La narración convencional sobre cómo el comercio ha beneficiado a las economías en desarrollo omite una faceta crucial de su realidad. Los países que lograron aprovechar la globalización, como China y Vietnam, han recurrido a una estrategia mixta de promoción de exportaciones y una serie de políticas que vulneran las normas de comercio vigentes. Los subsidios, los requerimientos de contenido local, las regulaciones a la inversión y, sí, a menudo las barreras a la importación fueron fundamentales para la creación de industrias nuevas de gran valor agregado. Los países que se basan únicamente en el libre comercio (me viene inmediatamente a la mente México) se han perjudicado.
Dani Rodrik en “Hablemos claro sobre el comercio mundial”, 2018
La discusión en torno al futuro de ANCAP permite observar algunos dilemas y posiciones que trascienden el muy real y relevante objetivo de tener combustibles competitivos con la región. Las malas inversiones e ineficiencias durante la gestión de los gobiernos del Frente Amplio condujeron a la petrolera estatal a una quiebra técnica que obligó al Estado a su capitalización con recursos públicos. Lamentablemente, todo esto provocó la degradación en la imagen de una empresa que fue fundada para proteger a los uruguayos de un oligopolio energético extranjero, pero terminó absorbiendo recursos de la comunidad para financiar aventuras de una casta privilegiada que, confundiendo bienes públicos con privados, logró irritar la sensibilidad de la misma ciudadanía que casi dos décadas atrás había votado en contra de la desmonopolización.
La empresa viene progresando de forma visible en mejorar su eficiencia, mostrando en el proceso un respeto por los fondos de la ciudadanía que no se veía desde hacía mucho tiempo. Esto ha permitido ir acompasando los precios de los combustibles a la región, reduciendo la brecha anterior a niveles más razonables. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer ya que las decisiones del pasado condicionan un presente desde el cual debemos avanzar, hacia el futuro tomando decisiones ponderadas que tomen en consideración la posición de los diferentes actores económicos. De esto saldremos trabajando consensos y no con berrinches que poco contribuyen al dialogo constructivo.
En primer lugar, es importante reconocer que las inversiones en biocombustibles no se pueden deshacer de un día para el otro. A esto se agrega que la tendencia internacional va en dirección de la protección del medio ambiente y a favor de los biocombustibles. Claramente las plantas de etanol en Artigas y Paysandú son una fuente de pérdidas para ANCAP, pero atendiendo consideraciones de índole laboral y de desarrollo en el norte del país, el gobierno decidió continuar con la producción de etanol. Un cierre abrupto de estas plantas hubiera ocasionado un costo social y económico a contrapelo de las necesidades del momento, al menos hasta que el Estado y el sector privado no encuentren una alternativa sustentable para los cultivos. Lo importante es que no sea la producción la que termine pagando el costo del ajuste mediante las tarifas de combustibles, algo a lo que el gobierno apunta con la paridad de importación. En ese sentido, la decisión de discontinuar la producción de biodiesel –a cargo del sector privado y operando con buenos estándares de eficiencia– parecería ir en dirección contraria al objetivo estratégico de reducir el peso del Estado en la economía.
En segundo lugar, es importante reconocer que la libre importación –un reclamo insistente por parte de algunos actores– no implica necesariamente la muy deseable libre competencia. Para ello basta con observar las góndolas de productos de limpieza y aseo personal en cualquier supermercado de nuestro país. La mayoría de estos productos son importados y no existen restricciones para su importación, pero en algunos casos los precios son cuatro o cinco veces superiores a los de los mismos productos en los países vecinos. Tal diferencia no se explica ni por las diferencias cambiarias ni por los aranceles de importación ni por los costos de transporte, dejando como probable explicación la poca competencia en esos sectores de mercado. Si trasladamos esta constatación empírica –o ciencia de doña María– al mercado de combustibles, no se puede afirmar que liberando la importación de combustibles se logre un grado de competencia que garantice una baja en el precio de los mismos. Visto de otra manera, no se puede sostener el argumento de que todos aquellos que estén contra la liberalización en la importación de combustibles sean defensores de un estatismo propio de la década del ´50. Este razonamiento no solo es falaz, sino que confunde a la ciudadanía. Y en el proceso ahonda las diferencias en lugar de procurar acercar posiciones.
En virtud de lo anterior, convendría concentrar las energías donde sí existen aparentes problemas de competencia y que resultan en sobrecostos para ciudadanos y empresas por igual. Los proyectos de precios de frontera presentados por Cabildo Abierto y otros sectores de la coalición apuntan en esa dirección. También los proyectos que promueven una baja en los costos del endeudamiento familiar ya que, absorbiendo gran parte de los ingresos de las mismas, generan presiones al alza de los salarios reales que no terminan donde deberían. Ludwig Erhard, el ministro de Economía de la reconstrucción alemana y gran defensor de la empresa privada, advertía: “Si el deseo de uniones colectivas llega a calar incluso en el frente de los empresarios mismos, pronto llegará el momento, quizá antes de lo que los empresarios creen, en que sobre el plano político surja la cuestión de con qué razones puede seguir defendiéndose aún la propiedad privada en los medios de producción y el libre derecho del empresario a decidir en la economía. La historia probará que, luchando por esta ley contra los cárteles, yo he defendido la posición y la función del empresario libre mejor que todos esos círculos de fanáticos que ven en el cártel la salvación del empresario”.
Finalmente cabe hacer referencia a la experiencia internacional que nos dice que la total libertad comercial no necesariamente va en beneficio de los países subdesarrollados. A propósito de esto. ¿Existe algún sector importante de la producción nacional que no se haya desarrollado con impulso y recursos del Estado? En efecto, nuestra historia demuestra que las instancias de desarrollo más fructíferas se dieron cuando el sector privado y el Estado colaboran detrás del mismo objetivo. Debemos abstraernos de la trampa de los extremos liberales y estatistas. Y por sobre todo tener cuidado con discursos divisivos que, intentando promover una liberalización extrema, terminen llevándonos para el otro lado. ¿O debemos recordar nuevamente lo que ocurre en Chile?
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