Hace unos días proyectábamos a manera de simulación para el quinquenio 2025-29 la evolución de los grandes flujos macroeconómicos. Preocupados por los crecientes niveles de gasto, déficit y endeudamiento público que hemos presenciado durante la última década, nuestra inquietud enfocaba la posibilidad de poner un freno al gasto para lograr una estabilización de los cocientes deuda/PIB al cabo del quinquenio venidero.
Nuestra preocupación no era en vano. Nuevas cifras dan a entender que el resultado del sector público consolidado para el año en curso se aproxima a un déficit equivalente al 4% del PBI, superando el 3,8% resultante del año anterior. ¿Cómo se financia un déficit de tal porte? Pues una parte menor puede disimularse mediante el “señoreaje” de la emisión del BCU, proveyendo el circulante adicional para un país que crece poco y experimenta baja inflación. Pero la parte del león (digamos 3% del PBI) deberá provenir de los mercados internacionales, quienes hasta ahora no han pestañado en cuanto a financiar el exceso de gasto de nuestro país.
En medio de todo esto, una señal de alarma vino a despertar la complacencia del medio local ante sondeos que indicaban que los partidarios de aprobar el plebiscito de la seguridad social eran más de los que originalmente se pensaba. El impacto de una posible aprobación agregaría varios puntos porcentuales de déficit al sector público global, amén de liquidar el ahorro privado de los uruguayos en las AFAP (equivalente aproximadamente un tercio del PIB).
En realidad, no nos preocupó demasiado esta segunda noticia, dado que tenemos una inmensa fe en que el pueblo uruguayo sabrá evitar un harakiri colectivo, existiendo formas menos llamativas de concitar la atención de los medios globales. Por más que el PCU no cese en su empeño por destruir este país cuya existencia en América Latina desmiente todas las “verdades” que los soviets hicieron sagradas, primará la cordura y la razón.
Pero sí nos llamó la atención el hecho de que, mientras se percibe como amenaza existencial un semejante impacto del sabotaje a la seguridad social, se acepta resignadamente convivir en el tiempo con un déficit fiscal de similar porte. Con un déficit global del sector público en torno al 4% del PBI, en un lustro nuestro cociente deuda/PIB estará rayando los tres dígitos.
Nuestro país es experto en gastar más allá de sus ingresos genuinos. El echar mano a la emisión y al endeudamiento ha sido una constante en el manejo de las cuentas públicas, algunos gobiernos con más alevosía que otros, pero todos al fin. Nuestro temor radica en que nos estamos aproximando ya a niveles que podrían generar preocupación en los mercados financieros internacionales de los que nos nutrimos de financiamiento.
La simulación arranca con la observación de que la tasa de crecimiento promedio anual de la economía en los últimos 10 años ha sido del 1,1%, como ilustra el cuadro adjunto. Queda clarísimo que una vez agotado el superciclo de commodities en el 2013, nuestro país regresó a la reptante dinámica que ha caracterizado sus últimos 70 años. Y que, aun así, para mantener dicha modesta tasa es necesario acudir al endeudamiento internacional para alimentar el consumo como motor de este modelo de cuasi crecimiento.
Porque seamos sinceros, Uruguay no tiene un modelo de crecimiento, sino un modelo de subsistencia con ocasionales brotes de dinamismo en función de los mercados internacionales o regionales. A Uruguay le sobran políticos para organizar el reparto. Lo que le falta son líderes con capacidad de reorientar el gasto desde bolsones olvidados u ocultos del sector público donde no cumplen función útil alguna y hacia nuevos destinos donde pueden crear empleo, producción y exportaciones.
El decenio 2014-23 muestra un resultado fiscal deficitario del sector público global de promedio anual de 3,8% del PIB. Una cifra impresionante que hace suponer que una porción considerable de este desequilibrio se vea reflejada en el aumento de la deuda pública. Efectivamente, el cociente de la deuda consolidada del sector público con relación al PIB pasa de 57,9% en 2013 a 72,2% en 2023. Similarmente, durante igual periodo, el déficit del gobierno central/BPS aumentó del 37,4% al 59,8% del PBI. El hecho de que el déficit global del sector público no se haya volcado en su totalidad a la deuda pública simplemente refleja que una parte fue financiada mediante el impuesto inflacionario.
La pregunta que se desprende de esta visión de la pasada década de las cuentas públicas uruguayas es ¿cuánto tiempo más puede seguir acumulándose este desequilibrio hasta que el costo de su servicio se haga inviable y los mercados financieros opten por negar o encarecer el crédito?
Sería preferible que no hubiera necesidad de responder a esta interrogante, pero para ello será necesario un cambio en el comportamiento de las cuentas públicas. Quienquiera que asuma la responsabilidad de gobierno a partir del 2025 debe tomar medidas de control del gasto público tendientes a frenar el déficit fiscal. Ello sin duda ejercerá una presión bajista en los niveles de actividad.
Nuestra posición puede resumirse en la frase “no más gasto sin financiación genuina”. En especial, el gasto corriente. No es lo mismo endeudarse o emitir para mantener un estándar de vida irreal que para invertir en un proyecto, una máquina, una obra de infraestructura que tendrá su rendimiento y contará con ingresos futuros.
Esto no implica mantener la actual distribución del gasto, sino todo lo contrario. Las prioridades surgen en el presupuesto y si es necesario destinar más recursos a la seguridad, la educación o la salud, deberá ser a expensas de otras partidas. Las prioridades de gasto deben reflejar las necesidades actuales de la nación, no de las históricas.
En el tema del llamado gasto tributario, creemos que hace falta una revisión a fondo de las políticas de subsidio a las iniciativas de inversión, incluso en lo que refiere a su permanencia en el tiempo. Pensamos que deberá adjudicarse prioridad a inversores nacionales con proyectos innovadores que busquen proyección internacional. Los grandes inversores corporativos no necesitan de incentivos para llegar a nuestro país. Suficientes garantías hemos dado en el pasado de nuestra seriedad institucional, legal y comercial.
Elemental, mi querido Watson
El resultado fiscal global primario se refiere a la diferencia entre los ingresos y gastos fiscales, omitiendo el pago de los intereses. Implícitamente esta medición sugiere que los vencimientos de principal de un país con grado de inversión pueden renovarse, a la vez que el pago de los intereses puede financiarse con deuda nueva. Si así fuera, la deuda crecería a la tasa de interés aplicada.
En estas circunstancias, la condición para mantener incambiado el cociente deuda/PIB en el tiempo requiere que el PIB crezca a igual tasa que la de los intereses. Pero Uruguay enfrenta dos problemas que sugieren que el cociente/PIB seguirá creciendo:
1) En primer lugar, no consigue generar un equilibrio fiscal primario, lo cual implica que el déficit resultante (ver primera fila del cuadro) debe agregarse a la cuenta de intereses a pagar (segunda fila).
2) En segundo lugar, el déficit global (RGSP en la tercera fila del cuadro) debe financiarse con tasas de interés que hoy exceden el crecimiento del PIB. Pagando intereses del 5% sobre un RGSP del 4% del PIB y con el PIB creciendo al 2%, parece inevitable que en el próximo quinquenio el cociente deuda/PIB llegue a los tres dígitos.
Para detener esta dinámica de bola de nieve será necesario que le economía comience a generar superávits fiscal primarios en forma consistente y convincente.
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