El pasado 14 de agosto se aprobó por unanimidad en la Cámara de Senadores el proyecto de ley sobre actividades de alojamiento turístico en inmuebles, una reglamentación que, de ser aprobada en Diputados y luego por el Poder Ejecutivo, permitirá regular las viviendas o apartamentos que se alquilan con fines turísticos informalmente.
Una de las actividades más relevantes del turismo se centra en el mercado de los alojamientos; a pesar de esto, uno de los grandes problemas en el sector es el informalismo y el fenómeno de la economía colaborativa, que es aprovechado por personas que, de forma profesional y habitual, desarrollan la actividad fuera de los marcos legales que sí cumplen quienes poseen alojamientos registrados.
Frente a este escenario, algunos países establecieron límites respecto a la cantidad de veces por año en que una persona puede alquilar su casa, también en cuanto a los períodos de tiempo y servicios conexos, de forma de distinguir como nueva categoría de alojamiento “vivienda turística”. En ese sentido, desde el Parlamento y los núcleos de empresarios hoteleros, se busca generar herramientas que contemplen las nuevas realidades, evitando que los alojamientos compitan en forma desleal con la hotelería formal.
En esa línea, en febrero de 2023 se presentó el proyecto de ley sobre actividades de alojamiento turístico en inmuebles que busca regular esta nueva modalidad de alquileres, procurando equilibrarlo con el formal y evitar que los intermediarios en línea, registrados o no, hagan del alojamiento particular una industria informal que facilite la competencia desleal en el sector.
El pasado 14 de agosto el proyecto fue votado en la Cámara de Senadores y obtuvo la aprobación por unanimidad luego de salir de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de Senadores. El documento indica que los propietarios que alquilen sus viviendas con fines turísticos deberán informar al Ministerio de Turismo la cantidad de visitantes alojados y los días en los que se presta el servicio. A su vez, el propietario, administrador o explotador deberá realizar una declaración jurada en el Registro de Operadores Turísticos.
Los pasos por seguir son remitir el proyecto aprobado a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados y, en caso de tener el visto bueno, debe ser promulgado por el Poder Ejecutivo (salvo que se vete el texto aprobado en el Parlamento).
Necesidades que urgen
En relación con estos hechos, La Mañana dialogó con dos empresarios referentes del mercado de alojamientos nacional: Héctor Chaine, presidente del Centro de Hoteles de La Paloma, y Julián Safi, dueño del Hotel Horacio Quiroga de Salto. El primero de ellos explicó que esta ley podría ser de gran utilidad si se toma en cuenta que la actividad turística está en declive debido a la gran crisis que enfrenta Argentina y que en Uruguay los costos son altos, “si a esto se le suma la falta de registro de apartamentos o cabañas para turistas, se vuelve inviable el negocio”.
Chaine dijo que específicamente en La Paloma los establecimientos registrados rondan el 10% y 15%, y que en el resto del territorio nacional la situación es similar. Hace unos 49 años que se dedica a la actividad turística, y recuerda que en la década de los 80 no había más de 15 hospedajes, entonces los problemas actuales no existían, además de que se contaba con la gran llegada de visitantes argentinos.
“Hoy, más que nunca, es necesario que esa ley se aplique, estuvimos batallando varios años para que saliera porque siempre se le encontraban trabas, sobre todo el año pasado hubo un integrante que fue el único en oponerse y dificultó el acuerdo”, recordó.
Comentó sentirse indignado ante el hecho de que personas que saben que deben registrarse y pagar lo que corresponde no lo hagan. Esto lleva a que los registrados sean más caros por la necesidad de cubrir costos y la competencia se vuelve desleal. “Si nosotros no cobramos bajo, las personas no vienen, entonces es un círculo vicioso”, subrayó Chaine.
