La renuncia de Enrique Pées Boz la semana pasada al directorio de UTE, en un país en que el costo del consumo eléctrico de los hogares en promedio es uno de los más altos de la región, debería haber llamado la atención de la ciudadanía, que en ese momento estaba, acaso, distraída con las repercusiones que sigue anudando el caso Penadés, que en su última edición contó con el protagonismo de Pablo lturralde. Sin embargo, mientras eso sucedía, uno de los directores de UTE estaba renunciando como una forma de manifestar su desacuerdo con la política que está llevando adelante el directorio de esta empresa pública. Según sus palabras, UTE está en medio de un proceso privatizador, lo que de algún modo no solo pondría en jaque el negocio de una de nuestras empresas públicas emblema, sino que además repercutiría directamente en el bolsillo de los consumidores.
Por otra parte, tanto por el significado histórico en Uruguay de las empresas públicas, como por lo determinante e importante que es tener una posición dominante en el mercado eléctrico desde una perspectiva nacional, las denuncias de Pées Boz deberían haber calado más hondo.
En el fondo, el tema vuelve a ser la incidencia que tienen los relatos internacionales en nuestra política doméstica, y parece obvio que tras la retórica de la transición energética hay mucho espejito de colores. Esto no es nuevo, baste solo pensar un momento histórico, por ejemplo lo que significó la llegada del ferrocarril a Uruguay, que por distintos aspectos que no enumeraremos aquí, no se tradujo en un desarrollo real de las poblaciones y territorios que conectaba. Pues como bien decía Raúl Scalabrini Ortiz en Historia de los ferrocarriles argentinos, “el ferrocarril tuvo su reverso antipático y pernicioso. Los pueblos que acercaba al tráfico internacional o los que creaba con su posibilidad de comercio iban quedando encadenados a la voluntad omnímoda de los mismos ferrocarriles. El ferrocarril engendraba pueblos con grilletes, y la malla ferroviaria se asentaba sobre los países nuevos para inmovilizarlos y ofrecerlos inermes a la codicia de los financieros que habían creado ese mismo ferrocarril”.
El tema de las energías renovables corre sin muchas diferencias por el mismo andarivel. Porque la introducción o adquisición de determinadas tecnologías no implica per se un desarrollo real, ni abaratamiento de costos, ni mitigación del impacto ambiental de la actividad humana. Pensar que la primera revolución industrial, y las consecutivas revoluciones tecnológicas que agitan la contemporaneidad a cada vez mayor velocidad, supusieron o suponen un avance altruista por el bien de la humanidad es pensar con inocencia. La invención, producción y accesibilidad a la tecnología no solo es un jugoso negocio, sino que con las tecnologías digitales también se ha transformado la cultura del mercado.
Uno de los teóricos más optimistas e influyentes sobre esta transición energética y de la tercera revolución industrial, ha sido el estadounidense Jeremy Rifkin. Según su opinión, el crecimiento de las tecnologías verdes con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permitirá a cada uno de nosotros cierta soberanía o autarquía energética. Y en esa medida los teléfonos móviles, ipads y ordenadores pueden convertirse en actores indispensables de un modelo económico más respetuoso con el medioambiente. “Las profecías de Rifkin son tan entusiastas que, en la actualidad, susurra al oído de numerosos jefes de Estado y asesora a la región francesa de Hauts-de-France, al norte del país, sobre la instalación de nuevos modelos energéticos. Tales clarividencias se ajustan al sentido de la historia: en cuestión de diez años las energías eólicas se han multiplicado por siete, y la solar fotovoltaica lo ha hecho por cuarenta y cuatro. Las energías renovables representan ya el 19% del consumo de energía total en el mundo, y Europa prevé aumentar esta proporción hasta un 27% en 2030” (Guillaume Pitron, La guerra de los metales raros. La cara oculta de la transición energética).
Uruguay, como hemos visto, acompaña este proceso, y según el informe del Foro Económico Mundial de 2023, nuestro país se encuentra en la posición 23 del Índice de Transición Energética y es líder en América Latina, seguido de Costa Rica (25) y Brasil. Las energías renovables representaron el 56% de la matriz energética total en 2022 (mientras que en 2012 eran solamente 38%). Además, el país tiene un marco regulatorio sólido para la transición energética y una alta participación de la sociedad civil en el proceso.
