Hansen-Kuhn es licenciada en Ciencias en Negocios Internacionales de la Universidad de Colorado y máster en Desarrollo Internacional de la Universidad Americana. Su investigación se ha centrado en las políticas comerciales y agrícolas de Estados Unidos y sus impactos en la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales y la crisis climática. En una entrevista que concedió a La Mañana, la especialista habló sobre los riesgos que puede traer consigo firmar un acuerdo como el Transpacífico y detalló algunas consecuencias que sufrieron otros países que se unieron al tratado.
Usted es la directora de programa del Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP por su sigla en inglés). ¿Podría explicar cuál es la misión y el propósito del instituto?
IATP es una organización de defensa sin fines de lucro que busca promover sistemas alimentarios, agrícolas y comerciales justos y sostenibles. Estamos ubicados en Estados Unidos, con una oficina en Berlín. Llevamos a cabo investigaciones independientes y trabajamos en asociación con organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, a nivel local, nacional y mundial. Abogamos por políticas públicas que alienten una transición lejos de la agricultura extractiva, limiten el poder corporativo y dirijan el financiamiento público hacia sistemas alimentarios más sanos, resistentes y equitativos.
En 2016, usted se unió a otras 50 organizaciones en una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos que advertía sobre los peligros para los trabajadores estadounidenses en caso de que el país se uniera al acuerdo TPP. Específicamente, advirtió sobre los riesgos para los pequeños agricultores de las cláusulas de propiedad intelectual y solución de controversias. ¿Podría explicar cómo estos aspectos del TPP perjudicarían a los pequeños agricultores?
Las reglas del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp, la versión actual del TPP) requieren que los países miembros ratifiquen la versión de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas después de unirse al Cptpp. Esa convención requiere protecciones de propiedad intelectual para las plantas durante 20 a 25 años y evita que los agricultores y criadores guarden e intercambien semillas protegidas. La versión anterior del tratado, que México, Vietnam y Uruguay, entre otros países, ya han ratificado, prevé una excepción para los pequeños agricultores; la versión de 1991 elimina esa opción. El resultado es que los agricultores tienen cada vez menos opciones sobre los tipos de semillas que quieren plantar. Se vuelve más difícil para los agricultores locales y sus aliados desarrollar nuevas variedades innovadoras que respondan a las condiciones climáticas cambiantes o las preferencias de los consumidores. Al mismo tiempo, amplía el control empresarial sobre el sistema alimentario.
El Cptpp también incluye reglas sobre inversión que facultan a los inversionistas extranjeros para demandar a los gobiernos por reglas que socavan sus ganancias esperadas. La solución de controversias entre inversores y Estados se ha utilizado en cientos de casos en todo el mundo para impugnar las leyes ambientales y otras leyes de interés público. Uruguay fue demandado por Phillip Morris por sus reglas sobre el etiquetado de cigarrillos. Aunque el gobierno finalmente prevaleció en ese caso, indudablemente hizo que otros gobiernos se mostraran reacios a promulgar reglas de salud pública similares.
Muchos de estos casos involucran quejas sobre energía y minería, pero incluso esos casos tienen consecuencias para los agricultores, especialmente cuando las operaciones contaminan los suministros de agua. Bajo el Tlcan (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), tres empresas agroindustriales estadounidenses demandaron al gobierno mexicano por las restricciones al jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y ganaron US$ 169 millones en compensación. Estados Unidos enfrenta una demanda de las empresas canadienses TC Energy Corporation y TransCanada Pipelines Limited por US$ 15 mil millones por la cancelación del oleoducto Keystone, un proyecto al que se opusieron enérgicamente ambientalistas, agricultores y pueblos indígenas tanto en Canadá como en Estados Unidos. Con la fuerte oposición de los grupos de la sociedad civil, el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (Usmca, la versión renegociada del Tlcan) eliminó la solución de controversias inversores-Estados entre Canadá y Estados Unidos y la limitó en los casos entre Estados Unidos y México. Sin embargo, los casos entre Canadá y México pueden continuar porque esos países son miembros del Cptpp.
¿Son estos problemas todavía válidos hoy en día en su opinión? Pequeños agricultores holandeses y belgas protestan contra las medidas adoptadas por la Unión Europea que ven que afectan a sus medios de producción. ¿Hay alguna forma de equilibrar los intereses de los pequeños agricultores con los del medio ambiente? ¿Es necesariamente la agricultura a gran escala lo mejor para el medio ambiente?
Estos temas comerciales todavía están incluidos en muchos acuerdos de libre comercio. Y, por supuesto, hay otros, como las medidas que abren los sectores vulnerables a las inundaciones de importaciones baratas de maíz, lácteos y otros commodities. Pero es importante recordar que esos acuerdos entre países y las reglas en ellos sobre semillas, inversión y otros temas no son inamovibles. Pueden ser cambiados o rescindidos. Hay alternativas.
Hay un movimiento creciente en todo el mundo por la agroecología. Esta ha surgido como un conjunto de prácticas basadas en principios que guían cómo producir alimentos de manera sostenible, así como también cómo gestionar las relaciones sociales que rigen la producción, el procesamiento, el intercambio y la gestión de residuos de alimentos de manera justa. Las discusiones sobre cómo definir y promover la agroecología han progresado en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas, entre los movimientos de agricultores, incluida la red mundial de La Vía Campesina, y entre algunos gobiernos. Implica encontrar métodos de producción más sostenibles y garantizar que las voces de los agricultores se incluyan en las decisiones sobre agricultura. En IATP recientemente comenzamos a publicar una serie de artículos en nuestro sitio web (https://www.iatp.org/agroecological-transitions) sobre las transiciones agroecológicas en todo el mundo.
Uruguay acaba de solicitar su ingreso al Cptpp. ¿Hay algún consejo que nos pueda dar en esta coyuntura?
El Cptpp es un enfoque neoliberal del siglo XX para los problemas del siglo XXI. Este año vimos una crisis en el suministro de trigo y fertilizantes provocada por la invasión rusa en Ucrania. En 2008, la crisis resultó de la combinación de especulación, sequía y el aumento abrupto de las metas de etanol. Mientras tanto, la emergencia climática en curso está afectando gravemente a las comunidades rurales y los productores de alimentos de todo el mundo. Firmar un acuerdo desarrollado en el pasado por otros gobiernos sin nuevas reglas que promuevan la agroecología y los derechos ambientales, laborales y otros derechos humanos básicos, sería un error. Es imperativo desarrollar nuevos enfoques para la política comercial que ayuden a aumentar la resiliencia, reducir la volatilidad en los suministros y precios agrícolas y promover la inversión en sistemas alimentarios locales y diversificados.
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