El economista y asesor en Desarrollo Sostenible de la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay, conversó con La Mañana acerca de los desafíos estructurales que el país debe abordar hacia el futuro para, de esa manera, consolidar un proceso de desarrollo sostenible. Además, analizó los efectos de la pandemia y puso énfasis en la importancia de la integración productiva de la región.
¿Cuál es el trabajo que lleva adelante la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay? ¿En qué apoyan al país?
La ONU (Organización de las Naciones Unidas) está presente en Uruguay desde hace más de 70 años y su labor principal es acompañar los esfuerzos del país para hacer realidad la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.
Tomando en cuenta estos antecedentes, en diciembre de 2020 firmamos junto al gobierno el “Marco de Cooperación” para el período 2021-2025, definiendo de forma conjunta cuatro prioridades estratégicas. En primer lugar, una economía que innova, que genera empleo y que garantiza la sostenibilidad del desarrollo. Segundo, un Estado eficiente, presente en el territorio y que rinde cuentas a los ciudadanos. Tercero, políticas públicas que aseguran educación, protección social y salud de calidad. Por último, una sociedad que promueve el desarrollo y los derechos de las personas.
En este documento se plasman los acuerdos alcanzados con el gobierno uruguayo en relación con la cooperación que brindará la ONU al país en los próximos cinco años, y las agencias, fondos y programas que componen el Sistema de las Naciones Unidas, adhieren de esta forma a una estrategia común de acción y cooperación acordada quinquenalmente.
¿Con qué otras entidades trabajan en Uruguay y cuáles son los objetivos?
En Uruguay trabajamos además con la sociedad civil, academia, empresas, trabajadores, medios y la ciudadanía en general, para contribuir a que la política pública genere cambios significativos que mejoren la vida de las personas. Adicionalmente, a través de su red global, Naciones Unidas conecta al país con el conocimiento, la innovación, las alianzas y el financiamiento necesarios para que el desarrollo sostenible llegue a todos, sin dejar a nadie atrás.
¿Cómo diría que se puede avanzar en un modelo de desarrollo sostenible y que a la vez agregue valor?
El desarrollo sostenible constituye un principio organizador para alcanzar los objetivos de desarrollo humano en un sentido amplio, y tiene como uno de sus ejes centrales la búsqueda del bienestar de las poblaciones más vulnerables a través de la igualdad de oportunidades, el empleo decente y la protección social, entre otros.
América Latina y el Caribe cuenta en estos ámbitos con múltiples desafíos: más de un tercio de los latinoamericanos son pobres —33,7% de la población o 209 millones de personas— y la pobreza extrema en la región pasó del 13,1% en 2020 al 13,8% en 2021 (CAF, 2022).
Por otra parte, en lo relativo al mercado de trabajo, la tasa de informalidad en el período 2017-2019 era de 51%, cifra muy similar a la observada en 2012. En esos años, por lo tanto, uno de cada dos ocupados era informal, lo que configuraba un escenario complejo, incluso de forma previa a la irrupción de la pandemia (OIT, 2022).
¿Qué puede decir sobre el caso de Uruguay?
En el caso de Uruguay, un informe reciente del Sistema de Naciones Unidas (Transiciones hacia el desarrollo sostenible – Aportes para el debate, 2021) identifica dos nodos críticos para superar el triple desafío económico, social y ambiental: por un lado, la transformación económico-productiva para la sostenibilidad y generación de empleo de calidad y, por otro, la convergencia de capacidades para la inclusión.
¿Qué efectos tuvo la pandemia sobre los problemas de desarrollo de los países?
La pandemia ha visibilizado aún más los desafíos estructurales presentes de forma previa a la misma. En particular, los relacionados con la seguridad social, el mercado de trabajo y las desigualdades persistentes. A ello se suman retos que, si bien no están estrechamente relacionados con la pandemia, pueden entorpecer la recuperación de la economía y el bienestar de su población en un futuro cercano: la baja productividad y el deterioro del ambiente.
Estos desafíos estructurales se han ido gestando y han estado presentes desde hace décadas. Sin embargo, el fin del ciclo económico expansivo que marcó la década siguiente a la crisis económico-financiera de 2002 los ha puesto nuevamente en evidencia.
¿Cómo se encuentra Uruguay en materia de desarrollo sostenible y cuáles son los mayores desafíos para el futuro en ese sentido?
Uruguay ha avanzado durante las últimas décadas en esta materia, pero para transitar desde la actual situación de país de “ingresos altos” hacia un estadio de desarrollo sostenible, debe abordar una serie de desafíos estructurales como son la compatibilización entre la dimensión ambiental y la productiva, la solidaridad y fiscalidad intergeneracional, y las desigualdades persistentes con expresiones significativas de carácter intergeneracional, de género y territorial.
En efecto, los cambios demográficos, económicos y sociales y las políticas laborales, sociales y tributarias desplegadas, parecen haber alcanzado un techo en su capacidad para producir nuevos saltos cualitativos en materia de inclusión y distribución del ingreso.