No obstante, cuando en el 2008 durante el gobierno del Frente Amplio, Uruguay presentó su estrategia de política energética 2005-2030 y estableció lineamientos con una mirada a largo plazo apostando a la diversificación en las fuentes de generación y abastecimiento, como a la incorporación de energías renovables, nadie pensó que lo que iba a suceder terminaría menoscabando a la mismísima UTE. Y lo mismo sucedió durante el acuerdo multipartidario del 2010. Dejando en evidencia que a nuestro sistema político la carrera internacional por la energía le había tomado al menos desprevenido.
Pero, además, las energías renovables, como bien afirma el canadiense Bernard Tourillonque, que dirige Uragold, una empresa que produce los materiales necesarios para la industria solar, no son tan amigables con el medioambiente como se cree. Porque tan solo teniendo en cuenta sobre todo el silicio que contiene, la producción de un solo panel solar genera más de 70 kilogramos de CO2. “Ahora bien, con un número de paneles fotovoltaicos que aumentará un 23% anual en años venideros, esto significa que la capacidad de producción eléctrica de las instalaciones solares fotovoltaicas crecerá también anualmente en 10 gigavatios. Lo cual representa 2,7 millardos de toneladas de carbono arrojados a la atmósfera, es decir, el equivalente a la contaminación generada durante un año por la actividad de casi 600.000 automóviles”.
Por otra parte, John Petersen, un abogado texano que trabajó durante mucho tiempo en el sector de las baterías eléctricas, tras realizar numerosas investigaciones y consultar a otros investigadores sobre este tema llegó a la conclusión de que si bien los coches eléctricos son técnicamente posibles, su producción jamás será sostenible desde el punto de vista medioambiental.
“La fabricación de un coche eléctrico, que teóricamente consume menos energía, requiere mucha más que la de un coche clásico. Esto se explica sobre todo por su batería, por lo general de ion de litio, que es pesada. Ahora bien, las baterías de ion de litio se componen de un 80 % de níquel, un 15% de cobalto y un 5% de aluminio, pero también contienen litio, cobre, manganeso, acero e incluso grafito. Ya sabemos en qué condiciones son extraídos estos minerales en China, Kazajistán y la República Democrática del Congo, a lo que cabe añadir el refinado y toda la logística necesaria para el transporte y el montaje. Conclusión de los investigadores de la UCLA: solo la industrialización de un coche eléctrico consume entre tres y cuatro veces más energía que la de un vehículo convencional”.
De todas formas, hay que decir también que en Uruguay la llegada de las energías renovables tuvo puntos positivos, por ejemplo, contra el desabastecimiento energético. Sin recursos como gas, petróleo o carbón, Uruguay enfrentó problemas de abastecimiento y altos costos en la producción de energía. En ese sentido puede verse una mejora. Y como bien afirmaba Enrique Peés Boz, lo que se cuestiona aquí no es la incorporación de fuentes renovables a la matriz eléctrica, sino que se cuestiona el modelo de negocios o la instrumentación adoptada, así también como los sobrecostos generados para UTE por los contratos PPA (power purchase agreement) firmados. En los que se acordó una continuidad de veinte a treinta años, en los que los sobrecostos alcanzarán los cinco mil millones de dólares.
Entre 2012 y 2018 se firmaron esos contratos a veinte o treinta años a precios de hasta 120 dólares el MWh, cuando actualmente la misma producción se lograría con la cuarta parte de dicho valor. “Esos sobre precios los pagamos los clientes de UTE, porque por cada tres mil pesos en las facturas, 1200 se destinan al pago de contratos PPA con agentes privados, fundamentado todo ello en la promoción de energía renovables”, había detallado el director de UTE a La Mañana al principio del mes pasado. En definitiva, las perspectivas del mercado eléctrico y la participación de UTE en él es lo que está en juego, especialmente tras los compromisos asumidos, por ejemplo, con UPM 2 por el gobierno nacional en el año 2018.
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