo, Gerardo González Valencia, uno de los 17 hermanos del capo del cártel mexicano Los Cuinis, Abigael González Valencia. El mexicano planeaba huir del país porque ya sabía que lo estaban buscando. Antes de ser esposado, el narcotraficante tiró contra el piso su celular destruyéndolo por completo e intentó sobornar a los efectivos policiales.
Autoridades del Ministerio del Interior señalaron que la “Operación Jalisco” -fruto de más de un año de trabajo de investigación-, fue la mayor operación de lavado de activos vinculada al narcotráfico en la historia uruguaya. Además del mexicano fueron imputadas cinco personas que también participaban del delito.
Gerardo vivió en Buenos Aires de 2007 a 2011, y luego se instaló en Punta del Este. A partir de la investigación internacional conocida como “Panamá Papers”, la justicia determinó que Gerardo blanqueó dinero que provenía de ese cártel mexicano mediante varias inversiones inmobiliarias en Punta del Este por 10 millones de dólares, a través de tres sociedades anónimas offshore panameñas.
Según la DEA, el cártel operado por los hermanos González Valencia, que empezó siendo el brazo financiero del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), es la organización mexicana de tráfico de drogas más rica y poderosa del mundo. Trafican cocaína y metanfetaminas, y a diferencia de los otros cárteles mexicanos que venden exclusivamente a EE.UU, Los Cuinis envían la droga a Europa y Asia.
La estadía de este narco coincide con el auge permisivo de la industria química argentina que los cárteles mexicanos aprovecharon para elaborar sus drogas. Entre 2004 y 2008, Argentina importó 48 toneladas de efedrina, de las cuales 41 fueron desviadas al mercado negro. Investigaciones posteriores dieron cuenta que la mayoría de la efedrina era utilizada para producir metanfetamina en México.
Antes de ser extraditado y juzgado en EE.UU., el mafioso mexicano fue alojado en una cárcel de máxima seguridad dependencia de la Guardia Republicana -sin los privilegios de Morabito-. González Valencia denunció malos tratos y amenazó al ministro del interior, Eduardo Bonomi, con “colgarlo del puente más alto”.
A 14 años de la Operación Campanita, el llamado de atención de Guarteche
Corría el mes de setiembre del año 2006 cuando el ex director de la Brigada Antinarcóticos, confirmaba en rueda de prensa que el nombre de dicho operativo, se debía a que significaba “un llamado de atención para todos nosotros”.
En la investigación, que terminó desbaratando una red de narcotraficantes, participaron la DEA, la policía española, colombiana, brasileña y la argentina. Los resultados permitieron realizar una radiografía de como operaba la banda.
En una pantalla, Guarteche mostró una foto del colombiano Alexander Pareja García, señalado como “el jefe de la organización y dueño” de los 350 kilos de cocaína que se habían incautado en dicho operativo; cargamento del que luego se pudo confirmar que era perteneciente al cártel colombiano del Norte del Valle, aunque estimaban que la droga fue producida y embalada en territorio boliviano.
Según la policía de Brasil, la banda tenía ramificaciones en Argentina y otros países de Sudamérica, desde donde enviaban mensualmente a Europa entre media y una tonelada de cocaína. Esta organización fue la que traficó 4,2 toneladas de esa droga que fueron decomisadas en el barco pesquero Roque Nublo en las Islas Canarias a fines de 2005 que tenía como destino Galicia.
El ex director de la policía indicó que “Pareja García era el encargado de adquirir la cocaína” y que a pesar de tener solamente 36 años “era un individuo muy importante a nivel internacional, que poseía muchos bienes y mucho capital”. Su socio, para el transporte de la droga era “Nacho” Nazzar Chemavonian Panosian, empresario uruguayo, con antecedentes penales, por homicidio en 1983 y por estar vinculado al contrabando de cigarrillos entre Paraguay y Uruguay.
“Nacho” recibió la ayuda logística de un joven de 24 años apodado “El cabezón Ricky”, que tenía “muchísima experiencia en narcotráfico internacional”. Su padre, preso en España, “era la persona involucrada en la organización en Valencia. Su hijo era el coordinador del transporte en nuestro país, y se encargaba de recibir la droga en la frontera. También era quien esperaba la orden para sacarla del país”, explicó en ese momento Guarteche y agregó que en el transporte de la droga “estuvieron involucrados varios uruguayos, que la misma ingresó por Paysandú y que el 1 de agosto fue traída a Montevideo”. Operarios uruguayos eran los que trasladaban la droga desde un laboratorio en Parque Batlle, donde se confeccionaba la carga, hasta una casa ubicada en Manga. Del transporte internacional “se encargaban dos ciudadanos coreanos, que sacaban la droga a través de la importación de calamares a España, que era su especialidad”.
Entre los 30 detenidos había contadores y empresarios involucrados con el lavado de activos proveniente del tráfico de drogas de la organización. Según surge de la investigación, el español-uruguayo José Luis Suárez, jefe “diplomático” de los narcotraficantes realizó contactos con dos pilotos de la aerolínea Pluna, Fernando Roldán, ex presidente del sindicato de trabajadores de Pluna y Gustavo Furest, ex secretario del sindicato; quienes trasladaban valijas con droga hacia Europa y después volvían a Uruguay con el dinero proveniente de la venta de la droga. Roldán presentó renuncia a su cargo dos días antes de ser detenido por la policía.
