El Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo el proyecto de ley de Rendición de Cuentas con énfasis en potenciar recursos para la educación, la ciencia y la seguridad pública. La omisión o incorporación parcial de ciertos planteos realizados desde algunos partidos de la propia coalición generan las primeras discrepancias.
El pasado jueves 30 de junio, autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por la ministra Azucena Arbeleche, hicieron entrega a la Asamblea General del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. El documento fue recibido por la senadora Graciela Bianchi, que ofició como vicepresidenta tras el viaje del presidente Lacalle Pou a Colombia.
El martes 5 de julio, en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, se realizó la entrada oficial del proyecto, que pasó a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara Baja, para ser analizado desde este miércoles 6, día en el que las autoridades del MEF acudirán a dicha comisión para explicar en detalle el articulado e informar a los diputados cómo fue discutida y elaborada la Rendición de Cuentas.
El documento se terminó de confeccionar los primeros días de la semana pasada, luego de la celebración de un Consejo de Ministros y de diversas reuniones que el presidente de la República mantuvo con la ministra de Economía y Finanzas y con representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con quienes analizó y definió cifras y porcentajes.
Luego de la comparecencia de la delegación del MEF (una de las tantas que concurrirá), los diputados miembros de la comisión comenzarán el tratamiento del proyecto, para lo cual tendrán 45 días, puesto que el día 15 de agosto el documento debe ingresar a la Cámara de Senadores, que tendrá otros 45 días para su estudio; y ahí se definirá si el Senado envía el documento nuevamente a Diputados para realizar correcciones o modificaciones, o si lo vota y le da la aprobación definitiva al proyecto.
Educación, ciencia y seguridad como prioridad
Tal como aseguraron integrantes del Poder Ejecutivo, el presupuesto para el año 2023 tendrá un énfasis especial en asignar nuevos fondos en materia de educación, salud pública, ciencia, innovación y tecnología, salarios públicos y seguridad ciudadana.
El Ejecutivo propuso un incremento del gasto de US$ 226 millones, de los cuales US$ 70 millones corresponden al pago de la recuperación salarial para los funcionarios públicos, mientras los restantes US$ 156 millones se asignaron a las áreas que el gobierno decidió priorizar: educación (US$ 45 millones), seguridad (US$ 27 millones), ciencia e innovación (US$ 26 millones) y salud pública (US$ 26 millones), y más de US$ 31 millones que se repartirán entre otros organismos del Estado.
“La transformación educativa es un objetivo fundamental para esta administración”, reza la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas entregada por el Ejecutivo. “Esta se orientará a la mejora de las trayectorias y los aprendizajes desde el nivel inicial hasta la media superior y la reducción de la importante inequidad educativa que existe en el país”, se asevera en el texto. La transformación educativa es vista como un “proceso dinámico” de mejora continua que “apunta a objetivos bien identificados” como la reforma de la gobernanza y de la gestión de los centros, entre otros.
En el documento se señala que durante 2021 “se avanzó decididamente para el logro de cada uno de estos objetivos” y que, a partir de estos esfuerzos, “se pondrá en marcha la propuesta curricular en forma gradual, sumando grados escolares en forma sucesiva en 2023, 2024 y 2025, para entregar a la siguiente administración toda la propuesta curricular transformada completa”. Para esto el gobierno prevé destinar recursos adicionales a la educación en aproximadamente US$ 45 millones en 2023 y US$ 55 millones en 2024.
Asimismo, destaca que el Gobierno está trabajando para brindar un “importante impulso al desarrollo de la innovación”. En el texto se recalca que “Uruguay tiene un ecosistema innovador-exportador fuertemente vinculado con la tecnología digital aplicada, integrado por startups, empresas nacionales, empresas extranjeras, universidades, bachilleratos tecnológicos, incubadoras y centros de fomento del emprendedurismo”, por lo cual se entiende necesario potenciar dichas capacidades “generando una mayor articulación público‐privada y un mayor desarrollo de las redes de innovación que permita incrementar el nivel de aplicación de los conocimientos generados, a la esfera productiva”, destacando así “tres áreas en las que el país puede apostar a fortalecer y desarrollar ecosistemas dinámicos y empresas de alto valor agregado”: la tecnología digital aplicada a innovación; la biotecnología (a ser aplicadas a la salud y alimentación humana y animal) y la tecnología verde (energías renovables, nuevos combustibles y nuevos materiales asociados a la economía circular).