Por otra parte, el país aún cuenta con rezagos en materia de transformación productiva sostenible y de adquisición de base tecnológica que se reflejan en un magro desempeño agregado en materia de productividad y en una creciente brecha entre los niveles de actividad de diferentes sectores económicos (PNUD, 2021).
¿Es viable que el país lleve adelante un proceso de desarrollo sostenible en este contexto?
En realidad, esta heterogeneidad estructural de la que hablaba, similar en muchos aspectos a la que se observa en el resto de los países de la región, dificulta la consolidación de un proceso de desarrollo sostenible en el largo plazo.
En una entrevista de 2019 con La Mañana, usted destacó la necesidad de Uruguay de ir hacia una economía del conocimiento, un concepto que ha desarrollado por ejemplo el Dr. Ricardo Pascale, dos veces presidente del Banco Central del Uruguay. ¿Qué importancia tiene entrar en un proceso de esas características? ¿Qué se juega el país en ello?
La economía del conocimiento, sector que utiliza la información como elemento fundamental para generar valor y riqueza por medio de su transformación a conocimiento —educación, investigación y desarrollo, tecnología, informática, telecomunicaciones, robótica y nanotecnología—, constituye una actividad económica clave para consolidar la transformación productiva del país.
No obstante, esta apuesta no debería pensarse de forma aislada de los desafíos económicos, sociales, culturales y ambientales reseñados anteriormente. En este sentido, cualquier política de promoción de aquellos sectores vinculados a la economía del conocimiento debería contemplar los siguientes tres aspectos: la superación de una estructura productiva dual que permita la inclusión de amplios sectores marginados de la sociedad; el aumento de la inversión en ciencia y tecnología a tasas muy superiores al promedio histórico con el objetivo de consolidar sectores líderes en la nueva economía del conocimiento; y la mejora del patrimonio medioambiental para las futuras generaciones, a través de una producción de base agroecológica y focalizada en la economía circular.
¿Qué desafíos enfrentan los Estados latinoamericanos para impulsar el desarrollo? ¿Qué roles juegan el regionalismo y los procesos de integración?
El desempeño económico de América Latina y el Caribe se encuentra indisolublemente asociado a una estructura productiva que en sus aspectos sustantivos no se ha modificado durante las últimas décadas. A las exportaciones de oro, plata, café, cacao y azúcar de la época colonial, se sucedieron luego el petróleo, cobre, hierro, soja y madera, pero sin alterar en lo esencial una inserción periférica en los mercados internacionales.
Exportando principalmente materias primas y bienes intensivos en trabajo no calificado, e importando productos manufactureros de mayor valor agregado, los países de la región experimentaron a lo largo de su historia una elevada volatilidad macroeconómica, un pobre desarrollo científico y tecnológico y un rápido agotamiento de sus recursos naturales.
En este sentido, ¿cuál es la importancia de la integración productiva?
La integración productiva constituye un pilar fundamental para la superación de la heterogeneidad estructural característica de los países de la región. Me refiero a la escasa diversificación productiva, la especialización en bienes primarios y la oferta ilimitada de mano de obra con ingresos cercanos a la subsistencia.
En América Latina y el Caribe, a pesar de la falta de avances sustantivos en materia de procesos genuinos de integración, existen algunas referencias que podrían ser de utilidad para repensar las políticas de desarrollo productivo de los Estados nacionales, combinando la experiencia de países como Finlandia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Malasia, con algunos ejemplos de la propia región.
A nivel global, las políticas de desarrollo productivo exitosas a lo largo de la historia han incorporado el eje regional como un elemento clave y han incluido, entre otras cosas, políticas públicas enfocadas en las siguientes áreas: inversión extranjera directa, incentivos fiscales, exoneraciones tributarias y subsidios, acuerdos comerciales, acuerdos multilaterales, financiamiento para el desarrollo, empresas públicas, desarrollo de proveedores, alianzas público-privadas, sistemas de ciencia, tecnología e innovación, sector privado y pequeñas y medianas empresas, certificación y estándares de calidad, y aspectos educativos con diferentes énfasis —educación formal, capacitación, formación técnica y capacidades estatales para la planificación del desarrollo—.
¿Puede dar un ejemplo sobre esto?
Como ejemplo podría mencionar que en el propio origen del Mercosur el acuerdo comercial definido para la cadena automotriz, liderado por Argentina y por Brasil, incorporó como objetivo principal desde sus inicios el análisis y la superación de las asimetrías existentes con respecto a los dos países de menor tamaño relativo, Paraguay y Uruguay. Este acceso a los mercados de mayor tamaño de la región permitió que en estos países pudieran desarrollar una industria para la que no contaban inicialmente con ventajas competitivas.
Este acuerdo contiene algunos elementos que deberían considerarse a la hora de repensar las políticas de desarrollo productivo de los Estados con énfasis regional: liderazgo de los países que cuentan con mayor desarrollo relativo en los sectores que se propongan impulsar, previsibilidad de los acuerdos comerciales, marcos normativos de integración que trasciendan los ciclos electorales, programas de desarrollo de proveedores nacionales, transferencia tecnológica y certificaciones de calidad.
TE PUEDE INTERESAR
