La embestida frenteamplista para neutralizar la Ley de Caducidad fue una miniserie con dos capítulos. El primero tuvo lugar en mayo de 2011 y el segundo en octubre del mismo año.
El 19 de mayo de 2011 la Cámara de Representantes se reunió para tratar el primer intento.
Tocaría al extinto legislador don Jaime Trobo leer lo que sigue:
“La Bancada de Diputados del Partido Nacional, ante las circunstancias políticas que se desarrollan impulsadas por el Gobierno y el Frente Amplio en desconocimiento de la voluntad expresada por el pueblo uruguayo, declara:
1.- Que ratifica su posición histórica en defensa de la soberanía popular y de respeto irrestricto a la libertad del sufragio y el acatamiento de la voluntad que expresa el pueblo por esta vía, tanto en elecciones de gobernantes como en plebiscitos o referéndum.
2.- Que rechaza firmemente la pretensión del Frente Amplio de someter al país a una discusión interna sobre un tema respecto del cual la ciudadanía se expresó en dos ocasiones especialmente convocada a tal efecto. Esto configura un duro golpe a la soberanía popular expresada libremente. No puede haber trampa jurídica ni legal ni mayoría circunstancial que saltee esos pronunciamientos, sin que configure una estafa al sistema republicano y a la Constitución de la República.
3.- Que pese a ello la dirigencia del Frente Amplio insiste en dividir a los orientales por cuestiones del pasado y relega deliberadamente el tratamiento responsable de temas sobre los que es necesario lograr grandes consensos nacionales, como la grave situación de la educación.
4.- Que rechazamos la convocatoria realizada por el Frente Amplio a la manifestación de presión al Parlamento, e instrumentada por la dirigencia sindical que pretende erosionar la independencia de los Poderes del Estado”.
El diputado colorado Fitzgerald Cantero recordaba que el 19 de noviembre del año 2009, buscando el voto para la segunda vuelta, decía Danilo Astori sobre el tema: “El resultado que, obviamente, hay que acatar porque es el juicio del soberano, no significa que el pueblo uruguayo esté a favor de la impunidad”. Y culmina Cantero contundente: “Ayer, el mismo Senador Astori levantó su mano y aprobó no acatar ese juicio del soberano”.
El 26 de octubre de 2011 se trataba en la Cámara de Representantes el segundo intento. Ahora se trataba de “interpretarla”. En el mundo de la posverdad solo se trata de autopercibirse y para eso alcanza con tener votos. De modo que al asunto se le lavó la cara y volvió a ponerse sobre el tapete (así como el IASS de Astori es el mismo perro que el IRPF con otro collar). Los argumentos que sostenía la bancada del Partido Nacional en mayo obviamente no habían cambiado en octubre
Con esa coherencia se expresaron sus legisladores.
Pablo Iturralde actual diputado y presidente del Partido Nacional: “¿Para qué llamamos al pueblo uruguayo a pronunciarse expresamente, si entendíamos que esto no constituía un antecedente para resolver luego en forma definitiva? Señor Presidente: aquí preside la Sala una frase que reza: ‘Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana’”. Y posteriormente: “Creemos que es el momento de mirar hacia delante. Ha quedado atrás –¡tiene que quedar atrás!– una etapa dolorosa para el país”.
Jorge Gandini,actual senador: “Nosotros le vamos a hacer caso al pueblo uruguayo; otros que le sigan buscando vueltas para hacerle caso a cosas diferentes que inventan todos los días y detrás de las cuales lo que justifican es la violación a la Constitución y al mandato popular pronunciado dos veces libremente”.
Javier García, senador electo y actual ministro de Defensa, quien comienza citando al ministro de Defensa de ese entonces, Eleuterio Fernández Huidobro: “Pero la voluntad del pueblo fue mayoría dos veces y es la suprema mayoría […]”. Y agregó: “[…] Caemos entonces, en una muy honda y flagrante contradicción […]”. Es de recordar que Huidobro hizo constar que votaba por disciplina partidaria y renunció al Senado.
No faltó en la argumentación del Dr. García la alusión a los organismos internacionales: “Estos organismos internacionales suelen ser muy valientes con los países pequeños y muy sumisos con los grandes, ante los que se arrodillan. Por ejemplo, no he escuchado a esta misma Corte reclamar a Brasil que procese o enjuicie a un solo militar. En Brasil, que está al lado nuestro, no ha estado ni un minuto un militar preso, estando en funciones esta misma Corte que, sacando pecho, le pide a Uruguay lo que no se anima a pedirle a países poderosos”. Agrega: “Señor Presidente: en esta Sala todos sabemos que el Frente Amplio no está defendiendo con convicción este proyecto de ley, porque sabe que está violando el mandato popular”. Y concluye:
“El mismo partido político que convocó dos veces al pueblo para opinar sobre esta ley, hoy le está diciendo que va a pisotear su decisión. Lo peor de todo es que hoy empieza la tarea de restablecer la plena vigencia de esta Constitución, porque se ha mancillado un instituto esencial de nuestro sistema institucional: la democracia directa”.
Gustavo Borsari, actual director de la Agencia Nacional de Vivienda: “Se intenta borrar con el codo lo escrito con la mano, puesto que en dos oportunidades se convocó al pueblo para que decidiera. Sin embargo, el pueblo decidió, por dos veces, mantener firme la Ley de Caducidad, y ahora se la quiere derogar, como antes se la quiso anular”.
José Korseniak, el constitucionalista exsenador del FA se expedía claramente desde el medio La República: “… desde el punto de vista jurídico yo opino que el Parlamento no tiene facultades para anular ni derogar disposiciones que fueron aprobadas por el cuerpo electoral. Y estos dos pronunciamientos significaron eso, una ratificación del texto por parte del cuerpo electoral”.
“Yo enseño hace 40 años en la Facultad de Derecho, que el artículo 82 de la Constitución dice que la nación, que es la soberana, ejerce directamente su soberanía a través del cuerpo electoral e indirectamente a través de los tres poderes representativos”.
“Como principio que todo el mundo entiende, un órgano inferior no puede derogar lo que hizo un órgano superior. En este caso, el Parlamento, que es inferior al cuerpo, no puede ni derogar ni anular lo que hizo un órgano superior como es el cuerpo electoral”.
“Esto es lo que yo sostengo jurídicamente, aunque me duela y no me guste”.
Bueno es recordar qué dijo quién, porque muchos de esos agonistas siguen presentes en una actualidad con otro contexto.
Gerardo Ramos
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