Uruguay es la “democracia más plena” de América del Sur y ocupa el lugar 14º en el mundo. Según el Índice de Democracia de The Economist, Uruguay tiene un puntaje de 8,66 sobre 10. Hay separación de poderes, se respetan los derechos de las minorías y es el pueblo por mayoría quien elige a quienes llevarán a cabo la política económica, ambiental, en educación, seguridad, etcétera. Y en ese sentido nuestro país tiene una extensa tradición diplomática basada en el diálogo y el respeto de la soberanía de cada país.
Recientemente la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, participó en diversos eventos en Nueva York, entre los que se destacan la Semana del Clima de América latina y el Caribe (Laccw), la apertura del debate general de la 79ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y encuentros organizados por la Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto (Gfanz), principal coalición internacional de instituciones financieras comprometidas con la descarbonización de la economía. Esta coalición se ha comprometido a lograr una economía neta cero emisiones de carbón para 2050. Su presidente es Mark Carney, enviado especial de las Naciones Unidas para la acción climática y las finanzas. Carney fue nada menos que gobernador del Banco de Inglaterra entre 2013 y 2020.
A lo largo de su participación en las convocatorias, Arbeleche disertó acerca de las acciones implementadas por el actual gobierno nacional, que permitieron incorporar los temas ambientales a la política económica, así como la estrategia de financiamiento sostenible que desarrolla Uruguay. Un ejemplo es el “bono verde” lanzado en el año 2022, el primer bono indexado a indicadores de sostenibilidad y cambio climático.
Según las Naciones Unidas, la ganadería es responsable cada año de la emisión del 12% de todas las emisiones que la actividad humana lanza a la atmósfera. Sin embargo, la principal actividad que emite CO2 es la combustión de combustibles fósiles (carbón, gas natural y petróleo) para generar energía.
Los combustibles fósiles comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria a nivel mundial y el sistema energético es la fuente de aproximadamente dos tercios de las emisiones globales de CO2. ¿Cuáles son los países que producen más combustibles fósiles en el mundo?: China, Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Canadá e Irak.
La industria agrícola holandesa se encuentra en un momento de mucha tensión. El país es el segundo exportador agrícola mundial y tiene la población más densa de ganado del mundo. El aumento de temperatura de los últimos años ha hecho que sus cultivos se sequen y haya que acudir al riego.
Algunos miembros del gobierno del país europeo, alineados a la ONU, entienden que este calentamiento responde al “cambio climático” y que la solución sería reducir a la mitad el número de cabezas de ganado. De esa forma se bajaría la emisión de carbono y así la temperatura. A esta “solución” se oponen los productores ganaderos, y ha hecho que el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB) partido de perfil agrícola haya cuadruplicado sus votos en 2023 con respecto a 2021.
Uruguay, país agrícola ganadero, acaba de adherir al Pacto de la Agenda 2045 de la ONU. No así la Argentina, argumentando su canciller, la Ec. Diana Mondino, que “la Argentina quiere tener alas para su desarrollo, sin estar sujeto a un peso indebido de decisiones ajenas a nuestras metas”. Esta agenda busca, entre otras cosas, bajar sensiblemente la emisión de carbono en el planeta.
Mientras China y Estados Unidos, los dos países más ricos del mundo, emiten grandes cantidades de carbono, ¿a quién deben consultar nuestros representantes, elegidos democráticamente, sobre nuestra producción ganadera? ¿A los habitantes de nuestro país o a un comité de burócratas, mayoritariamente extranjeros, dependientes de un organismo supranacional donde no tenemos peso alguno y cuya agenda ambiental parecería estar dirigida por grandes entidades financieras?
¿Hasta dónde la 14º democracia más plena del planeta es autónoma en el desarrollo de su política agrícola-ganadera? Creo que sería beneficioso estar más cerca de la Cancillería actual argentina, la misma que habilitó el dragado a 14 metros del canal de acceso al Puerto de Montevideo, reclamo uruguayo que tenía varias décadas.
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