En el aeropuerto de Carrasco los pilotos eran aguardados por uno de los empleados del empresario griego Ángelo Vulgaris Angélopoulos, conocido por haber organizado el Mundialito de 1980 y de haber introducido la TV color en el Uruguay en esa oportunidad. De hecho, la investigación comenzó en 2005 tras el arresto en Inglaterra del propio Vulgaris, al que le fueron requisados 120 mil euros pertenecientes a la organización liderada por el colombiano Pareja García. Después de la quiebra del frigorífico del que era dueño, Vulgaris se dedicó a los negocios nocturnos y otras actividades financieras. Entre ellas se encargaba de recibir el dinero y acordar con Suárez de qué forma blanquearlo en el mercado.
Los encargados de lavar los activos eran dos contadores públicos, Jorge Caruso y Ruben Weiszman. Este último era considerado por los investigadores como uno de los principales lavadores de dinero de Buenos Aires y Río de Janeiro. A finales del año 2000, Weiszman estuvo implicado en el caso de Emir Yoma, una millonaria maniobra de tráfico ilegal de armas entre Argentina y Ecuador.
Alexander Pareja García fue detenido a fines de setiembre en San Pablo luego de que Interpol Uruguay librara una orden de captura a nivel internacional. Pareja García había escapado de Uruguay por el Chuy con rumbo a la capital paulista, donde tenía buenos contactos con miembros del Primer Comando de la Capital (PCC). Lo encontraron en una mansión custodiada por seis guardias. Por su parte, “Nacho” Nazzar Chemanovian, que había fugado después de quedarse con 500 mil dólares que Pareja García le había dado para comprar un buque coreano para traficar, fue capturado por oficiales de Interpol en Colombia.
En tres años, esta organización almacenó cerca de 50 millones de dólares. Parte de ese dinero fue lavado con la adquisición de propiedades en Montevideo, campos en Cerro Largo, un hotel de lujo en Punta del Este y varias empresas, entre ellas una casa cambiaria que operaba en el centro de la capital uruguaya.
Puerto de Montevideo: El epicentro uruguayo del tráfico transatlántico
Investigaciones complementarias entre la policía de España y la de Uruguay en 2008 permitieron desbaratar una organización que pretendía enviar cargamentos de cocaína desde el puerto de Montevideo hacia el puerto gallego de Vigo.
Las autoridades ibéricas lograron determinar vínculos entre una organización española dedicada a falsificar billetes y desembarcar alijos de cocaína, con una organización sudamericana en Uruguay, fruto de la Operación Cancerbero I, en mayo y Cancerbero II en noviembre; en los que las autoridades uruguayas procedieron a detener a más de 20 personas y se incautaron 443 kilos de cocaína.
La organización española fue desbaratada en junio de 2008 tras acciones de lo Mossos d’ Catalunya, que constataron que la banda asentada en Barcelona con nexos en Galicia, planeaba ingresar un contenedor con 600 kilos de cocaína. Los narcotraficantes uruguayos pretendían mandar el cargamento de droga desde el puerto de Montevideo hasta el de Vigo escondido entre pescado congelado, pero fueron descubiertos en plena faena. Ocho meses después, la misma organización intentó hacer un envío de droga, pero la operación también falló, ya que las autoridades uruguayas detectaron la droga camuflada en redes de pesca.
Según las investigaciones la droga que manejaba esta organización criminal era suministrada por un cártel colombiano y era transportada hacia España desde Uruguay y Brasil. Varios integrantes de la red eran integrantes de grupos delictivos uruguayos que se fusionaron para repartirse tareas e incrementar sus ganancias. “Se encargaban, de contactar y comprar la droga a los colombianos y de buscar posibles receptores en España para colocar la mercancía”.
Junto a los 15 uruguayos involucrados en esta maniobra delictiva, entre los que estaba un empresario pesquero, que era quien aportaba la logística a la organización, se detuvo a un ciudadano venezolano y a dos españoles. La investigación policial pudo determinar que la droga había sido ingresada por Argentina, en vehículos acondicionados, por las fronteras de Paysandú y Salto. Antes de trasladarla al puerto era acopiada en un galpón del Mercado Modelo.
Entre los dieciocho detenidos se encontraban los empresarios deportivos Edward “Vela” Yern y Luis “Cabeza” Sumasi, acusados por “financiación al narcotráfico”. El ex Juez de Crimen Organizado, Jorge Díaz, confirmó que los ex basquetbolistas emitían préstamos de dinero al jefe de la organización Daniel Marrero. Yern también fue procesado por un delito de cohecho, luego de comprobarse que ex gerente de Tenfield coimeó a los subcomisarios de la seccional 15 a efectos de la liberación de su hijo después que a este le descubrieran 40 kilos de marihuana en el interior de su auto. Los policías accedieron y también fueron procesados.
