El profesor Hayek probablemente tiene razón al decir que en este país (Gran Bretaña) los intelectuales tienen una mentalidad más totalitaria que la gente común. Pero no ve, o no quiere admitir, que el regreso a la «libre» competencia significa para la gran masa de gente una tiranía probablemente peor, por ser más irresponsable que la del Estado. El problema de las competiciones es que alguien las gana. El profesor Hayek niega que el capitalismo libre conduzca necesariamente al monopolio, pero en la práctica es a lo que ha llevado, y dado que la gran mayoría de la gente prefiere la regulación estatal a las depresiones y el desempleo, la deriva hacia el colectivismo está destinada a mantenerse si la opinión popular tiene algo que decir al respecto.
George Orwell (1944)
La libre competencia es un principio económico que cuando se aplica correctamente, resulta en múltiples beneficios. La posibilidad de que los agentes económicos compitan libremente para producir y vender bienes y servicios está asociada a la innovación y a las mejoras en productividad que han permitido que la humanidad alcance los altos niveles de desarrollo actuales.
Pero la libre competencia, en su forma pura, es un ideal difícil de alcanzar. En su comportamiento individual, las empresas tienen una natural preferencia por el monopolio para sus productos y por la libre competencia para sus insumos, lo que incluye al trabajo. Es función del Estado asegurar que estas situaciones no se produzcan, motivo por el cual la mayoría de los países tienen normativas para promover la libre competencia y evitar que se generen posiciones dominantes. De hecho, una de las paradojas del capitalismo es que la absoluta libertad económica termina en la creación de monopolios, ya que como escribió Orwell, “el problema de las competiciones es que alguien las gana”.
Un hecho económico notorio es que la libre competencia no convive bien con las economías de escala; esto porque las industrias que exhiben importantes beneficios por producir más tienden al monopolio. Ejemplos clásicos de ello son la distribución de electricidad y las telecomunicaciones, actividades que requieren de grandes inversiones en activos fijos, las cuales se amortizan más rápidamente cuanto mayor sea el número de clientes. En el extremo, no mediando intervención del Estado, con el tiempo estas industrias tienden a concentrarse y convertirse en monopólicas.
Frente a un monopolio natural, el Estado tiene básicamente dos posibilidades. Puede optar por estatizar la actividad, capturando para sí las rentas monopólicas, transformando tarifas más altas en una mayor recaudación, lo que permitiría aumentar la oferta de bienes públicos. Alternativamente, puede preferir mantener la actividad dentro del ámbito privado, pero para que ello no resulte en la creación de una renta privada, resulta imprescindible instalar un fuerte sistema regulatorio que acote el poder monopólico del regulado. Esto último, que es teóricamente concebible, resulta muy difícil de llevar a la práctica en países subdesarrollados como el nuestro. Esto porque se instala el problema de las puertas giratorias, de los reguladores capturados por los regulados, y rápidamente comienza una carrera por la captura de rentas que arriesga con contaminar la sanidad institucional de un país.
Lo que sí no puede permitir un Estado es que sus empresas públicas, constituidas precisamente para evitar la captura de rentas privadas en segmentos monopólicos, abandonen los mismos a oligopolios privados. Sería el peor de los casos, ya que se estarían privatizando rentas sin obtener un precio a cambio por ello. Describir esta acción como tendiente a mejorar la competencia es desvirtuar el concepto de libre mercado, confundiéndolo con la competencia monopólica. ¿Qué empresa privada haría llegar fibra óptica a Tomás Gomensoro si no estuviera Antel? ¿Tiene sentido que las dependencias públicas depositen sus pesos en otro banco que no sea el BROU? ¿Alguien puede creer realmente que eso haría bajar las tasas de interés a la población? ¿O será que probablemente ocurriría lo contrario?
Debemos ser cautelosos con las medidas que se toman respecto a nuestras empresas públicas. Sin ninguna duda, los gobernantes deben utilizar todos los instrumentos que ofrece el Estado para asegurarse de que se mantengan competitivas y fuertes, con la mira puesta en proteger a la población. Pero abrir sin más al sector privado la portera de los segmentos más rentables de las empresas públicas solo puede resultar en su debilitamiento. Ese fue el camino elegido por el astorismo-bergarismo que con su política de PPP, tercerizaciones y múltiples exenciones fiscales lograron debilitar al Estado en más de una dimensión.
En el proceso, lograron fortalecer a aquella parte del sector privado que compite por rentas, contratos y exenciones fiscales. Como toda cuenta… alguien la paga. En este caso, los perjudicados son los ciudadanos, que pagan impuestos y consumen bienes y servicios cada vez más caros, y las pymes, que no reciben ninguna de las prebendas que han beneficiado a los sectores más privilegiados de nuestra economía.
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