El hidrógeno verde está en boga. Si se aplica electrólisis al agua, sus moléculas se separan en oxígeno e hidrógeno. Este proceso consume electricidad y libera oxígeno en la atmósfera. Almacenado adecuadamente, el hidrógeno resultante constituye un excelente combustible renovable que podría reemplazar a los combustibles fósiles. Como el resultado de su combustión es agua, no incrementa los gases de efecto invernadero. Si la electricidad consumida proviene de fuentes renovables, como la eólica, la solar o la hidroeléctrica, a este hidrógeno se le llama “verde”. Por lo anterior, es considerado por los gobiernos como una oportunidad para poder acelerar la transformación energética del transporte y la industria, proceso considerado fundamental para enfrentar el cambio climático.
Pero lo que es una realidad física, presenta sus complejidades económicas. De hecho, la NASA utiliza hidrogeno desde 1958 para propulsar sus cohetes, por lo que ha logrado a través de más de medio siglo un gran dominio de la tecnología. Pero en un mundo civil, con limitaciones presupuestarias y en competencia, la realidad económica es muy diferente. Sobre todo, cuando se pretende aplicar esta tecnología en países de América Latina endémicamente sujetos a limitaciones presupuestales, y a una gran dependencia de la tecnología y el capital extranjeros.
Sin dudas la región se posiciona con importantes ventajas, ya que posee abundante agua, tierra y viento. Pero también existen grandes dificultades para su concreción, tal como queda evidenciado en un reciente trabajo del Centro de Estrategias y Estudios Internacionales (CSIS), escrito por Ryan C. Berg y Juliana Rubio. Según los expertos, “América Latina tiene un fuerte potencial de hidrógeno verde, pero darse cuenta de ese potencial requiere navegar en un mercado complejo en el que, entre muchos desafíos, la oferta y la demanda deberán evolucionar simultáneamente”. Concretamente, destacan que si bien el continente exhibe una abundancia significativa de recursos naturales para la producción de hidrogeno verde, desde el punto de vista de la oferta existen importantes restricciones y limitaciones que tienen que ver con los altos costos de inversión y operación, así como la ausencia de infraestructura y de capital humano calificado.
Los costos de inversión inicial son muy elevados, fundamentalmente en lo que refiere a los electrolizadores, rondando entre US$ 1.4 y US$ 1.8 millones por megavatio (Mw). A modo de comparación, el costo de la generación eólica ronda entre US$ 1 y US$ 2 millones por Mw. Y si el proyecto requiere instalar parques eólicos en el mar, el costo se multiplica. A esto hay que sumarle la infraestructura necesaria de almacenamiento y transporte para que se pueda desarrollar un exitoso mercado de hidrógeno verde, lo que requiere una escala mínima de inversión. Como resultado, los montos de inversión son muy elevados y constituyen una importante barrera de entrada al negocio.
De lo anterior se desprende la importancia de contar con una demanda estable, algo difícil de lograr para países pequeños como Uruguay sin tener que depender de la exportación de los excedentes. Es por ello que Berg y Rubio alertan en su trabajo sobre la importancia de la colaboración interregional para mitigar la importante incertidumbre. Esto se puede lograr con una red de interconexiones, infraestructuras compartidas y un marco jurídico común, lo que a su vez permitiría que diferentes países se especialicen en el eslabón de la cadena de valor para la cual poseen ventajas comparativas.
Finalmente, los autores llaman la atención sobre la variada estructura institucional que caracteriza a los países de nuestro continente, y que tiende a aumentar la incertidumbre, lo que se refleja en un mayor costo de capital. Esto produce asimetrías de información muy relevantes al momento de promover incentivos a estas inversiones. En efecto, existen muchos riesgos para la inversión privada y mercados incompletos que requerirán de la intervención del Estado, que deberá de una manera u otra absorber riesgos que el sector privado probablemente no se encuentre dispuesto a asumir.
En conclusión, el hidrógeno verde tiene potencial, pero no es tan rápido de concretar. Por el contrario, se puede identificar una realidad estructural de la región que requiera de algún tiempo y de algunos esfuerzos debidamente planificados para que América Latina pueda concretarse en un actor relevante a nivel global en su producción. Adelantarse sin realizar todas las consideraciones necesarias puede llevar a fracasar y perder la oportunidad en un mundo donde la guerra tecnológica y el dominio de las mismas es un tema estratégico.
Espejismo daltónico con el hidrógeno verde
Según se desprende de la página del Ministerio de Industrias (MIEM), “Uruguay tiene muy buenas condiciones para el desarrollo del hidrógeno verde y derivados”. Estas son las conclusiones del proceso de análisis llevado adelante por el MIEM con la asistencia de consultores nacionales e internacionales, entre los cuales se encuentran el BID y McKinsey & Co. Según surge del documento “Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde en Uruguay”, entre los factores que harían competitiva la producción de este combustible renovable en nuestro país se encuentra la “alta disponibilidad de agua dulce por pertenecer a una gran cuenca regional”, refiriéndose indudablemente al Sistema del Acuífero Guaraní (SAG).
Cabe recordar que el 26 de noviembre de 2020 entró en vigor el “Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní”, suscrito en San Juan, Argentina, el 2 de agosto de 2010, por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En su Artículo 1, el acuerdo define al Sistema Acuífero Guaraní como “un recurso hídrico transfronterizo que integra el dominio territorial soberano de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, que son los únicos titulares de ese recurso”. Significativamente, el documento del MIEM no nombra en ningún lugar al “Acuífero Guaraní” ni hace referencia al acuerdo firmado en San Juan.
Días pasados el presidente de ANCAP, Ing. Alejandro Stipanicic, escribió en una columna en Montevideo Portal que “la visión de Uruguay es pasar de ser importador de petróleo y derivados a ser exportador de energía renovable”. Cabe rogar que el negocio del hidrógeno verde, como antes lo fue la regasificadora de ANCAP, no sea otro elefante blanco que nos comprometa a costosas importaciones de bienes de capital, para luego terminar subsidiando con agua del acuífero la exportación de combustible. Todo para el beneficio de la industria de los países desarrollados y para que todo siga igual. En ese caso, se trataría de un hidrógeno verde “con pecas”, apelando a la expresión utilizada por un conocido relator de fútbol.
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