“El problema de Argentina no lo podemos arreglar nosotros, pero lo que nos atañe como uruguayos sí”, sentenció el entrevistado. Entiende que, si no hay fiscalización, no sirve de nada la ley. Indicó que el año pasado el Centro de Hoteles de La Paloma se puso a disposición por si no había personal para acelerar el trámite y hacerlo efectivo. El Ministerio de Turismo les brindó un listado de los establecimientos que están registrados, pero realizaron un relevamiento por su cuenta y encontraron que la oferta que existe en Booking o Airbnb es realmente muy grande.
“Hoy Booking está copando las ventas, y ellos se llevan entre un 20% y 25% de comisión de la tarifa, esto es un punto en contra para los que estamos registrados y es desmotivante”, expresó.
Por su parte, Safi reafirmó la idea de que la competencia es desleal porque los alojamientos turísticos no tienen las regulaciones de los hoteles, “no solo las regulaciones desde el punto de vista impositivo, sino también las relacionadas con la habilitación de Bomberos, por ejemplo, que económicamente significa muchos gastos”, apuntó.
Relató que los hoteles deben enviar diariamente a las autoridades la lista y documentos de los pasajeros que están pernoctando en el hotel, y que esa tarea requiere de personal. “A su vez, los alojamientos irregulares han traído problemas en otras ciudades como Barcelona, donde los prohibieron porque muchas personas alquilaban con el fin de cometer hurtos, por ejemplo. Otras veces alquilaban para hacer fiestas y en ese caso hay molestias por los ruidos. Es peligroso que todos los días entren y salgan desconocidos a un edificio”, expuso.
Por el camino de la prohibición
Para Safi hay que ser drástico porque existen mil formas de evadir una reglamentación, debido a que, a su entender, es difícil el control, “sobre todo en lo que pueda estar informal, como muchos alquileres de Punta del Este en verano, que es sabido que hay personal de portería que se dedica a conseguir inquilinos por días, semanas o temporada, y es difícil enfrentarse a ese mercado irregular que se da persona a persona”, aseguró.
“Por eso considero que la regulación debería ser drástica, no confiar en que se podrá controlar, hay que evitarlo y prohibirlo”, puntualizó. Dijo que un apartamento privado que se alquila por una semana no cumple con ninguna de las obligaciones de un hotel formal. “Tenemos que aprender de los países donde esto se ha prohibido y antes de que se instale aquí con más fuerza, erradicarlo”.
El empresario comentó que, a veces, estos alquileres provocan que las personas decidan irse fuera de las ciudades porque los alojamientos están en el centro y se colman de desconocidos sin registro.
Décadas sin inversiones
Chaine indicó que otro de los asuntos que debería resolverse es la “gran diferencia” que nota entre Rocha y Maldonado vinculada a las inversiones, no solo de privados sino estatales, como la generación de centros de convenciones para tener personas todo el año, así como las mejoras en las calles, entre otras cosas. “Nosotros no queremos ser semejantes a Punta del Este, pero se marca la diferencia”, apuntó.
Comentó que a Rocha no se envían inversiones del Estado porque parece no haber interés. “Hace cuatro años presentamos un proyecto en la Intendencia, se trató de un plan para generar espacios que permitan que lleguen personas todo el año y hacer actividades acá, desarrollar cosas que solucionen algunos problemas de los operadores que invertimos mucho dinero, que se creen más fuentes de trabajo, pero no prosperó”.
El entrevistado recordó que luego de la dictadura hubo cuatro gestiones departamentales que, a su entender, fueron desastrosas y durante 20 años no se desarrolló La Paloma ni Rocha en general. “Creo que, si el Estado se preocupara un poco más por hacer infraestructura, si Argentina mejorara un poco su situación y si se aplica el proyecto de ley, todo mejoraría”, reflexionó.
Sumó que el proyecto de ley aprobado en Senadores no va en contra de nadie, sino a favor de la igualdad y el Estado porque ingresarían más recursos debido a los impuestos, al tiempo que habría más fuentes de trabajo. “Lo importante también es ver cómo se fiscaliza. A los que estamos regularizados nos visitan todo el año, pero a los irregulares no van”.
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