Programa forestal de reducción de carbono en Nueva Zelandaa través de los llamados bosques permanentes, se ha convertido en un negocio mucho más lucrativo que la producción ovejera o vacuna, incluso más que la forestación de exportación.
Mientras Uruguay debate qué tipo de forestación quiere y define cuál será el modelo que adopte, en Nueva Zelanda se desarrolla una polémica similar, pero con bosques permanentes, esto es que los árboles no son utilizados como producción ni exportación, sino que son plantados por empresas privadas que alegan argumentos medioambientales como la mitigación del cambio climático a través de créditos de carbono, sin embargo no deja de ser un negocio muy lucrativo que va desplazando la producción ganadera y vaciando las áreas rurales. A Uruguay aún le falta llegar ese punto, pero es probable que veamos esa discusión instaurada más pronto de lo que imaginamos. Algunos de los argumentos que se leen en la prensa de aquel país tienen mucho parecido con lo que se lee y escuchan aquí.
El sitio informativo neozelandés Newshub informó que el martes pasado más de 100 personas participaron de una reunión en Oamaru (en la Isla Sur) para expresar su preocupación por el desarrollo de un emprendimiento forestal a gran escala en esa zona.
Se trata de la empresa Nueva Zelanda Carbon Farming que compró un establecimiento ganadero de 2.500 hectáreas ubicado en la cabecera del río Kakanui. La empresa planta bosques permanentes para mitigar el cambio climático a través de créditos de carbono y los habitantes del lugar temen por el impacto negativo que ese emprendimiento puede tener. Las preocupaciones se fundamenten en que la compañía ya tiene un área en Waitati (lugar próximo a Oamaru) y se están sintiendo efectos ambientales adversos, dijeron.
“Ya se considera que el río Kakanui tiene escasez de agua, por lo que la presencia de bosques en un área tan grande en las cabeceras de la cuenca afectará la cantidad de agua que llega al río”, dijo el ingeniero de recursos naturales Irricon Keri Johnston haciéndose eco de los vecinos del lugar, además aclaró que la comunidad no está en contra de la silvicultura sino que quieren saber cómo pueden ser afectados por esa actividad.
“La calidad de los pequeños cursos de agua que atraviesan la finca se ha deteriorado, las plagas se han convertido en un gran problema, ahora tienen canguros en esa área que antes no los tenía”, dijo el ingeniero.
Los habitantes pretenden que se establezcan regulaciones para garantizar que los bosques no tengan efectos negativos en el medio ambiente. “Nadie está en contra de la silvicultura, solo queremos asegurarnos de que se planten los árboles correctos en el lugar correcto”, enfatizó Irricon.
La posición de la empresa va por la defensa del medio ambiente ya que los bosques permanentes más grandes de Nueva Zelanda contribuyen significativamente a los objetivos climáticos del país, se argumentó.
“Más del 95% de los 66,7 millones de árboles de New Zealand Carbon Farming con control de carbono se plantan en tierras marginales, a menudo en áreas empinadas y propensas a la erosión”, alegó la compañía.
Los residentes en zonas donde se han instalado bosques permanentes lamentan el auge forestal porque genera cada vez más pueblos fantasmas, la gente se va porque pierde el trabajo
La forestación y el vaciamiento de las zonas rurales
Pero los problemas de tantos pinos no son únicamente ambientales, también tienen efectos negativos en lo social corriendo a los habitantes rurales, y productivos porque donde antes había ovejas o vacas, ahora hay árboles.
La diferencia con Uruguay, es que la forestación en Nueva Zelanda se instala con el fin de cumplir con el objetivo que se ha impuesto ese país de alcanzar, en 2050, el carbono neutro.
En junio de 2020 Newshub publicó que las tierras agrícolas productivas de ganado ovino y vacuno de la costa este están cubiertas de pinos que tal vez nunca se cosechen ya que fueron plantados como “cultivo de carbono”, donde los árboles se plantan para obtener créditos de carbono, no para la venta.
Aunque las empresas que se dedican a eso argumentan que buscan favorecer el medio ambiente, hay que precisar que la iniciativa no es filantrópica sino capitalista, porque de acuerdo a la normativa del país el cultivo de carbono se ha transformado en una ganancia financiera inesperada para los propietarios de tierras, lo que a menudo lo hace más lucrativo que la producción e incluso más que la forestación con fines de exportación.
Newshub explicó que Nueva Zelandia tiene el objetivo de ser carbono neutral para 2050, y con el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) los llamados bosques permanentes y el carbono se convirtieron en moneda. Si alguien planta un árbol, gana créditos por el dióxido de carbono que absorbe y ese crédito se puede vender a una empresa que está teniendo que compensar sus emisiones. El precio de un crédito está alcanzando máximos históricos, por lo que hay pocos incentivos para cosechar los árboles.
El panorama es de más y más forestación, salvo que la actividad se regule.
Los residentes en zonas donde se han instalado bosques permanentes lamentan el auge forestal porque genera cada vez más pueblos fantasmas, la gente se va porque pierde el trabajo, y lo que quedan comienzan a perder servicios esenciales como los bancos que se van de las pequeñas ciudades por falta de población.
“Si seguimos plantando pinos y pinos y pinos, no tendremos comunidades ni tierras de cultivo en Nueva Zelanda”, dijo un residente rural de Tokomaru, otra de las zonas afectadas.
Un fenómeno mundial
El fenómeno no es único en Nueva Zelanda, también ocurre en otras partes del mundo. En la Unión Europea el RCDE UE fue creado en 2005 como el primer régimen internacional de comercio de derechos de emisión del mundo; también es el mayor, ya que representa más de tres cuartas partes del comercio internacional de carbono.
Según un artículo publicado por la Comisión Europea, el sistema demostró que poner un precio al carbono y comerciar con él puede funcionar.
En nuestro continente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó el informe “El mercado de carbono en América Latina y el Caribe: balance y perspectivas”. En la presentación señala que “uno de los mecanismos” para lograr un ambiente más sano “permite que proyectos de inversión elaborados en países en desarrollo puedan obtener ingresos económicos adicionales a través de la venta de créditos de carbono llamados Certificados de Emisiones Reducidas” (CER), al mitigar la emisión de gases de efecto invernadero o secuestrando dióxido de carbono de la atmósfera”.
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