Las empresas Claro, Movistar y Dedicado serán invitadas a la Comisión de Industria del Senado para exponer sus reparos con respecto a la licitación del 5G que tendrá lugar el próximo 9 de mayo.
Estas tres empresas han anunciado que están disconformes con algunos puntos, por ejemplo, el precio (US$ 28 millones) o no poder participar, como es el caso de Dedicado.
La semana pasada, el ministro de Industria, Omar Paganini, junto al directorio de la Ursec (el organismo que lleva adelante la subasta), concurrieron a la comisión, citados por legisladores del Frente Amplio, para explicar algunos de los criterios que se tomaron para su la realización de la subasta.
Pero el primer tema que se trató fue el referente a la renovación de las concesiones en 4G para varias empresas, y en especial la polémica desatada con Movistar y la renovación de la concesión, junto al precio recomendado.
Sobre este particular, el senador frenteamplista, Alejandro Sánchez, dijo que otorgar una renovación por veinte años es un criterio “bastante desorbitado”. “Darles beneficios a las empresas por veinte años más, en nada más y nada menos que el mercado de las telecomunicaciones que empezaron siendo solo llamadas y ahora son un conjunto de negocios, es desorbitado. Esa es nuestra posición con respecto a esto”, dijo y acotó que la lógica de la transparencia hubiera sido iniciar un proceso competitivo “como lo han hecho en otros países, incluso de la región”.
El ministro Paganini le pregunto al senador Sánchez qué criterio para renovar se tomó en Brasil, a lo que el legislador respondió que fue por cinco años y acotó: “Usted terminó tomando la decisión de darle por veinte años los derechos a estas empresas” cuando licitaron hace veinte años y solo por dos décadas.
“El espectro (de telefonía celular) que es de todos los uruguayos debió ser que volviera al Estado y este resolviera qué hacer, porque ya no les correspondía”, dijo el legislador. En respuesta, el ministro Paganini señaló que se renovó y se cobró de nuevo.
Pero el senador del MPP señaló que se les cobra lo mismo que veinte años atrás “a algo que tiene un mercado de negocios mucho más grande. Usted mismo ha dicho que una cosa es cuánto se podía ganar con esto veinte años atrás. Pero acá se está cobrando el mismo precio que pagaron veinte años atrás y ni siquiera se actualizó en dólares para que pudieran pagar lo mismo. Entonces, desde nuestro punto de vista, este camino que tomó el Gobierno es inconducente y, de alguna manera, para nosotros tiene un efecto importante en beneficio de particulares”.
En medio de los precios que se cobrarán a las empresas, en especial a Movistar, el ministro Paganini dijo de manera irónica: “Que Dios no lo permita, pero si el señor senador Sánchez no es reelecto o no integra algún cargo ejecutivo, en el futuro va a tener que ir a buscar trabajo, pero seguro que tiene un puesto como abogado de Movistar S.A.”.
“Las decisiones que se han tomado en realidad benefician a Movistar”, respondió Sanchez. “Me parece que son otros los que van a volver a trabajar en Movistar”. Esto parece ser en una clara alusión a la presidente de la Ursec, Mercedes Aramendia, quien antes de asumir el cargo, trabajó varios años en la multinacional española.
5G: diversas controversias
Al ingresar al tema de la subasta de las frecuencias para el desarrollo del 5G se señaló que el 9 de mayo se subastan tres bloques de 100 megahertz en la banda de 3.5, llamada banda media. La base es US$ 28 millones. Antel ya tiene una adjudicada y pagará el promedio de las otras dos, que se supone no pasarán del monto indicado.
Según Paganini, “es una subasta en que se habilita a participar a aquellos que están trabajando en el negocio de las telecomunicaciones en Uruguay”. Hasta el momento Movistar y Claro han comprado los pliegos, por lo cual no se espera ningún oferente del exterior.
Con respecto al precio, el ministro aclaró: “Había algún antecedente en la región, particularmente en Chile, y si hubiéramos hecho el prorrateo que se mencionaba anteriormente, habría dado US$ 50 millones”. Acotó: algunos de los interesados en participar “les parece que este número de US$ 28 millones es excesivo. Es entendible que así suceda, pero nosotros pensamos que es un valor que realmente tiene”.
Sobre el impedimento que en la subasta participe Dedicado, dijo que no es una empresa de telefonía móvil y no está desarrollando el servicio de telefonía celular en Uruguay ni en ningún otro lado. “Es una empresa que está dando un servicio de internet punto a punto, fijo y que tiene más o menos 9.500 clientes en Uruguay. Pensemos nomás en los centenares de miles de clientes que tienen las operadoras que existen. Por lo tanto, es una empresa que se queja de que se la excluye de una cosa porque pedimos una exigencia de antecedentes, cosa que nos parece sensata pedir como para cualquier cesión o concesión de derechos en algo tan importante como el espectro radioeléctrico”, dijo Paganini. También sostuvo que la cuestión pasa porque si se le aprueba que pueda ser una empresa de telefonía celular, “por qué a otros no”.
Agregó con respecto a la subasta que también hubo “agravios” por parte de empresas que cuestionaban “por qué se reservaba previamente el bloque a Antel”. “Eso ha sucedido muchas veces ya. No es nada nuevo”, afirmó.
Por su parte, la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendia, sostuvo que desde hace prácticamente 19 años las subastas han sido expresamente cerradas. “Si uno ve lo que se exige (para la subasta), son cosas completamente razonables: se pide una experiencia específica en el servicio objeto de la licitación de dos años –hay quienes hasta consideran que dos años es poco tiempo– y se requiere determinada solvencia económica”.
El senador Sánchez pidió la comparecencia de las empresas Movistar, Claro y Dedicado a la Comisión porque han hecho objeciones públicas sobre los requisitos, los montos y el proceso de subasta que se está llevando adelante. “Me parece importante esto por la sencilla razón. Estamos desplegando o queremos desplegar el 5G –tenemos diferentes visiones sobre si se está desplegando efectivamente o no– pero, amén de esa situación, queremos evitar terminar en una maraña de juicios y procesos que después pueden terminar ocasionando que no se despliegue correctamente una tecnología que es estratégica para el desarrollo del país”, sostuvo.
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