Hace unos pocos días el periodista Eduardo Preve publicó y documentó una información que da cuenta de un pedido cursado por la Presidencia de la República al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, hace ya más de un año, en el que se solicitaba un subsidio para el pago de un arrendamiento para una señora, posiblemente allegada al Gobierno, que sin duda alguna lo necesitaba.
La actitud de la más alta autoridad del Ejecutivo no suscitó el mínimo reproche y es más, desde el Frente Amplio se ponderó la medida de la Presidencia como expresión de solidaridad, a pesar de que se irrogara un costo para el Estado, que muchas otras personas también necesitan.
Agrega el periodista que queda en evidencia la doble vara que se aplica, cuando se le pide la renuncia a la ministra Irene Moreira por hacer adjudicaciones que ni un solo peso le han costado al erario público y que, además decimos nosotros, están amparadas dentro del cupo que se puede aplicar en razón de la discrecionalidad de que dispone el jerarca, y que hasta ahora nadie ha salido contestar ni rechazar ni desmentir ni cuestionar su innegable vigencia. No fueron liberalidades con el patrimonio estatal, sino adjudicaciones a quienes necesitaban también una solución habitacional, pero con un precio a pagar, es decir, que no fueron ninguna de ellas adjudicaciones gratuitas.
Es más, ya hemos dicho que la discrecionalidad no es una perversión de la función pública, como dicen los más renombrados constitucionalistas, sino el reconocimiento de un acto no reglado, en los que se abunda a diario en todas las administraciones de todos los gobiernos, por razones de oportunidad y conveniencia.
Lo cierto es que Cabildo Abierto siempre se le ataca y lo grave es que muchas veces se lo hace desde la misma coalición republicana. Que existan criterios diferentes en aquellos temas ajenos a lo pactado en el “Compromiso por el País” es natural y propio entre partidos coaligados pero distintos. En cambio, que esas disidencias le obliguen a sustituir a un ministro por un tema muy menor, en el que la propia Presidencia había incurrido con el agravante de que se trataba de una liberalidad a costa del patrimonio del Estado, equivale a un revanchismo.
Obviamente que el señor presidente tiene la potestad legal de hacerlo, pero esa decisión está reñida con la ética, pues ahora se calificaba como reprochable, su misma, su propia conducta.
También ha ocurrido que el Partido Nacional ha decidido asumir la titularidad de la Cancillería que correspondía al sector “Ciudadanos” del Partido Colorado sin que éste sector reclamara, luego de que Ernesto Talvi abandonara la trinchera. No sabemos si ha sido para bien, pero el empeñoso esfuerzo del presidente por abrir el comercio del país en los foros internacionales parece carecer de un previo trabajo preliminar de sondeos o acercamientos, correspondiente a la Cancillería, pues no ha tenido otro resultado que la negativa o el desdén.
Pero volviendo a la interna de la coalición republicana, decía en su columna el Lic. Francisco Faig hace unas semanas que, tenga los votos que tenga, sin el aporte de Cabildo Abierto el triunfo es imposible.
Por lo tanto, criticar a Cabildo Abierto y a su líder equivale a debilitar la coalición y darle razones al conglomerado frenteamplista, que funge como un solo partido y es un “rejunte” de partidos, de sectores y subsectores diferentes, con ideologías distintas, pero disciplinados para no agredirse en su voraz lucha por el poder.
Cabildo Abierto está muy lejos del Frente Amplio y el general Manini es un ejemplo del militar republicano y respetuoso de las jerarquías, que se ha pronunciado severamente contra el terrorismo de Estado y también contra el terrorismo guerrillero, como todo buen demócrata.
Y bastante tiene con los ataques que recibe a diario desde el frente opositor, que sin autoridad moral ni autocrítica se permite descalificar todas sus iniciativas. Se olvida de los beneficios que el expresidente Vázquez le dio desde el poder a sus familiares, partícipes de la licitación millonaria del sistema informático del BROU, o del notorio nepotismo que significó la designación de su hermano a cargo de la seguridad pública cuyo fracaso era de esperarse por su falta de idoneidad (es enfermero), al que además favoreció con un préstamo especial para vivienda con tan favorables condiciones que le permitió comprarse una casa en Carrasco y no en La Teja, de donde era oriundo.
Igualmente, el senador Charles Carrera, saliendo a acusar al general Manini de “mera demagogia” por su lucha contra la usura y apoyando la expoliación de los bancos y financieras prestamistas, pero olvidando que es deudor personal de los servicios que abusivamente le impuso al Hospital Policial cuando era director general del Ministerio del Interior y nunca pagó, de lo cual el senador Jorge Gandini le está pidiendo cuenta. En el mismo abuso ha incurrido la diputada Susana Pereira, esposa del fallecido exministro Eduardo Bonomi, usando y abusando sin derecho de los mismos servicios hospitalarios.
De todas maneras, Cabildo Abierto seguirá siempre en procura de cumplir con su programa. Que es también un compromiso con el electorado que lo votó y con el que debe ser consecuente, tratando de lograr su concreción, aunque lo deba hacer sin el acompañamiento de los otros partidos, quizás influenciados por sectores de interés más influyentes.
Pues como dice el “SI” de Kipling: “Tú resistirás si el ‘qué dirán’ te encuentra inconmovible”.
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