En ese sentido, el proyecto incluye un artículo que modifica la ley de creación de Ancap para agregarle, como “cometido adicional” de la empresa estatal, la producción, distribución, comercialización, importación y exportación de hidrógeno verde y sus productos derivados, resaltando que Ancap actuará “en régimen de libre competencia”, en el mercado de esta nueva fuente energética impulsada por el MIEM.
Para reforzar el desarrollo de la ciencia y la innovación en nuestro país, la administración prevé destinar recursos adicionales para esta área de aproximadamente US$ 10 millones anuales tanto para 2023 como 2024. Adicionalmente, se destinarán US$ 4 millones por año para reforzar los programas de investigación e innovación que actualmente lleva a cabo la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Además, se estipula que se asignarán US$ 12 millones para la creación de la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual, un ente no estatal de derecho privado que sustituirá al actual Institución Nacional de Cine y Audiovisual del Uruguay.
Por otra parte, con el objetivo de lograr una mayor seguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo propuso en la Rendición de Cuentas la creación de 700 nuevos puestos de trabajo para agentes de la Policía y destinar recursos incrementales de aproximadamente US$ 27 millones en 2023 y US$ 22 millones en 2024 para el Ministerio del Interior, con énfasis en continuar las acciones desplegadas hasta ahora que han estado centralizadas “en la persecución del crimen organizado y transnacional, lucha y combate frontal al narcotráfico y sus modalidades, microtráfico de drogas y trata de personas, el tráfico de armas y la atención a los delitos de abigeato en el medio rural”.
Se subraya que el modelo de seguridad impulsado “ha estado marcado por un cambio de paradigma del trabajo policial, pasando de lo reactivo a un enfoque activo y dinámico, reforzando la tarea de anticipación, investigación y prevención del delito”. En este sentido, el gobierno destacó que durante el 2021 “se abrieron 43 dependencias en todo el país que, sumadas a las incorporadas desde el inicio de esta gestión en 2020, ya totalizan más de 100 en el período”. Además, se anunció la próxima instalación de la regional Norte de la Guardia Republicana en el Departamento de Tacuarembó, que sumará al objetivo de mayor despliegue territorial de la policía, en esa zona del país. En materia penitenciaria, se adjudican US$ 5 millones para construir una cárcel en Artigas y está previsto destinar fondos para aumentar las plazas en la cárcel de Treinta y Tres.
Diferentes cambios y derogaciones previstas en la Rendición de Cuentas
El proyecto incluye otras disposiciones que implican cambios en distintas áreas. Entre ellas se destaca la derogación total de la Ley de Medios; la reestructura de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE); la eliminación, de manera gradual, del adicional al Fondo de Solidaridad que pagan actualmente los egresados de la Universidad de la República con carreras de cinco o más años de duración; una modificación prevista para las certificaciones médicas de los empleados públicos; cambios en el sistema de Salud y algunas modificaciones en materia de justicia penal.
Respecto de la derogación de la Ley N.º 19.307 (Regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual) del 29 de diciembre de 2014, según justifica el gobierno, el art. 56 de dicha ley la establece “incompatibilidades para la prestación de servicios de comunicación audiovisual”. No obstante, en el artículo presentado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), se señala que “las concesiones, autorizaciones y licencias vigentes” que fueron otorgadas “no se verán afectadas” por la derogación de esta ley.
En lo relativo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el art. 224 establece que se transfieran varias de las competencias de AFE a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario del MTOP como “construir, modificar y conservar directamente o por contrato sus líneas férreas, material rodante y obras de explotación accesorias, así como adquirir todos los elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines”. Dicho artículo también establece que los puestos de trabajo del personal que se encuentre prestando funciones en la Gerencia de Comunicaciones, Gerencia de Infraestructura y “servicios complementarios necesarios para la construcción, mantenimiento y gestión de la infraestructura ferroviaria, y para la gestión de operaciones” de AFE, al 31 de diciembre de 2022, pase a la unidad ejecutora del MTOP.
