Por estos días, hemos asistido a un intenso debate referido a la Ley de Urgente Consideración y a la llamada desmonopolización de Ancap. Conviene valorar algunos factores propios referidos a la histórica forma en que se ha comportado y manejado el mercado de combustibles en Uruguay.
El análisis hace necesario considerar una situación sostenida de industrialización del crudo por solo una compañía estatal que es ANCAP y un mecanismo de fijación de precios que, al momento actual, indica que hemos perdido competencia en producción y en traslado de mercaderías.
El costo de los combustibles, y en especial el del gasoil, es de significativa incidencia en actividades agrícolas, pero también lo es en toda actividad, incidiendo directamente en pérdida de competitividad comparativa con nuestros vecinos.
Si nos fijamos en el estricto presente, las opciones que a priori permitían intuir que su aplicación resultaría en una merma de los previos a pie de surtidor, no eran muchas:
a) desmonopolización irrestricta, b) renuncia fiscal, c) modificar el criterio de fijación de precios.
Una apertura con beneficios lejanos e inciertos
Para la opción desmonopolizadora, no hubo consenso. Ello necesariamente indicaba la apertura del mercado de los combustibles a toda la operativa, desde importación, pasando por refinación -o no si quien importara lo hacía ya refinado-, verificación de calidad de los productos importados, red de distribución y red de ventas.
Ciertamente, a los valores actuales, es más que posible que actores internacionales del mercado del petróleo mostraran interés en acceder a nuestro mercado de consumo, pero el punto inicial, y la premisa motriz en cuestión, es la visible reducción de precios a pie de surtidor. No queremos solo cambiar de actores con similares precios a los actuales.
Quien hubiera de ingresar al mercado con intención de abastecerlo, o al menos competir, debería establecerse, construir instalaciones y certificarlas, luego organizar red de distribución y ventas, y recién allí estaría en condiciones de llegar al consumidor, iniciándose entonces el período en que debe el actor en cuestión, proceder a amortizar la inversión realizada, recién después de este proceso, empezaría a recibir utilidades.
Convengamos en que hablamos de un período que se mide en años, no en meses, por lo que el interés inicial y la premura por competir que tienen los productores, industriales, transportistas de carga y del transporte público, en el mejor de los casos, padecerían esa demora en percibir el fruto de supuestos esperables beneficios.
Vemos entonces que la liberación del mercado de combustibles, no es tan simple como la liberación de mercado de telefonía, seguros u otros bienes y servicios. Convengamos en que son universos de aplicación, bastante diferentes, por lo que las medidas no pueden ser de recorte y pegue.
La liberación del mercado de combustibles, no es tan simple como la liberación de mercado de telefonía, seguros u otros bienes y servicios.
Aún si nos abstraemos de estos argumentos que parecieran para un desprevenido lector que refieren a una posición anti-desmonopolizadora -cosa que ni por asomo considero-, quedaría por resolver un punto medular. Sea cual fuere el origen de los combustibles, sean crudos o refinados en origen, hay factores ajenos a esa componente del costo que no se consideraban en el capítulo XVI artículo 230 del proyecto de LUC remitido como propuesta de trabajo a los legisladores. Ellos son carga fiscal y componentes extra costo producto entre salida de proveedor y pie de surtidor
Todo esto, llevaba a una casi inexorable conclusión: a corto plazo, la nula posibilidad de abatir precio final, y a mediano plazo, la dificultad de emitir un pronóstico positivo -por lo expuesto, componentes del costo extra proveedores y necesidad de instalaciones y amortización-.
La inconveniencia actual de una renuncia fiscal
La segunda opción indicada como renuncia fiscal, plantea una manifiesta contradicción. En momentos de dificultades económicas, con déficit fiscal alto, no resulta siquiera lógico el adjudicar el esfuerzo únicamente al Estado a la vez que exigimos que cumpla con crecientes obligaciones.
