La expectativa que generó a finales de junio el anuncio sobre la conclusión de las negociaciones de un tratado de libre comercio de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) se ha ido desvaneciendo entre acontecimientos políticos e incendios en la Amazonía.
Las conversaciones demoraron 19 años y ocuparon cientos de horas de inciertas rondas de discusión técnica, discursos y ceremonias oficiales presididas por gobernantes y funcionarios de alto nivel. Estuvo en juego el acceso a un mercado integrado de 800 millones de personas, con transacciones potenciales por 700.000 millones de dólares anuales.
El anuncio conjunto del Mercosur y la UE fue hecho desde Buenos Aires el 28 de junio -al final de una sesión de trabajo de las delegaciones- y fue ampliamente difundido como un éxito de los negociadores que obtuvieron la eliminación del 100% de aranceles a las mercancías industriales mercosurianas, en un proceso gradual que podría comenzar en 2021. La UE estiró la eliminación de aranceles a 81% de los productos agrícolas, el eterno punto de tensiones.
Los presidentes Tabaré Vázquez, Mauricio Macri de Argentina, Jair Bolsonaro de Brasil, Mario Abdo Benítez de Paraguay y Evo Morales de Bolivia evaluaron en Santa Fe, Argentina, el 18 de julio, el resultado del acuerdo.
Fue un “logro”, dijeron, el haber alcanzado un “acuerdo de principio” para avanzar hacia una “asociación estratégica” de acceso a los mercados de bienes, servicios y compras públicas de la UE.
“Este es un hito trascendental en la inserción internacional del Mercosur y un avance estratégico clave para impulsar una economía dinámica y competitiva, generar empleo de calidad y reducir la pobreza en nuestros países”, afirmaron los mandatarios en un comunicado en el que prometieron, además, terminar la negociación de acuerdos comerciales con Canadá, por un lado, y con Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, que integran el European Free Trade Association (EFTA).
Hasta ahí todo fue festejo, porque el triunfo en las primarias argentinas de la fórmula kirchnerista formada por Alberto Fernández y Cristina Fernández, el 11 de agosto, sembró dudas sobre la continuidad del acuerdo.
“No queda claro cuáles serían los beneficios concretos para nuestro país.
Pero sí cuáles serían los perjuicios a nuestra industria y el trabajo argentino. Un acuerdo así no genera nada para festejar sino muchos motivos para preocuparnos”, dijo Fernández en su primera reacción, antes de las primarias.
Al día siguiente de su victoria, su posición tomó otros matices en una entrevista en el programa televisivo CDC de Buenos Aires.
“Lo que se firmó (con la UE) es una suerte de carta protocolar, donde se han fijado temas a tratar durante dos años. No tenemos problema en buscar un acuerdo. El mundo se ha globalizado y negar eso es una estupidez, y renegar de eso, también. El hecho es cómo entrás a la globalización, pero esto no te obliga a ser tonto”. Estados Unidos y Francia protegen sus productores, agregó.
Otra exitosa conclusión de negociaciones comerciales fue dada a conocer el viernes 23 de agosto. Esta vez fue con el EFTA, para abrir paso a cuatro sociedades de alto nivel de consumo que suman 17 millones y tienen un producto bruto interno per cápita de 82.000 dólares anuales.
El valor total del comercio entre Mercosur y EFTA fue de 5800 millones de dólares en 2018, con un balance favorable para las exportaciones de los europeos por 3700 millones e importaciones desde el Mercosur por 2100 millones. En el horizonte está el recorte progresivo de los impuestos de importación en las aduanas de Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega.
Las exportaciones uruguayas al EFTA han crecido de manera constante entre 2002 y 2018, a una tasa de 0,6% anual. En 2007 el valor total de las ventas rebasó los 50 millones y no han bajado de ese nivel. La factura de la carne alcanzó un monto de 28 millones y la de los derivados de este sector fue por otros 21 millones.
Otra sombra apareció la semana pasada al desatarse una andanada internacional de críticas al gobierno de Brasil por su presunta indiferencia ante los incendios en la Amazonia.
En este episodio, surgió el presidente Emmanuel Macron de Francia como una de las voces más críticas de su par brasileño, Jair Bolsonaro, a quien le advirtió que de no cambiar su política ambiental se opondrá rotundamente a la firma del acuerdo comercial. Irlanda -exportador de carne a Europa continental- se sumó a la iniciativa, advirtiendo a Brasil que de no cumplir con sus “compromisos ambientales” retirará su apoyo al acuerdo con la UE.
En medio de las críticas a Bolsonaro por su aparente indiferencia ante los incendios, el ministro de Economía de Noruega, Torbjorn Roe Isaksen, salió a aclarar que el acuerdo del EFTA dispone de garantías para asegurar la implementación de políticas de “administración forestal sustentable” y la protección de los pueblos indígenas, “especialmente en la Amazonía”.
No era una casualidad que Noruega hiciera tal aclaración. Recién el 16 de agosto había congelado 33 millones de dólares en donaciones al Fondo Amazonas, destinado a la reforestación de la selva, como una forma de presión al gobierno brasileño.
Días antes de que las redes sociales se llenaran de fotos satelitales de incendios y deforestación amazónica, Alemania había suspendido 39 millones por la misma razón, pero lo relevante es que Noruega es el principal contribuyente de ese fondo de inversiones no reembolsables con alrededor de 1000 millones en la última década.
En Twitter, varias etiquetas (hashtag) relativas a la Amazonia circularon intensivamente como “trending topic” (o tema de tendencia), la semana pasada. Algunos de ellos -bajo el supuesto de que la ganadería extensiva contribuye al deterioro del ambiente- sugerían a las audiencias dejar de consumir carne, tanto como reducir el uso de plásticos. Los temas ambientales acabaron cruzándose con proyectos comerciales.
No era una casualidad que Noruega hiciera tal aclaración. Recién el 16 de agosto había congelado 33 millones de dólares en donaciones al Fondo Amazonas, destinado a la reforestación de la selva, como una forma de presión al gobierno brasileño.
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