La renuncia a su cargo como fiscal de la Dra. Gabriela Fossati, después de 32 años de trabajo en el sistema judicial –ya que anteriormente se desempeñó como jueza– supone el alejamiento de una funcionaria especializada, inteligente, independiente y honorable que resulta una pérdida muy importante para los cuadros de ese servicio.
Pero también son importantes las declaraciones que ha formulado a los medios explicando su decisión, tanto en un conocido programa de TV como ante el diario El Observador.
Esas manifestaciones son demostrativas de la crisis por las que atraviesa este servicio descentralizado que es ahora la Fiscalía de Corte e incluye al llamado fiscal general y los demás fiscales y adjuntos.
A esta situación crítica, también ha contribuido la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, sobre el cual hemos dado ya nuestra opinión categóricamente negativa, entre otras cosas por el desalojo de los jueces en su papel de administrar justicia, sustituidos por absoluta preeminencia que se les ha otorgado a los representantes del Ministerio Público en la gran mayoría de los casos, que son los procesos abreviados y hoy representan el 90% de los procedimientos.
Entre las razones que expuso la Dra. Fossati, la más significativa fue decir que “se vio limitada en su independencia técnica”, nada menos que la razón de ser de Ministerio Público, que es la garantía objetiva del contradictorio penal. Y esto ha ocurrido porque “se ha polarizado la Fiscalía de Corte o Fiscalía General, por la impronta ideológica del Dr. Jorge Díaz, en los años que la tuvo a su cargo”. Así recordó el alejamiento de los fiscales como los Dres. Zubía o Viana y otros que se fueron en silencio, pues al parecer el jerarca pensaba que se le debía obediencia. Con entera sinceridad, relató que conoció desde sus inicios en la magistratura al Dr. Jorge Díaz, con quien tuvo una excelente amistad durante 20 años, y se alegró cuando en 2012 lo designaron fiscal de Corte, pero que luego se encontró “con otra persona que se manejaba con parámetros” que no eran los que tenían cuando se formaron”.
También reprocha que en la interna se hacían movimientos sin respetar méritos ni condiciones, que la competencia de cada fiscal se podía digitar, porque la asignación de los casos no es aleatoria como debe ser y ha sido siempre, tal como lo denunció el Dr. Zubía en el Parlamento, y además dijo que sin duda hay asuntos que demoran más allá de lo tolerable, aún si se tiene en cuenta el exceso de trabajo que nadie puede negar.
En cambio, no aceptó considerar que la justicia esté politizada, aunque el cambio de modelo (en alusión al nuevo Código del Proceso Penal) pudo entrañar alguna complejidad en su aplicación.
Preguntada por el “caso Astesiano”, dijo en primer lugar y como indicador de la transparencia de nuestras instituciones, que el señor Presidente se dejó investigar y aceptó entregar celulares que eran de la Presidencia. La única salvedad fue resguardar temas de orden personal y aquellos que debían mantener su reserva por temas de seguridad.
Y refiere la Dra. Fossati que, en ese caso que terminó con la condena de Astesiano, citó a declarar al Dr. Jorge Díaz por un chat entre el exjefe de la custodia presidencial y el exjefe director ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, en el que se aludía al “caso Feldman”, porque había sido el juez de la causa cuando se decretó el archivo, aunque a su juicio todavía había mucho para investigar. El Dr. Díaz le entregó todo el legajo y según ella, había muchos puntos que no le “cerraron” pues había conexiones graves que nunca se investigaron, y después “lo premiaron con el cargo”.
Esas afirmaciones dan una idea clara del manejo de la Fiscalía General con una aguda impronta frenteamplista, que explica irregularidades como la del fiscal Morosoli Díaz anunciando la formalización con prisión del general Manini por un tema de hace 50 años que llevaba la firma aprobatoria del expresidente Vázquez y su secretario, el Dr. Toma, a quienes dejaba de lado, o el episodio del fiscal Diego Pérez desistiendo de acusar al Arq. Arana y la Dra. María Julia Muñoz en el caso “Bengoa” con el increíble pretexto de haber perdido el “pen drive” en el que tenía el escrito.
Todo lo cual enseña con claridad la negativa del Frente Amplio a dar sus votos para designar a un nuevo fiscal de Corte o fiscal general, pues el subrogante, Juan Gómez, ha mantenido la continuidad de los criterios de su antecesor.
Finalmente, preguntada por los periodistas sobre su futuro laboral, la Dra. Fossati dijo que podría trabajar en la profesión liberal de abogada, pero nunca en la materia penal, pues ha observado que lo hace el Dr. Jorge Díaz recibiendo de los fiscales un “trato diferente” al de los otros abogados, pues “hay muchos que le deben favores”, por lo que en su caso trabajaría en temas de familia especializada.
Sin dudas, todo un ejemplo de transparencia y seriedad en la función pública.
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