Por otra parte, el art. 431 propone reducir “la contribución adicional al Fondo de Solidaridad (creado en 2001) a partir de 2023, en un 25% anual acumulativo, sobre el cargo vigente en el año 2022, hasta su completa supresión a partir del ejercicio 2026”. Un aspecto que generó polémica por las nulas adjudicaciones presupuestarias que –hasta ahora– obtuvo la Udelar, a la que se le suma esta disminución recaudatoria.
En el área de la Salud Pública, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas crea la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud, “que se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública”. Dicha agencia tendrá como cometido el contralor asistencial y económico financiero de los prestadores integrales de salud, así como el diseño de la información requerida a los prestadores para garantizar “la sustentabilidad del sistema de salud a nivel nacional”.
Otra novedad prevista en la Rendición de Cuentas es la modificación de las certificaciones médicas de trabajadores públicos. Según explicó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en declaraciones a Subrayado, pretende “generar una relación de mayor equidad entre los trabajadores privados y los funcionarios públicos”, puesto que actualmente los funcionarios públicos, en caso de certificarse por razones médicas, no tienen ningún descuento y “eso hace una diferencia significativa con el sector privado”, argumentó.
En materia judicial, el proyecto plantea elevar la pena, de un año a dos años de penitenciaría, a una de dos a seis años, para el delito de asistencia al delito. Además, el Poder Ejecutivo propone varios cambios en materia procesal entre los que se destacan nuevos procedimientos a favor de las víctimas, como que pueda proponer prueba en la audiencia de control de acusación, en etapa de juicio oral, y pueda recurrir al juzgado en caso de que se le niegue el acceso a la carpeta de investigación. Al tiempo que se crean tres fiscalías especializadas en materia de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, una Especializada en Delitos de Lavado de Activos, y una nueva fiscalía Especializada en Estupefacientes en Montevideo; y recursos humanos para las mismas.
Primeras consideraciones sobre la propuesta presupuestal del Ejecutivo
Tras la recepción del extenso documento, la senadora Bianchi (oficiando como presidenta interina de la Asamblea General) expresó que “es una gran Rendición de Cuentas con un aspecto fundamental que es un aumento del gasto social enorme, fundamentalmente dirigido a la educación”, al tiempo que destacó que habrá “un aporte muy significativo de dinero para el Ministerio del Interior” y otra para la ciencia, que era “un objetivo” del gobierno. En tanto, el diputado blanco por Florida, Álvaro Rodríguez Hunter (presidente de la comisión parlamentaria que analizará la Rendición de Cuentas), dijo en rueda de prensa que el primer análisis que hace sobre el proyecto es “muy positivo”, por el incremento presupuestal que hay para 2023, con una “premisa fundamental que fue promesa de campaña: sin aumentar impuestos”, señaló.
En tanto, el director de la OPP, Isaac Alfie, manifestó tras la presentación que se trata de un proyecto “realista y con una gran apuesta a la educación y a la innovación en ciencia y tecnología”. “Todos sabemos que nunca se pueden contemplar todos los reclamos, porque los recursos son escasos”, explicó. Sobre esa distribución Alfie sostuvo que “claramente, la educación ha sido priorizada”, por la “transformación” que planteó la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Respecto de la iniciativa planteada por legisladores de Cabildo Abierto, quienes pretenden implementar alivios impositivos para las pequeñas y medianas empresas, el titular de la OPP expresó que primero escuchará los planteos “concretos”, dado que, “mientras no estén las cosas en papel y se puedan analizar, no se puede hablar en el aire”, indicó.
Entrevistado en Punto de Encuentro de radio Universal, el senador cabildante Raúl Lozano calificó al proyecto de ley de Rendición de Cuentas elevado por el Poder Ejecutivo como “un proyecto fuerte que atiende a las áreas que más preocupan”, aunque el legislador consideró bajo el aumento propuesto al personal militar, que fue de 6%, cuando desde Cabildo Abierto se había pedido no menos de 10% para los escalafones más bajos, a lo que debería sumarse el pago de una prima por nocturnidad. “Es hora de contemplar en serio a ese sector de trabajadores”, había sostenido el también senador y líder de dicho partido, Guido Manini Ríos.