En su procesamiento, Díaz fundamentó su plena convicción en cuanto a que Yern conocía el destino de los 42 mil dólares que entregó a uno de los procesados por la posesión de la droga. Ese dinero financió unos 20 kilos del embarque de 319 kilos de cocaína que nunca consiguieron sacar del puerto de Montevideo.
Tanto en los Operativos Cancerbero I, Cancerbero II y Campanita, en las indagatorias y grabaciones aparecía el nombre de Washington “Bocha” Risoto, representante de futbolistas con antecedentes penales por narcotráfico en 1996.
Fuentes de Brigada Antidrogas y de la Prefectura Naval señalaron en ese momento que Risoto era un especialista en el envío de droga hacia Europa. “Comenzó en la década de 1990 enviando valijas, luego se especializó en los envíos marítimos, en barcos de pesca españoles y contenedores. Gracias a los contactos que tenía en el Puerto lograba acondicionar la droga en los buques.
Risoto fue detenido y puesto libertad a las pocas horas ya que brindó información de calidad para la investigación, en los que surgieron nombres de poderosos narcotraficantes de Uruguay y la región que operaban desde el Penal de Libertad.
Durante la operación Cancerbero II, los integrantes de la banda culparon a Risoto por la pérdida de los 319 kilos de cocaína y de vender información a la Policía. Luego de ese caso sufrió una balacera en la puerta de su automotora “Palermo Rent a Car”. La Policía lo atribuyó a una vendetta por colaborar con la justicia. En enero de 2012 fue ultimado de 7 balazos en una esquina del Barrio Palermo.
En setiembre de 2018, se llevó a cabo una de las incautaciones más grandes de cocaína en Uruguay hasta ese momento en el puerto de Montevideo. 417 kilos de cocaína, fueron encontrados escondidos en fardos de lana con destino al puerto de Amberes, Bélgica, por los que fue detenido su principal responsable Amir Alial González, uruguayo, alias “el Turco”, con antecedentes penales desde 1973.
“El Turco” era considerado por la policía como uno de los capos más buscados para oficiar de nexo para el envío de droga al mercado europeo desde el Puerto de Montevideo. Se desempeñaba como empresario pesquero y era el propietario del local gastronómico “El Perro que Fuma”, ubicado en el exterior del Mercado del Puerto. Recinto donde en una oportunidad golpeó y amenazó al fallecido periodista César Casavieja por publicar un artículo donde lo mencionaba.
En el prontuario de “El Turco” aparecen delitos como desacato, hurto, libramiento de cheques sin fondo, contrabando y faena clandestina. En 2006, González fue señalado como el responsable de un cargamento de 93 kilos de cocaína que partió del Puerto de Montevideo en un contenedor con garbanzos que sospechosamente fue abandonado en un galpón de Lisboa, Portugal.
Del que también se comprobó que abandonaba cargamentos de soja en Europa es Martín Mutio. Indicado de ser el responsable del envío de 4 toneladas y media de cocaína, incautadas en el puerto de Hamburgo en agosto del año pasado, lo que significó la mayor incautación de cocaína en suelo alemán. La droga que tenía como destino Ámberes, Bélgica, fue cargada en junio por la empresa de Mutio.
Las incautaciones se multiplicaron en el último año
Durante 2019 los alijos y transbordos de droga en Uruguay (detectados), llegaron a cifras récord en todos los sentidos. En total, las incautaciones de cocaína durante el año pasado superaron las 12 toneladas, 1.591 % mayor que el año anterior, en el que apenas se decomisaron 755 kilos de la droga. Inclusive quintuplicó el anterior año récord en incautaciones que fue 2009 con 2.459 kilos. Pero la mayor parte de lo incautado ese año ocurrió octubre, en la operación “Guerrero de los Balcanes”; en la que más de 2 toneladas de cocaína fueron encontradas en el interior de un Yate anclado en el puerto de Santiago Vázquez. Incautación que fue la mayor dentro de territorio nacional hasta noviembre 2019.
El pasado 20 de noviembre, personal de Aduanas detectó más de 3 toneladas de cocaína dentro de un contenedor con destino hacia Cotonou en Benín (África). Los ladrillos estaban camuflados entre las bolsas de arroz de origen paraguayo. Un mes después el récord de cocaína incautada en Uruguay se volvió a batir. En la tarde del 26 de diciembre Aduanas detectó con el escáner anomalías en cuatro contenedores. Luego de abrirlos se encontraron con 4.417 kilos de cocaína.
Tras conocerse que la harina de soja había sido cargada en un establecimiento rural cerca de Dolores (Soriano), el fiscal, Enrique Rodríguez, ordenó la detención de cuatro personas. El dueño de la empresa agrícola, su hijo y dos de sus empleados. En la estancia se encontraron 1.500 kilos de cocaína adentro de un galpón y también fue descubierta en la misma una pista de aterrizaje clandestina.
El cargamento de cocaína encontrado en el puerto de Montevideo, tenía trazado viajar por el Atlántico hasta el puerto Lomé en la República de Togo (África). Desde hace años por África pasa el 30% de la cocaína que se consume en Europa.
El rol de Uruguay en la nueva estructura narco transnacional (parte II)