Parece mucho más sensato realizar el ajuste que determine una real y sostenida baja en los precios de los combustibles a los otros actores intervinientes en la composición final de precios, teniendo en cuenta, además, que por el simple hecho de lograr necesarios ajustes a la baja, estos por sí mismos determinarán una reducción en la recaudación fiscal. Dicho en otras palabras, el Estado, resultará inexorablemente partícipe de la mejora en los precios a pie de surtidor, por lo que resulta claro que introducir otras variables de incidencia, resulta medular.
Opción por una solución realista y positiva
La tercera opción, es la que finalmente se transitó, y es un resumen de ventajas de uno y otro modelo. Debilita directamente la posición de poder monopólica, implica en los hechos renuncia fiscal indirecta, y permite una solución visible a muy corto plazo -60 días, como se aclarará-, y aplicable a corto plazo -180 días, como se explicará-.
Permítaseme en este punto, aportar información que proveerá de una óptica realista y positiva, que permitirá al lector, comprender a cabalidad, el alcance y profundidad de lo planteado en el nuevo articulado de la LUC referido a “Mercado del petróleo crudo y derivados”, cap. VII. arts. 232, 233 y 234.
Introduzcamos pues, dos conceptos, “competencia real” y “competencia virtual”. Digamos que la primera, la que normalmente se hubiera permitido ingresar -no necesariamente quiere decir que terminara haciéndolo-, requiere procesos, condiciones y tiempo para establecerse, y una vez establecida, cambios en los procesos, resultados y actores, son de difícil, lento y costoso accionar. En tanto la competencia virtual es un mecanismo comparador directo, que no requiere instalaciones físicas, y cuyas referencias, que son condiciones, actores y costos intervinientes, son directa e instantáneamente cambiables y aplicables.
En momentos de dificultades económicas, con déficit fiscal alto, no resulta lógico el adjudicar el esfuerzo únicamente al Estado.
En definitiva, no hay competencia más exigente y eficiente que la virtual, pues obliga a competir contra situaciones óptimas e ideales razonablemente conseguibles. Este es el brillante mecanismo-modelo aplicado en la LUC para establecer un cambio radical; en lugar de que la compañía monopólica procesadora sea la que imponga su precio-costo final, pasa a tener un valor-techo de competencia virtual, que como vimos, es el nivel más riguroso de exigencia imponible, este es el alcance de lo planteado a alcanzar en sesenta días. Un valor de PPI (Precio Paridad Importación) que fijará la URSEA (Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua) será el precio de referencia para el producto final disponible a salida de Planta.
Convengamos entonces, en que cualquier competidor que pretendiera establecerse en un supuesto plan desmonopolizador, llevaría un proceso medido más que en meses para disponer de instalaciones operativas y otro período medido en años para amortizar la inversión; mientras, comparativamente, lo estipulado en la LUC, demora sesenta días desde aprobación para establecer no un nivel de competencia, sino el mayor nivel de competencia posible.
Pasamos de mecanismo exploratorio “ensayo y error” a mecanismo directo de competencia virtual. Como si esto fuera poco logro, se agrega, además, disponible en ciento ochenta días, un informe de situación actualizado con análisis profundo de toda la cadena del petróleo hasta llegar al consumidor, lo que promoverá tomar otras medidas aún más profundas, basadas en el conocimiento, no en el ensayo arbitrario o caprichoso.
Finalmente, en un mundo donde según la AIE (Agencia Internacional de la Energía) el 30% de la capacidad de refinado instalada es de los estados, y donde el 46% por ciento de la nueva capacidad instalándose será de los estados, no tengo dudas de que se están dando pasos en una correcta dirección.
En lo personal, considero de brillante resolución el nuevo articulado de la LUC, y la intención de este artículo no es otro que el de traer información que permita al lector ampliar el umbral de conocimiento sobre este tema, lo que lo alejará de livianas tendencias.
Una vez más se demuestra, que la capacidad de nuestro gobierno y sus legisladores, puede impulsar cambios que nos posicionen como no debimos dejar de estar, no copiando, sino llevando la iniciativa, esa es la diferencia entre terminar siendo lo que otros quieran que seamos, o alcanzar un futuro determinado por nosotros mismos.