Lozano añadió: “Hicimos una serie de pedidos para la salud y para modificaciones en el IRAE que tampoco hemos visto”, aunque recordó que la que comienza en el Parlamento “es una etapa de intercambio que se va a mejorar y lograr cambios”.
Por su parte, entrevistado en el programa Arriba Gente del Canal 10, el expresidente de la República y actual secretario general del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti, manifestó que la política económica está “bien manejada” y eso permite aumentar el gasto, aseguró. El líder colorado explicó que en la Rendición de Cuentas se pudo plasmar un aumento del gasto “porque se manejó bien el déficit fiscal”, y concluyó en que “es una Rendición de Cuentas razonable, con prioridades claras” que “ahora están bien definidas en educación, seguridad y algo de ciencia”, subrayó.
Por su parte, el exsubsecretario del MEF, Pablo Ferreri, publicó en su cuenta de Twitter: “Lo primero a decir es que, según las propias proyecciones del gobierno, luego del ‘rebote’ por la salida de la pandemia, la economía retoma tasas de crecimiento bastante menores, convergiendo a un crecimiento potencial en el entorno del 2% del PIB. Esa tasa de crecimiento en el largo plazo es absolutamente insuficiente para generar una sociedad que pueda financiar un estado de bienestar potente, con servicios públicos de calidad”, aseveró el dirigente frenteamplista. “Uruguay tiene que romper esa barrera de tasas mediocres de inversión y de crecimiento, lo cual requiere de agenda de largo plazo y de reformas estructurales. No se ve una agenda clara, ni potente, ni sofisticada por parte del gobierno en esta materia”, lamentó Ferreri.
Además, apuntó a que la dotación de recursos “es absolutamente insuficiente para financiar una reforma estructural” en materia de educación y que “resulta particularmente incomprensible dejar por fuera de los incrementos a la Udelar”.
Universitarios y científicos expresaron su preocupación
En ese sentido, la Intergremial de la Udelar denunció que no figura dentro de la Rendición de Cuentas el inciso 26, que es donde se estipulan los fondos para la universidad. Héctor Cancela, presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), dijo a Subrayado que “a este proyecto de la Rendición de Cuentas le falta un capítulo entero”, ya que “la Universidad de la República no se menciona, no hay ningún recurso; hay cero pesos adicionales”. “Es como si la Universidad no existiera”, sostuvo Cancela con preocupación.
Por su parte, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, también manifestó su preocupación por la Rendición de Cuentas presentada por el Gobierno, que no prevé aumento alguno en el presupuesto universitario. El economista dijo a Canal 10 “que es preocupante el mensaje del Poder Ejecutivo en clave universitaria. (…) En primer lugar, porque no hay programas de la Universidad de la República contemplados en un momento muy particular. Con un crecimiento en la matrícula absolutamente histórico”, indicó. “Pero a la misma vez, hay un deterioro de los recursos que la institución recibe por la propuesta de eliminar el Adicional del Fondo de Solidaridad”, dijo Arim; fondos que tienen como principal destino la construcción de infraestructura en el interior, señaló.
En tanto, la comunidad de investigadores nucleados en Investiga Uy advirtieron que lo asignado en la Rendición de Cuentas para la ciencia es un “aumento insuficiente”. El presidente de dicha organización, el astrónomo Gonzalo Tancredi, manifestó a Montevideo Portal que es “muy negativa la señal que se ha dado” y que se está “lejos” del 1% del PBI para ciencia y tecnología, que fue prometido por candidatos en 2014.
Tancredi aseveró que los investigadores están “tremendamente preocupados” porque pensaron que “luego de lo que significó la pandemia y la participación de la comunidad científica en ella, eso no es reconocido ni valorado y estamos lejos de revertir una situación que para el desarrollo del país es fundamental”, remarcó.
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